UGT se movilizará contra la «amnistía» a las residencias de mayores con personal insuficiente

Como ya adelantó el sábado pasado Diario LA RIOJA, el Ejecutivo regional justifica la medida en que «no puede obligarse a los contratistas a cumplir unas exigencias de personal que deviene prácticamente en imposible por no existir oferta en el mercado de trabajo».

En una comparecencia en la sede logroñesa del sindicato, Fernando Domínguez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja, y Daría Saiz, secretaria del sector Sociosanitario y de Dependencia de la federación, han avanzado este lunes la convocatoria de movilizaciones y protestas, además de contemplar la posibilidad de recurrir a la vía judicial frente a una resolución que, según el sindicato, «no va a solucionar nada».

Muy al contrario, Fernando Domínguez, en su crítica «a esta especie de amnistía a esas empresas», ha advertido de que esa exoneración de penalizaciones va a provocar que «los usuarios van a tener un peor servicio, porque van a tener seguramente menos gente atendiéndoles en la residencias y en los centros de día, y además se va a dar un empeoramiento en las condiciones de trabajo de las trabajadoras que desarrollan estos empleos porque como va a haber menos personal, lo que se va a traducir en que van a tener un aumento de la carga de trabajo y se van a incrementar los problemas de estrés laboral, de salud mental y del síndrome del profesional quemado».

Además, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT ha negado la mayor: «Es absolutamente falso que existe en el mercado ahora mismo un desajuste entre la oferta y la demanda de profesionales en el sector, si las empresas no encuentran más trabajadoras es porque es un sector absolutamente precarizado, con condiciones de trabajo malas provocadas precisamente por estos ratios y con sueldos por debajo de lo que deberían de ser, lo que hace que esos empleos no sean nada atractivos para los profesionales».

En su opinión la resolución de la Consejería no hará sino empeorar la situación actual, ya que «las empresas no se van a tener que preocupar por incumplir los pliegos, ya que antes, de hecho, no les importaba incumplirlos y pagar la sanción». Domínguez, de hecho, ha recordado que «UGT lleva años denunciando que los ratios son ínfimos y que deberían de aumentarse y haber más personal en la residencias y en los centros de día atendiendo a los usuarios, porque tenemos los mismos ratios de hace 25 años, cuando el número de personas mayores que necesitan de estos servicios ha aumentado».

Por ello el sindicato va a exigir al Gobierno de La Rioja la inmediata eliminación de esa resolución publicada en el BOR. «Ya hemos puesto el asunto en manos de nuestros servicio jurídicos y están estudiando el recorrido judicial que puede tener, porque vamos a emprender todas las acciones que puedan llevarse a cabo para que esta medida se quede sin efecto», ha anunciado Domínguez, para recordar que «desde UGT siempre hemos defendido que las sanciones a esos incumplimientos deberían ir más allá de las sanciones económicos y que si una empresa que tiene un contrato público no cumple con la legalidad debería impedírsele presentarse en los siguientes pliegos, pero lo que hace la Administración, lo que hace este Gobierno del Partido Popular en ocho meses que lleva es justamente lo contrario de lo que llevamos años pidiendo».

Tras insistir en que «la medida va a empeorar la situación porque con menos gente en los centros va a haber una peor atención, las condiciones de trabajo de las trabajadoras van a ser todavía peores y eso va a aumentar el déficit de profesionales en este sector todavía más», el secretario general, tras hacer un llamamiento a los familiares de los usuarios de dichos centros, ha reiterado que «desde UGT emprenderemos todas las medidas que tengamos que emprender, desde movilizaciones hasta la vía judicial».

Por su parte, la secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia de UGT Servicios Públicos La Rioja, Daria Saiz, tras recordar que las ratios datan del año 1998, ha advertido de que en las mismas se incluyen «todas las personas que están en una Incapacidad Temporal (IT) y las que tienen una licencia o permiso y como esas IT no se cubren se provoca una sobrecarga de trabajo para los profesionales del sector».

Igual que su compañero ha negado que en La Rioja no haya personal suficiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios en estos centros. «El problema es que las condiciones son tan malas y lamentables que prefieren irse a otros sitios a trabajar», ha aseverado Saiz, para denunciar que el convenio regional de Residencias y Centros de Día lleva en ultraactividad desde el año 2020.

En este sentido, ha señalado que un gerocultor que trabaja a jornada completa en La Rioja realiza 1.779 horas al año y tiene un salario base de 16.000 euros, mientras que sus compañeros del País Vasco realizan 1.592 horas y cobran, de media, 23.000 euros anuales.

«Ahora, el Gobierno regional sale al rescate de las empresas para no tener que subir los salarios en un sector imprescindible pero poco atractivo, nada reconocido, muy precario, y feminizado», ha censurado Saiz, que ha advertido que esas condiciones inciden en que »no haya personal suficiente para atender a todos los usuarios« en La Rioja, donde existen 31 residencias con una capacidad total de 3.225 plazas, y con 2.995 usuarios a fecha de la última inspección de 2023, de las que el 90,3% del total son de gestión privada. Además, hay 18 centros de día, que atienden a unos 452 usuarios aproximadamente. Todo esto genera un volumen de puestos de trabajo considerable, más de 2.000 en la comunidad, y en el futuro serán todavía más».

Por ello, ha reclamado al Gobierno de La Rioja que «trate de respetar y hagan cumplir la normativa vigente, en vez de poner piedras en el camino que perjudiquen ampliamente a los profesionales del sector y a los usuarios de esos centros».