La Rioja no sancionará a las residencias que incumplan las ratios de trabajadores

Según explica la resolución, «no puede obligarse a los contratistas a cumplir unas exigencias de personal que deviene prácticamente en imposible por no existir oferta en el mercado de trabajo». Se mantienen las deducciones de salario sobre el personal en que exista un déficit, pero «como medida transitoria» y «siempre que las entidades contratistas acrediten la búsqueda de soluciones continuas» se exime a las empresas de pagar un porcentaje específico que debían afrontar las contratistas porque «existe una fuerza mayor» que imposibilita «cumplir con determinados ratios».

La publicación cita las carencias de personal «especialmente en la categoría de médicos y de ATS/DUE (acompañante terapéutico/enfermero)» aunque también lo extiende a gerocultores, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. Y justifica que la situación viene produciéndose «en los tres últimos años» debido a la pandemia, el envejecimiento de la población, el pequeño tamaño de La Rioja, la atracción del sistema público de salud o «el carácter fronterizo con otras regiones que absorben los profesionales».

Todas estas causas, aunque los sindicatos destacan sobre todo la escasa remuneración y las duras condiciones laborales, hacen que el Gobierno de La Rioja considere que «carece de fundamento la razón de ser de las penalidades que los contratos administrativos preveían para los supuestos incumplimiento de las ratios».

El Gobierno no impondrá esas penalidades específicas a los gestores de residencias y centros de día (como estos llevaban reclamando desde hace tres años y que en los momentos más duros del covid se implantó a causa de las bajas), pero exige que «las entidades afectadas por la imposibilidad de mantener las ratios de personal sociosanitario deberán continuar garantizando una prestación de servicio adecuada» y comunicando mensualmente el número de plazas no cubiertas, además de acreditar la imposibilidad de dichas contrataciones.

La publicación en el BOR llega solo unos días después de que la Justicia penalizase a Serunión (tras una demanda que se remonta a 2022) por incumplir la ratio de AT/DUE en una residencia de Arnedo, lo que le costó 8.225 euros.

La decisión de Políticas Sociales ha pillado por sorpresa a los sindicatos, que se muestran visiblemente enfadados por una medida que, en su opinión, empeora las condiciones de un grupo de cerca de 3.000 trabajadores «feminizado e infravalorado», según Dari Saiz, secretaria del Sector Sociosanitario y Dependencia de UGT. «Es una resolución que no resuelve problemas, que los empeora», destaca. «El Gobierno sale al rescate de las empresas», añade para vaticinar que «los platos rotos los van a pagar los trabajadores, pero sobre todo los usuarios que no van a ser atendidos como merecen». «Llevamos años pidiendo el aumento de las ratios. Ahora, en vez de mejorar, las condiciones empeoran y se convierten en inasumibles», analiza.

Por su parte, desde Comisiones Obreras, Carmen Martínez Román, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, considera que si las sanciones ya beneficiaban a las empresas porque «no incluían en la penalidad ni la antigüedad ni la Seguridad Social del trabajador [cuya plaza no estaba cubierta], ahora se elimina ese castigo a las empresas por no cumplir con la ratio». «El Gobierno de La Rioja incentiva a las empresas a no cumplir la ley. Les sale más barato que antes desatender las necesidades de los usuarios», sentencia. Para Martínez Román, «el sistema punitivo no es la solución sino que se debería ir a la raíz del problema».

En el caso de la CSIF, Ángel Laspeñas, asegura que se trata de algo «peligroso para los trabajadores, pero sobre todo para los usuarios». «La Consejería ampara así el incumplimiento que se está cometiendo de manera reiterada», explica. «Si con las ratios se incumplía, ahora puede ser terrible para los ancianos, además de una sobrecarga para los empleados», dice el representante de la CSIF. Según Laspeñas más que no hallar personal, la imposibilidad es «encontrarlo en las condiciones miserables que se ofrecen». «Estamos negociando el convenio y habrá que poner sobre la mesa la necesidad de mejoras laborales y retributivas para atraer a trabajadores al sector», indica.

El PSOE considera que esta medida supondrá «un empeoramiento de la calidad asistencial a los dependientes y un claro beneficio para las empresas gestoras». Además, el partido opina que supone «asestar un nuevo golpe a la atención a las personas dependientes».

Por eso, el Partido Socialista exige al Gobierno de La Rioja que retire «de inmediata» esta medida, «que perjudica la calidad del servicio que se brinda a las personas con dependencia».