Tec Pharma se niega a devolver a La Rioja casi tres millones por las mascarillas 'fake'

Casi dos años después de esas palabras, surge la duda de qué pasó con aquellas mascarillas y si se ha devuelto el dinero que el Ejecutivo regional reclamó a esa empresa con sede en Armilla (Granada) y con la que Diario LA RIOJA, tanto hace un par de años como ahora, ha intentado sin éxito ponerse en contacto vía telefónica. La respuesta a esa pregunta es que el asunto se encuentra judicializado, concretamente en el Contencioso-Administrativo.

A grandes rasgos, y según se explica desde el Gobierno regional, aquel contrato aprobado el 2 de abril de 2020 fue la causa por la que se pidió un informe al Consejo Consultivo de La Rioja el 25 de enero de 2023. Informe que llegó el 14 de marzo de ese mismo año y en el que el Consejo respaldaba la decisión de reclamar a la empresa el dinero correspondiente a las mascarillas defectuosas, así como una indemnización. Esa reclamación se articula el 20 de abril, cuando se pide a TEC Pharma el pago de 2,6 millones de euros y 300.000 más de indemnización.

La respuesta de la compañía granadina llegó casi un mes más tarde (el 15 de mayo). Tec Pharma presentó su recurso en el que argumentaba que no era su intención abonar el dinero reclamado por el Ejecutivo. Recurso que se desestimó por parte de la Consejería de Salud y por ello la empresa andaluza, según el Ejecutivo, llevó el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), mientras las mascarillas en cuestión se encuentran en un almacén del polígono de La Portalada.

Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Lo que no se sabía hasta ahora es que el 29 de marzo de 2020, antes de suscribir el mencionado contrato de emergencia con Tec Pharma, propiedad de una familia iraní, la mercantil se había ofrecido vía mail al Gobierno regional. En el asunto del correo ponía: '2.000.000 mascarillas en stock FFP2 KN95 pasado aduana en China' y en el propio mail exponían: 'Estos 2.000.000 de mascarillas FFP2 KN95 han pasado ya la aduana en China y están para ser cargadas hoy mismo, precio 2,50 euros unidad. Quedo a su entera disposición para cuantas dudas y consultas tengan al respecto. Gracias. Un cordial saludo'. En el mismo adjuntaban un certificado expedido por la entidad Internacional Certification Registrar Polska, según el cual, el producto ofertado cumplía los estándares comunitarios.

El mismo día en el que se firmó el contrato, el 2 de abril de 2020, al menos una parte del importe (2.722.500) había sido satisfecha a la mercantil. En total, el Seris hizo dos pedidos a Tec Pharma, uno de ellos, fechado el 30 de marzo de 2020, de 200.000 mascarillas por un importe total de 750.000 euros, 3,751 euros por mascarilla. Y otro, del 6 de abril, de 750.000 mascarillas por 2.722.500 euros, 3,63 euros cada una.

Del 28 de abril al 27 de mayo, el Seris, por medio de una empresa de transporte, recogió 949.790 mascarillas (210 menos de las 950.000 contratadas) que estaban en un almacén en Coslada (Madrid) y las trasladó a otra nave en el polígono de La Portalada, ya en Logroño. Aquellas mascarillas eran distintas a la que la mercantil había ofrecido por mail el 29 de marzo. Así lo certificaría después el servicio de prevención de riesgos laborales del Seris en un informe fechado el 8 de octubre en el que, a la vista de las fotografías de ambas, incidía en las diferencias que se observaban entre las ofrecidas y las que realmente se habían recibido en La Rioja.

A los pocos días de la recepción de las mascarillas, la directora de recursos económicos y servicios generales suscribió un acta de recepción en la que indicó: «Se firma el presente documento para hacer constar formalmente que el suministro que se detalla ha sido recibido de conformidad para la contratación de emergencia en la adquisición de equipamiento para el hospital San Pedro en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19».

Las partidas fueron sometidas a análisis técnicos por parte del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), dependiente del Instituto Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), para comprobar si cumplían los requisitos de calidad y seguridad exigibles al tipo de dispositivos que se habían contratado. De todos los protectores, solo 59.000 lo cumplían, los restantes 890.790, no.

A la vista del incumplimiento, la Consejería de Salud remitió el 15 de junio de 2020 un primer requerimiento a la empresa para que entregara un material que cumpliera lo pactado o que cada una de las partes restituyera las mascarillas y el dinero abonado. La mercantil hizo caso omiso y la Consejería le remitió un segundo aviso el 28 de octubre. El 10 de noviembre la contratista respondió a Salud alegando que la recepción de las mercancías se había producido de conformidad sin haberse formulado en ese momento reparo alguno. Por tal motivo, la mercantil manifestó su oposición a la devolución del material y del precio recibido por ella.

Un mes después, el gerente del Seris acordó incoar un procedimiento de resolución contractual que «dará lugar, en su caso, a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados». Transcurrido más de un año, el gerente del Seris declaró la caducidad del procedimiento, habían transcurrido los ocho meses previstos por ley sin que la Consejería lo resolviera, pero ese mismo día incoó un nuevo procedimiento que tuvo la misma suerte. La Administración, por tanto, había dejado caducar el procedimiento hasta en dos ocasiones.

En octubre de 2022 inició un nuevo procedimiento, suspendió el tiempo máximo de resolución y lo supeditó al de obtención de una serie de pruebas. En el mismo se reclamó a la empresa no sólo que devolviera lo abonado, sino también los gastos originados por el alquiler de almacenamiento de los 950.000 mascarillas desde abril de 2020 que calculados hasta septiembre de 2022 -aunque continúan en la actualidad- ascienden a 56.615 euros. También incorporó los gastos de comerciales facturados por la empresa transportista en concepto de llegada aérea y aduanas (26.270 euros), el coste de los análisis del Insst (3.606,12), más los intereses (201.476,99). Hasta aquella fecha todos esos gastos sumaban 287.968,11 euros.

La empresa se opuso «al haber cumplido el contrato y no estar motivada ni justificada la resolución del mismo», alegó. Incluso, el 15 de noviembre de 2022, el día que había sido citada la contratista para el examen de la mercancía, no se presentó.

El informe de los servicios jurídicos avaló después resolver el contrato por «incumplimiento grave y culpable del contratista», así como la devolución del dinero abonado y los gastos generados por el almacenamiento de las mascarillas. Consultado el Consejo Consultivo, también ratificó la ruptura de la relación contractual.