El TSJR declara nula la extinción del contrato del parking del CIBIR y Salud recurrirá ante el Supremo

La resolución del Ejecutivo de Concha Andreu, de 29 de noviembre de 2019, declaraba la extinción del contrato de concesión administrativa suscrita el 7 de julio de 2010 entre la Fundación Rioja Salud y la mercantil tras el cambio de Gobierno en la comunidad y ordenaba el rescate del mencionado estacionamiento para el que fijaba como fecha límite el 16 de diciembre de 2019.

La sentencia, según informaron ayer fuentes oficiales del propio Tribunal, declara nula la resolución de extinción de contrato y rescate del bien por parte de la Consejería entonces dirigida por Sara Alba al concluir que la misma no tiene competencia para ello. La Sala argumenta que se trata de un contrato formalizado por dos personas jurídicas –la Fundación Rioja Salud y la sociedad limitada– que tienen «plena capacidad para contratar».

Y, al respecto, añade que «la teoría general de los contratos establece que solamente están legitimados para la extinción los que hayan sido parte en el contrato y no tienen legitimación terceras personas». Sin embargo, en tal caso –al ser un acto administrativo de la Consejería–, no fue así.

La justicia recuerda que el Consejo de Gobierno de La Rioja acordó el 14 de mayo de 2010 facultar a la Fundación Rioja Salud para «contratar con terceros la conservación, mantenimiento y explotación de las zonas de la obra pública susceptibles de aprovechamiento diferenciado cuya explotación resulta conveniente por la utilidad que presta a los usuarios de las instalaciones».

Y de acuerdo con esta resolución, la Fundación Rioja Salud y CIBIR Aparcamientos S.L. formalizaron el 7 de julio de 2010 un contrato «para la explotación, conservación y mantenimiento del aparcamiento de vehículos del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja».

La Sala fundamenta, además, que «la Comunidad Autónoma no ha revocado o extinguido la autorización que concedió a la Fundación para contratar la conservación, mantenimiento y explotación del parking del CIBIR por lo que la Consejería es un tercero en relación con las partes contratantes y no tiene competencia para extinguir un contrato en el que no ha sido parte».

De acuerdo con ello, el Contencioso-Administrativo declara nulo –por «su disconformidad a derecho»– el acto administrativo del 29 de noviembre de 2019 para la extinción del contrato y rescate del bien público acordado por la Consejería de Salud. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo, y es precisamente lo que hará la Administración autonómica. «El Gobierno de La Rioja respeta la sentencia, procederá a su estudio e interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que supone que la sentencia no ha adquirido firmeza», adelantaba ayer el Ejecutivo regional.

La empresa, de la misma manera, se limitaba a precisar a requerimiento de este periódico que se mantiene a la espera de recibir oficialmente la sentencia a fin de valorarla –mantiene abierta, en cualquier caso, la vía civil–. El litigio, así, no ha terminado ni mucho menos y tendrá continuidad en el tiempo.

Y ello después de que en julio de 2020, diez años después de su adjudicación, el Gobierno de La Rioja recuperase la gestión del aparcamiento del CIBIR tras consumar el último trámite previsto, el desahucio de las instalaciones. Después de iniciar el proceso de rescate en noviembre del primer año de legislatura, en diciembre se cumplió el plazo para la entrega del parking a la Consejería de Salud, dentro del proceso para recuperar su gestión directa a través de la Fundación Rioja Salud.

Una vez que la concesionaria Aparcamiento CIBIR, sociedad constituida por Sadori, Inmobiliaria Ortega, Rentyal y Construcciones Zenón Hernáiz, manifestó su negativa a desocupar el estacionamiento en dicha fecha, se iniciaron los trámites administrativos para comenzar el proceso de desahucio que permitiera recuperar la gestión de dichas instalaciones «con todas las garantías legales». Tres semanas después de que pasara a propiedad pública, el TSJR acordaba la medida cautelar de suspender provisionalmente tal rescate, lo que no llegó a ejecutarse manteniendo un conflicto judicial que aún sigue sin solución final.