Los viticultores pagaron un 10% más de lo que cobraron para producir uva tinta el año pasado

Las protestas de los chalecos amarillos tenían fundamento. La Consejería de Agricultura presentó ayer a representantes de bodegas y viticultores el estudio de costes de producción de la campaña 2023 y avanzó también los datos provisionales de los precios percibidos por los productores de uva y vino. Las conclusiones son claras: los viticultores riojanos productores de uva tinta trabajaron de media un 10/11% por debajo de sus costes, pero la situación fue aún peor para cooperativas y cosecheros, ya que los graneles de vino se vendieron –en las escasas operaciones que ha habido– incluso un 25% por debajo de lo que costó producirlos.

El estudio del Observatorio de Precio se refiere a costes y precios medios percibidos por el agricultor en 2023 y pone en evidencia que la rentabilidad va cuesta abajo. En este sentido, los costes de producción de uva tinta se dispararon hasta los 79,75 euros en el caso de uvas tintas en vaso e incluso más, hasta los 82,31 euros, para las explotaciones en espaldera. El incremento es superior al 10% respecto al 2022 y tiene que ver, tanto con una menor producción amparada por parte del Consejo Regulador –en 2022 se permitía hasta el 95% de rendimiento en campo y en 2023 se bajó al 90%– como por el encarecimiento de los insumos.

Asimismo, según avanzó ayer también la Consejería, el precio medio por kilo percibido por el viticultor fue de 72,75 céntimos, con lo que los productores tuvieron que poner de su bolsillo entre siete y casi diez céntimos por kilo para producir la uva.

En el caso de los graneles, del vino ya transformado, la situación es aún más deficitaria, ya que, si un litro de vino tinto costó producirlo 1,29 euros el año pasado (frente a los 1,13 del 2022), se pagó a 1,03 euros, siete céntimos menos que un año antes. El margen de trabajo a pérdida en este caso llega hasta el 25%, es decir, aportando 26 céntimos de su bolsillo para elaborar cada litro de vino.

Únicamente, se salvaron las uvas blancas, cuya producción es mayor (9.000 kilos por hectárea) y, además, sin que haya limitación de rendimiento amparado, pero en cualquier caso la superficie de blanco no llega ni al 10% de la DOCa. La uva blanca se pagó en 2023 a un precio de 62,83 céntimos el kilo, mientras que costó producirla 58,66 céntimos en el caso del vaso y 56,73 céntimos para las espalderas. Así las cosas, la rentabilidad por kilo fue de alrededor del 10%.

Algo similar sucedió en el caso de los graneles de vino blanco, ya que el litro se pagó a 1,11 céntimos (incluso más que el tinto), frente a un coste de producción de 97 céntimos, con lo que la rentabilidad fue de casi un 15%.

Los sindicatos agrarios no tardaron en reaccionar a la presentación de los datos de la Consejería. ARAG-Asaja denuncia «el incumplimiento flagrante de la Ley de la Cadena Alimentaria» –que, en teoría, impide la compra-venta de uva por debajo del coste de producción– y exige a la administración que «actúe con contundencia para evitar que situaciones como las ocurridas el año pasado se repitan». El sindicato asegura que los precios difundidos «evidencian la situación insostenible por la que atraviesan los viticultores» y, de hecho, Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja, afirma que «los datos son estudios estadísticos, por lo que hay muchos viticultores que vendieron sus uvas con pérdidas incluso mayores que las reflejadas en el estudio».

En la misma línea, la UAGR critica que «los viticultores perdieron de media 9 céntimos de euro por cada kilo de uva que produjeron el año pasado, lo que evidencia el incumplimiento de nuevo de la Ley de la Cadena Alimentaria». El sindicato pide «mano dura» a la Consejería para sancionar en los controles que realiza, ya que, con estas cifras, se pone de manifiesto «el abuso de posición dominante de las bodegas».

Néstor Alcolea, secretario general de UPA, señala que «ya ni los números estadísticos tapan la realidad». «Hacen falta medidas estructurales y hay que preguntarse para qué han servido las coyunturales que se han adoptado, como la cosecha en verde o las destilaciones, si las pérdidas de los viticultores son cada vez mayores». «Hay que hacer más cosas –advierte–, y el Consejo Regulador debe ponerse las pilas porque la situación es insostenible para los viticultores».

A la reunión asistió también Juan Carlos Sancha, vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja, quien calificó directamente la situación de Rioja de «caótica»:«Hay una crisis general en el sector de vino, pero ya hemos visto con las ventas hasta el primer semestre que nos va mucho peor que a nuestros competidores directos como Ribera del Duero y Rueda». Sancha recordó que su asociación ya reclamó hace más de un año «arranques selectivos y financiados de las peores viñas», lo que no sólo «no dolería a Rioja, sino que vendría muy bien, pero se nos acusó de proponer ocurrencias». «Ahora –añadió– , el sector ha dilapidado decenas de millones de dinero público en parches, que no han servido para nada, y quienes entonces nos tachaban de locos empiezan, tarde como siempre, a pensar en arranques».

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