El fiscal general contraataca y achaca a la UCO «37 errores» en el informe que lo incrimina

La defensa del máximo responsable del Ministerio Público en este procedimiento abierto por un delito de revelación de secretos asegura que el informe de la UCO del pasado 21 de noviembre, en el que señaló la «participación preeminente» del fiscal general en la presunta filtración de un correo confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contiene «hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias».

Unas graves acusaciones del servicio jurídico estatal –que defiende a García Ortiz al tratarse de hechos cometidos en el ejercicio de su cargo– contra la unidad judicial que no tienen parangón. En su escrito al juez del Supremo Ángel Hurtado, la entidad dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia señala, además, que con dicho informe los agentes firmantes habrían vulnerado «el derecho fundamental a la intimidad, incluida su vertiente relativa al derecho al propio entorno digital».

«Esta vulneración se produce por la inclusión de comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa», apuntan la Abogacía, que detalla en su escrito de 50 páginas la presencia de mensajes de móvil que están descontextualizados, carecen de fundamento o directamente se incluyen comunicaciones sin tener ninguna conexión con los hechos    objeto de la investigación. También se obvian documentos claves y se «silencian» otros datos como la intervención del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el origen de la filtración del acuerdo entre la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal del caso.  

En concreto, la Abogacía pidió    que se revisara el citado informe de la UCO sobre el registro del despacho de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid e investigada también en la causa,    para «subsanar» dichos «errores». Sin embargo, en una providencia conocida ayer, el juez Hurtado zanjó el malestar con esta frase: «No cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento».

En otra resolución, el instructor tomó ayer la determinación de remitir a los juzgados de Madrid las «quejas» tanto del jefe del Ministerio Público como del compañero de Ayuso por las presuntas filtraciones del referido informe pericial de la unidad policial. Recuerda el instructor que el Supremo solo es competente para investigar hechos presuntamente cometidos por personas que, por su condición y cargo, están aforadas y que las fugas de información del sumario, siempre interesadas dada la presencia de diversas acusaciones populares –caso del pseudosindicato Manos Limpias–, las tiene que examinar un juzgado ordinario por si tuviera un reproche penal. 

El documento del 21 de noviembre concluyó que García Ortiz tuvo una «participación preeminente» en «los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada» a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, que está siendo investigado por un doble delito de fraude fiscal, entre otros. 

Además, el juez denegó la petición que le hizo el fiscal general de ordenar a la UCO que dé instrucciones a sus agentes para que no incluyan «mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos» que se investigan en el informe que tienen pendiente entregar sobre el registro en su despacho el pasado 30 de octubre.

La queja de García Ortiz se debe precisamente a que en el informe de su compañera Pilar Rodríguez aparecen conversaciones extemporáneas de ésta con un abogado particular que no tiene nada que ver con la causa. Sobre el origen de la filtración del correo confidencial, la Fiscalía de Madrid ha aportado las pesquisas internas que ha realizado sobre estos hechos.

Concluye que «desconoce» el «número concreto» de personas que han tenido acceso a las diligencias que dieron lugar a la denuncia presentada contra González Amador. Sin embargo, cuantifica que este documento se compartió en carpetas del departamento a las que tenían acceso 499 personas. No obstante, se aclara que la primera información sobre el expediente de Hacienda al novio de Ayuso estaba en un buzón al que tenían acceso los 12 fiscales y cuatro funcionarios de la sección de delitos económicos.