Los riojanos que viajen por carretera a la Costa Dorada y Barcelona se ahorrarán hasta 33 euros

Y es que dentro de una semana exacta decaerán las concesiones de las autopistas de pago AP-2 (Aragón-Cataluña) y AP-7 (Tarragona-La Junquera), que constituyen las principales vías de conexión terrestre entre La Rioja y el Mediterráneo. Eso sí, los trayectos por la autopista AP-68 hasta Zaragoza seguirán sometidos a peaje, puesto que el Ministerio de Transportes no asumirá su gestión pública hasta finales de 2026.

El trasvase de la gestión de la AP-12 a la administración del Estado reportará beneficios inmediatos a los viajeros riojanos. Según los cálculos consultados en la Vía Michelín, el ahorro en los trayectos entre Zaragoza y Montblanch (la salida de la AP-2 a los municipios de la costa tarraconense como Salou y Cambrils, entre otros) será de 20,7 euros, que llegará a los 33,2 euros si el destino es la Ciudad Condal. En términos relativos, y tomando Logroño como referencia (copa la mitad de la población), entre el 23% y el 36,7% más económicos que en la actualidad si se suma el carburante. Si se tiene en cuenta solo el precio de los peajes, el ahorro oscila entre el 42,8% de los recorridos hasta las localidades costeras de Tarragona y el 68,7% de los que tienen como destino Barcelona.

Por el contrario, seguirán sin cambios los desplazamientos por autopista desde cualquier punto de La Rioja hasta Zaragoza. La concesión de la AP-68 no se renovará cuando llegue a su fin, según los compromisos del Gobierno central, pero aún faltan cinco años para que venza el contrato que le liga con Abertis a través de Avasa.

Se trata de una de las autopistas más caras de todo el país, junto a la AP-2, pues la bonificación de peajes cofinanciada por la Comunidad y el Ministerio de Transporte solo se circunscribe a los recorridos internos por La Rioja y siempre que se cumplan una serie de condiciones: ida y vuelta en el día y uso del sistema de telepago VIA-T, entre ellas.

Atendiendo a las tarifas vigentes este año, los desplazamientos desde Haro (el punto más alejado de Aragón) a Zaragoza cuestan 20,9 euros. Le siguen Cenicero (18,8), Navarrete (18), Logroño (16,2), Recajo y Agoncillo (15,7) y Lodosa (3,7), que beneficia a Pradejón, Ausejo, El Villar de Arnedo y los municipios que se ubican en el valle del Cidacos. A continuación se sitúan Calahorra (12,7 euros) y Alfaro (5,2).

Por otro lado, la Vía Michelín también permite calcular el coste total de los desplazamientos al Mediterráneo incluyendo el gasto en carburante. Así, un jarrero invierte 35,1 euros si se desplaza hasta la Costa Dorada y 44,8 si va a hasta Barcelona, mientras que un alfareño debe desembolsar 26 y 35,7 euros, respectivamente.

La liberación de la AP-2 y de la AP-7 es fruto de una moción aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2016, iniciativa que fue consecuencia de una interpelación urgente formulada por Esquerra Republicana y pactada con el PP, para evitar que en Cataluña se construyesen nuevos peajes en autopistas de titularidad estatal. La moción contó con el apoyo mayoritario de los grupos: 340 votos a favor y uno en contra. Y, a través de ella, la Cámara Baja instó al Gobierno a «no autorizar la construcción en Cataluña de ningún nuevo peaje» en las autopistas AP-2 y AP-7. También conminó al Ejecutivo a «no ampliar en ningún caso las concesiones» de ambas vías «ni autorizar en ningún caso incrementos adicionales de las tarifas y precios de sus peajes hasta la finalización de la concesión respetando los contratos en vigor».

Dos años después, el Gobierno anunció la liberación futura de las autopistas de peaje en todo el país, garantizando que no se renovarían sus concesiones a medida que estas fueran concluyendo. Hasta el momento las barreras ya se han levantado en tres de esas vías rápidas. La AP-4 (Sevilla-Cádiz, la AP-7 (tramo Alicante-Tarragona) y la AP-1 (Vitoria-Burgos), la vía rápida utilizada por los riojanos para desplazarse hasta la capital del Arlanzón. A partir de la próxima semana se les unirán dos más: la AP-2 (conecta Zaragoza con Barcelona) y otros dos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol).

Aunque el Ministerio no ha hecho público el coste que representa la conservación de las nuevas autovías, SEOPAN (patronal de empresas constructoras y concesionarias de Infraestructuras) estima que el importe del mantenimiento de las vías de alta capacidad que acabaron la concesión entre 2020 y 2021 asciende a 450 millones.