Cuatro ejemplos de contratos que no tenían que haber sido tramitados de emergencia en La Rioja

El TC ha detectado irregularidades en dos contratos firmados por la sociedad pública La Rioja 360 Avanza, en mayo y junio del año 2020, consistentes en el diseño y gestión de una campaña promocional para dinamizar el sector turístico, por valor de 80.057 euros, y la gestión de la compra de espacios en soportes de comunicación digital por valor de 45.000 euros. En ambos casos, el informe de fiscalización considera que «desde abril del 2020 la Administración tenía conocimiento de la reducción gradual de las restricciones, por lo que no se justificaba la tramitación de emergencia».

Asimismo, el contrato de la campaña tenía una duración de seis meses, un plazo excesivamente largo «contrario al carácter residual y excepcional de la tramitación de emergencia». Pese a las alegaciones de la Comunidad Autónoma, el TC entiende que «la legislación contractual cuenta con otros procedimientos en los que no se limitan las garantías (concurrencia, publicidad...) e igualmente válidos para dar solución a los problemas descritos».

Algo similar sucede con un contrato de servicio de difusión publicitaria de la Consejería de Hacienda por valor de 317.913 euros y con vigencia inicial del 18 al 29 de marzo de 2020. El Tribunal detecta que se ampliaron los servicios hasta el final del estado de alarma e incluso durante todo el mes de julio, cuando ya no estaba vigente. El informe cuestiona también otra campaña publicitaria de la Consejería de Hacienda de medidas contra el COVID, en septiembre del 2020 por valor de 219.000 euros. El TC considera que no debería haberse tramitado como emergencia y más cuando el contrato, que concluía el 31 de octubre de 2020, se prorrogó hasta finales de año superando los plazos para este tipo de contrataciones.

En cuanto a los contratos de la Consejería de Salud por adquisición de material sanitario, el Tribunal cuestiona una compra por valor de 2,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de seis meses. La Comunidad Autónoma alega que se produjo (14 de mayo del 2020) en un momento de escasez y falta de 'stock' de materiales y justifica por este motivo una duración tan amplia. Sin embargo, la fiscalización considera que «haber establecido un plazo de seis meses, excesivamente largo para una tramitación de emergencia con un precio fijo, ha ocasionado no poder beneficiarse de las eventuales variaciones en el precio de los productos sanitarios». «Los hechos descritos –continúa el informe– constituyen un uso excesivo en la utilización del procedimiento de emergencia».

El TC tampoco ha pasado de largo el polémico contrato firmado por la Consejería de Salud con la empresa granadina Tec Pharma Europa para el suministro de 950.000 mascarillas FFP2. El informe confirma, tal y como publicó en su momento Diario LA RIOJA, que la gran mayoría de las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos, por lo que la Administración solicitó la sustitución de la mercancía o la resolución del contrato. Ante las constantes negativas del proveedor, se incoó un expediente por incumplimiento del contratista y una liquidación de daños y perjuicios (al parecer todavía sin resolver).

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Alberto Gil

El informe analiza también el contrato firmado con dos empresas locales para mascarillas por 3,11 millones de euros y firmado el 19 de mayo del 2020. El lote I, de mascarillas FFP2, se recibió en junio del 2020, pero el lote II (las mascarillas encargadas a la empresa arnedada Arneplant) no se recepcionó hasta el 5 de octubre del 2020, con un retraso de mes y medio. Salud alega que el lote I iba destinado al personal sanitario, mientras que el segundo iba destinado a colegios, otros centros públicos y población en general y por eso se programó la entrega más tarde, coincidiendo con la apertura del curso escolar.

El TC analiza también otro contrato de compra de material sanitario en China, por valor de 1,4 millones y firmado el 1 de abril de 2020. El informe concluye que se recibieron varios lotes (el contrato tenía cinco) fuera de plazo y el cambio de materiales objeto del contrato (mascarillas FFP2 por 1,71 euros, en sustitución de las batas de tela inicialmente pedidas) en alguno de ellos. La Comunidad riojana, en sus alegaciones, recuerda que ese contrato se firmó en un situación de «crisis total» y que recurrir a China permitió contratar material que no se hubiera podido conseguir. La Rioja admite que hubo incidencias en la recepción de las mercancías, y así se hicieron constar, que no llegaron algunas (respiradores) y se cambiaron unas por otras (mascarillas por batas) porque que eran igualmente necesarias. Respecto a los precios, La Rioja alega que efectivamente hubo subidas, pero que hubo que aceptarlas debido al desabastecimiento.

El Tribunal de Cuentas también considera que la Universidad de La Rioja utilizó la contratación de emergencia sin la debida justificación. El caso concreto es el contrato de servicio de limpieza complementario para implementar medidas de protección e higiene en octubre de 2020 y por valor de 311.741 euros. La fiscalización concluye que la UR conocía la fecha de inicio de curso, así como la necesidad de limpieza de los centros por lo que podía haber hecho uso de otra modalidad contractual.