El Tribunal de Cuentas detecta un abuso de los contratos de emergencia durante el COVID-19

La Comunidad riojana gastó 26,71 millones en contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en el año 2020, fundamentalmente para adquirir material sanitario, pero no solo, con un total de 96 adjudicaciones de las que 89 fueron por un valor superior a los 15.000 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, la Comunidad riojana formalizó en el pasado 2020 un total de 557 contratos de todo tipo, por valor de 106 millones de euros, con lo que el 16,6% del total de los contratos se hicieron bajo justificación de emergencia y supusieron casi el 25% del gasto.

Hasta ahí las cifras, pero lo cierto es que el Tribunal ha detectado un uso excesivo de las contrataciones de emergencia, un hecho que no es exclusivo de La Rioja, sino que se produjo también en todas las comunidades fiscalizadas: «Se han detectado contratos en los que la justificación de la tramitación de emergencia ha de calificarse como indebida, inadecuada o insuficiente y supuestos que ponen de relieve una defectuosa planificación de la gestión contractual que, de haberse planificado correctamente, hubiera evitado tener que acudir a la emergencia», argumenta el informe. «Las deficiencias e irregularidades advertidas en relación con la utilización de la emergencia –continúa– son referentes a la falta de justificación, a su justificación de forma genérica, a su motivación en necesidades conocidas con anterioridad a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 o a su relación con procedimientos contractuales que, en el momento de la tramitación de emergencia, ya se encontraban en tramitación».

En concreto, de los 30 contratos de emergencia de La Rioja analizados, y después de escuchar las alegaciones aportadas por la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas concluye que en cuatro de los 30 analizados la justificación del procedimiento de emergencia fue insuficiente «toda vez que la necesidad era conocida por la Administración con antelación suficiente».

Asimismo, otros dos contratos superaron el objeto y la duración de los mismos para las contrataciones de emergencia, mientras que en otros tres casos «los informes de valoración mensuales de los servicios prestados no reúnen los requisitos necesarios».

Más al detalle, el informe constata que en un contrato no consta acta de recepción del material y en tres de ellos se recepciona solo una parte de los bienes contratados. En otro se han observado cambios en su objeto a medida que se iban suministrando los bienes. También en dos contratos más el Tribunal observa que el objeto y la duración del contrato superan la cobertura y la prestación restrictiva que lleva aparejada los contratos tramitados por esta vía.

El TC no ha sancionado a ninguna administración, simplemente emite una serie de recomendaciones que los organismos públicos, tras intentar justificar su actuación con alegaciones, se comprometen a asumir para situaciones futuras.