El juez del Supremo investiga si García Ortiz manipuló un móvil durante el registro

Así, Hurtado ha librado un oficio al servicio de seguridad de la Fiscalía General del Estado en el que ordena conservar las imágenes de las cámaras que enfocan el salón noble ubicado en el patio central de la sede de la Fiscalía General, ubicada en la calle Fortuny de Madrid. Y es que, según una petición de la Asociación Profesional e Independiente de la Fiscales (APIF), personada como acusación popular en la causa, fue en ese preciso lugar donde García Ortiz y Sánchez Conde habrían sido vistos por el fiscal del Supremo Salvador Viada, integrante de APIF, la tarde de los allanamientos «visionando» un dispositivo móvil que, "aparentemente", pertenecería a García Ortiz.

Ocurrió alrededor e las 19 horas, en un momento en el que los funcionarios de la Guardia Civil seguían revisando por orden del juez Hurtado material electrónico de los despachos de los dos fiscales investigados por la supuesta revelación de secretos relativos a la causa por fraude a Hacienda del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sobre este extremo, fuentes fiscales consultadas aclaran que cuando se produjo ese encuentro entre García Ortiz y Sánchez Conde hacía horas que la UCO había copiado íntegramente el contenido de dicho teléfono.

Las prisas del instructor por ordenar que no se borren las grabaciones, recuerdan fuentes de la causa, se explican por el hecho de que la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018 dispone que las imágenes deben ser canceladas en un plazo de un mes desde su grabación, a menos que puedan servir para verificar actos que pongan en riesgo la integridad de personas o bienes o sean reclamadas por la autoridad judicial. Por eso, Hurtado ordena que no se borre la grabación realizada entre las 18:00 y 19:45 horas «hasta que se acuerde otra cosa».

El escrito de la asociación fiscal detallaba que fue sobre las siete de la tarde de aquel 30 de octubre cuando García Ortiz y su mano derecha fueron vistos «en el salón noble, concretamente en el espacio situado junto a una obra del navegante Juan de la Cosa, revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado».

La Asociación Profesional e Independiente de la Fiscales en su escrito afirmaba que «es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario».

En ese mismo escrito, el colectivo pidió al instructor de la causa por revelación que cite como testigo al fiscal Viada, que fue quien presenció el encuentro entre el fiscal general y su número dos en el patio, supuestamente hurgando juntos en uno de los terminales de García Ortiz.

No obstante, las mismas fuentes consultadas adelantan que esas imágenes no existen porque no hay cámaras internas en la sede del Ministerio Público ni en la sala central, solo en las puertas de acceso al edificio y como medida de seguridad. Una información que transmitirán al juez del Supremo.

En el registro del pasado 30 de octubre, la UCO se incautó de varios gigas de información de los dispositivos del fiscal general del Estado y a la fiscal jefa provincial de Madrid. Sin embargo, los agentes no pudieron comenzar a analizar exclusivamente los de Pilar Rodríguez hasta mediados de este noviembre, cuando el Hurtado rechazó los intentos de los imputados de impedir a los agentes acceder a los archivos ante el argumento de que había datos muy sensibles de otros procedimientos judiciales de todo el país.

El juez, que en un principio ordenó incautarse toda la información en las memorias y mails de los dos imputados desde el 8 de marzo al pasado 30 de octubre (día de los registros), luego rectificó y limitó el material del 8 a 14 de marzo de 2024, fechas en las que se produjo la publicación de los datos sobre la investigación por delito fiscal de la pareja de Ayuso.

El pasado 21 de noviembre, la UCO en su primer informe oficial al juez, basándose exclusivamente en los documentos incautados a Pilar Rodríguez, ya certificó que García Ortiz había tenido una «participación preeminente» en la difusión de las informaciones reservadas sobre el caso del supuesto doble fraude fiscal del novio de Ayuso.