Subidas hasta del 400%del campo a la mesa

El producto que sale de la huerta de nuestra comunidad «es la envidia no sólo en España sino en toda Europa», apunta Jesús Pérez, miembro de la junta directiva de ARAG-Asaja, «y en cambio vemos cómo mucha gente sigue comprando la fruta o la verdura que llega de Marruecos, sin ninguna trazabilidad, sin controles sanitarios...». Por un motivo «exclusivamente económico, porque es más barata, aunque es de peor calidad». Con todo, reconoce el encarecimiento «descontrolado» de los precios, sobre todo cuando las hortalizas y frutas llegan al supermercado –del 285% en el kilo de borraja o del 224% en el melocotón rojo–. «No hay tantos intermediarios por el camino, desde que el producto sale del campo hasta que llega a la mesa. Pero todos aplican su subida que ni nosotros mismos entendemos», añade Pérez.

La Ley de la Cadena Alimentaria que aprobó hace ahora diez años el Gobierno central pretendía, entre otros fines, «reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores». Con la reforma de este texto legislativo introducida en diciembre de 2021, se buscaba «lograr precios más justos para todos los operadores, en particular los más débiles, los productores», prohibiendo la destrucción de valor; es decir, que cada operador de la cadena alimentaria pague al inmediatamente anterior «un precio igual o superior al coste de producción asumido».

Pero a juicio de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, «no se han conseguido los objetivos» y, según los más críticos, «no ha servido para nada». Jesús Pérez no duda en hablar de «ley fallida, porque seguimos igual que hace diez años». Ahora la ley establece la obligatoriedad de firmar contratos en todas las operaciones comerciales, pero Salazar va más allá y plantea también «registrar facturas» y endurecer las multas «a quienes no cumplan. Si en las carreteras está la Guardia Civil de Tráfico o los radares para multarte, por qué aquí no se intensifican los controles», añade.

El secretario de organización de UPA, Néstor Alcolea, también hace un llamamiento a las administraciones «porque está en su mano el hacer cumplir las obligaciones y los contratos». Y a la hora de dar subvenciones públicas –como las concedidas para la destilación de vino–,«luego tiene que vigilar más si cabe que las empresas que reciben ayudas pagan, por lo menos, los precios estipulados». En este sentido, portavoces autorizados de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja aseguran que «nuestro papel es velar, en la medida que lo permite la ley, para que agricultores y ganaderos perciban las remuneraciones económicas adecuadas».

La aplicación de la ley es un compromiso del nuevo Ejecutivo regional y, «de hecho, se ha creado un área específica de cadena alimentaria y estadística que depende directamente de la Dirección General de Desarrollo Rural. Además de las muchas referencias que obtiene el Observatorio de Precios Agrarios y de la aplicación del plan anual de control, desde la Consejería se está intentando ir más allá».

Porque una década después de la entrada en vigor de la ley el desequilibrio en los precios entre origen y destino se mantiene. En el Observatorio del Gobierno riojano de febrero de 2013 –antes de que se aprobara aquella primera normativa–, el kilo de repollo de hoja rizada también subía su coste un 446% –21 céntimos cobraba entonces el agricultor y 1,15 euros pagaba el consumidor– y la borraja, un 239% –de 0,35 a 1,19 euros–.

«Queda mucho por hacer», insiste Néstor Alcolea, aunque sí asegura que la Ley de la Cadena Alimentaria «es ambiciosa y tiene que servir para solucionar problemas». De momento no está ocurriendo. Esta «desproporción en las subidas de muchos productos», apunta Óscar Salazar, está provocando el «desánimo generalizado en el sector. Con los márgenes actuales es difícil encontrar relevo generacional en la gente joven porque hay que hacer grandes esfuerzos económicos a la hora de invertir y luego los rendimientos son bajos, a diferencia de los eslabones finales de la cadena de valor. Y aquí todos tenemos familia, hipotecas...».

Jesús Pérez lamenta el «conformismo» latente en el sector primario «porque hay subidas desproporcionadas, por ejemplo, en el coste del gasóleo o de los productos fitosanitarios y ya es difícil que se revierta esta situación». En cambio, los precios de los productos cuando salen del campo «no llevan esos incrementos, ni mucho menos». Y luego «vuelven a desfasarse, sobre todo en los supermercados».