Teletrabajo: de solución de urgencia a definitiva

Las empresas de La Rioja han afianzado el teletrabajo en la nueva realidad en la que se mueve el mercado laboral obligado por el coronavirus. Así lo confirma el INE: la cifra de riojanos que trabajan desde sus domicilios particulares casi se ha triplicado este año respecto al 2019. En total son 14.800 ocupados, lo que representa un aumento del 190,2% respecto a los 5.100 del ejercicio pasado. Es el dato más alto de toda la serie histórica que ofrece el centro estadístico. Ahora bien, lo más llamativo es que este aumento del teletrabajo ha estado protagonizado por las mujeres, ya que la cifra de teletrabajadoras al cierre del segundo trimestre (último dato disponible) se ha quintuplicado en los últimos doce meses, pasando de representar el 2,8% al 13,9% del total de ocupadas. En el caso de los hombres. la cifra de teletrabajadores se multiplicó por dos: de suponer el 4,3% sobre el total de ocupados a llegar hasta el 8,3%.

En términos absolutos, 8.800 de los 14.800 empleados riojanos que trabajan desde sus domicilios particulares son mujeres y 6.000, hombres. La mayor presencia femenina en esta modalidad de trabajo es tónica habitual. De hecho, solo en tres de los años escrutados por el INE los teletrabajadores varones superaron a las mujeres como se puede comprobar en una de las gráficas que complementan esta información: 2010 y 2012 (500 ocupados más en remoto que ellas) y 2019 (1.500 teletrabajadores más que mujeres).

La inmersión urgente en el teletrabajo llegó de forma abrupta en marzo con el estado de alarma. Pero, como pronto se constató, teletrabajar no es solamente trasladar la oficina a casa. Además de un ordenador y de la conexión a la Red, tanto empresas como trabajadores deben tener pactados unos protocolos que definan aspectos básicos, por otra parte incuestionables en el trabajo presencial: horarios, gastos (luz, Internet, aire acondicionado...), medidas de prevención de riesgos laborales, etcétera. Para ello, el Gobierno central ultima un proyecto de Ley negociado con los agentes sociales con el fin de regular el teletrabajo. Una norma que acabe con la incertidumbre y que establezca reglas de juego claras tanto para empleadores como para empleados.

En este sentido, el presidente de la FER, Jaime García-Calzada precisa que el teletrabajo «no es posible desarrollarlo en todos los ámbitos y sectores de la actividad empresarial: hostelería, comercio, obras de construcción, etcétera». «Hay muchas actividades laborales en las que es inviable», añade.

Por otra parte, García-Calzada subraya «la importancia» de que la implantación del teletrabajo «se produzca de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador» y, asimismo, confía en que su regulación concite «el mayor acuerdo posible en beneficio de todos».

UGT-Rioja también apuesta por una normativa consensuada, pero desliza que si la firma no se produce en menos de dos semanas, «estamos seguros de que el Gobierno sacará la nueva normativa vía real decreto». Así lo avisa la secretaria de Empleo, Políticas Sociales y Seguridad Social de la central, Ana Victoria del Vigo, quien recuerda a las empresas que «los trabajadores no deben perder ningún derecho por el hecho de trabajar en casa». La representante ugetista considera que España «ha perdido mucho tiempo» en dotarse de una normativa que regule el teletrabajo, pero celebra que llegue ahora «para evitar la locura que vivimos durante la pandemia».

También se felicita por esta nueva regulación Álvaro Fuertes, de la Federación de Servicios de CCOO en La Rioja, porque «impedirá que todos los gastos recaigan sobre el trabajador y se aumenten las horas de trabajo». Con la futura Ley «se fijarán las condiciones para desarrollar el teletrabajo», si bien hay un asunto sobre el que fija su atención: las pólizas de seguro. Según explica, «los trabajadores están cubiertos en sus centros de trabajo, pero los que teletrabajan desde su casa también están expuestos a riesgos en el desarrollo de su actividad, por lo cual es un tema que también debe quedar aclarado». Por último, Fuertes acepta que «la aplicación de la normativa deberá tener en cuenta la casuística de cada empresa», pero atribuye a «sectores hiperconservadores de la patronal» que el acuerdo no se haya suscrito todavía.