Dos consejeros reniegan de la orden de Abascal en una crisis que afecta a 82 altos cargos

El presidente de Vox insistió en que la ruptura fue aprobada por la ejecutiva del partido de forma colegiada, si bien agregó que como líder de la formación asume a modo personal la responsabilidad y las consecuencias que pueda acarrear la decisión porque para eso, destacó, le votó la militancia. Las disensiones, de hecho, comenzaron a aflorar ayer mismo, con el acelerado reajuste de los gobiernos afectados.

Entre las voces discordantes que se hicieron notar están las del único consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, y la de uno de los cuatro de los voxistas en el Ejecutivo de Castilla y León, el independiente Gonzalo Santonja. Ambos permanecerán en los gobiernos autonómicos de María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco. Otro exconsejero castellanoleonés, Gerardo Dueñas, se ha dado de baja en el partido tras ser cesado por Fernández Mañueco. Tampoco parece estar de acuerdo con el paso dado el ex vicepresidente valenciano. El torero retirado Vicente Barrera esquivó el saludo de Abascal tras la rueda de prensa en la que se oficializó la ruptura con el PP.

En total son 82 los altos cargos de Vox que tras la salida de los cinco gobiernos regionales de coalición ven afectados sus sus cargos y, por tanto, perderían los salarios que recibían de las arcas públicas hasta ahora si, como todo apunta, el PP los va destituyendo para nombrar en su lugar a personal de su confianza. Una cifra, la de los concernidos, que es mayor si se suman asesores y otros cargos similares.

Abascal señaló ayer que comprende «humanamente» que haya responsables de Vox que no vayan a renunciar a sus puestos después de haber abandonado sus trabajos para dedicarse a la política, pero, eso sí, añadió, no seguirán ejerciendo las mismas funciones en nombre de Vox. Menos diplomático se mostró Jorge Buxadé, uno de los integrantes del reducido núcleo duro de Abascal. El eurodiputado acusó a los díscolos de «apegarse al sillón» para seguir cobrando sus nóminas a cuenta de los fondos públicos.

Quienes sí dimitieron ayer de sus responsabilidades fueron Juan García-Gallardo, Alejandro Nolasco y José Ángel Antelo, vicepresidentes de Castilla y León, Aragón y Murcia, respectivamente. Los consejeros de Vox en la Comunidad Valenciana fueron destituidos directamente por el presidente, Carlos Mazón, apenas una hora después de la comparecencia de Abascal. Mazón fue tras Fernández Mañueco el primer barón popular en firmar un acuerdo de coalición con los de Abascal y se convirtió el jueves en el primero en enterrarlo.

«Castilla y León no está condenada a padecer una inmigración ilegal, a una islamización. España está aún a tiempo de salvarse», justificó García-Gallardo, quien se convirtió en 2022 en el primer vicepresidente autonómico de Vox. El murciano Antelo no se separó un ápice de ese discurso duro y defendió que «la Región de Murcia es la Canarias de la península» y «puerta de entrada a la inmigración ilegal», lo que a su juicio se traduce en «machetazos» y «un grave problema de seguridad».

Abascal está dispuesto a ir un paso más allá en su pulso con el PP y ayer confirmó que romperá los gobiernos municipales de coalición en caso de que estos participen de forma activa en la acogida de menores extranjeros no acompañados. «Si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas, Vox tendrá que salir», señaló en Telecinco. Entre las ciudades en el alero están Valladolid, Toledo, Burgos, Castellón, Guadalajara o Ciudad Real. El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ya ha exigido al PP que rompa en sus capitales.