Siete tumbas y trece huérfanos

El drama de la historia reciente de la violencia machista en La Rioja arranca casi 21 años atrás. De lo anterior, por desgracia, apenas hay registros. Sí son exhaustivos en lo que llevamos de siglo XXI. Más de dos décadas en las que el iceberg ha empezado a emerger a través de miles de denuncias, órdenes de protección y condenas. Sin embargo, muchos de infiernos personales siguen sellados bajo las pesadas losas del miedo, la vergüenza y el temor a la incomprensión.

De lo que sí se sabe surge una estadística sonrojante y demoledora, culpa de la barbarie y la sinrazon de quienes alguna vez juraron amar y proteger a quien convirtieron luego en su víctima. A muchas les quedarán heridas abiertas el resto de sus vidas; otras, aún con cicatrices, han logrado levantarse; pero siete de ellas no tuvieron opción alguna.

Siete tumbas que se suman a las otras 1.230 contabilizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España desde el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad. Hay más víctimas. Esos siete crímenes registrados en la región dejaron, además, trece huérfanos, trece hijos a los que los celos, el odio y el rencor arrebataron a sus madres. Dos niñas se quedaron también sin su abuela. Padres y madres aún lloran a sus hijas; hermanos y hermanas aún añoran a aquellas con las que crecieron y jugaron.

Demasiado dolor en siete nichos. De momento. La Justicia riojana tiene aún sobre su mesa un caso marcado con un asterisco en rojo. María Mercedes, de 54 años, una mujer que residía en el barrio de Los Lirios, fue agredida sexualmente y asesinada con saña en octubre de 2020. En un primer momento el caso se trató como suicidio, pero la autopsia confirmó una muerte violenta. No había denuncias previas y su pareja (un español de 56 años) fue detenido y puesto en libertad poco después. Por el momento no hay ni siquiera fecha de juicio.

«Esto era la crónica de una muerte anunciada, le había denunciado 20.000 veces, pero estaba sentenciada a muerte desde hace mucho», relataba a Diario LA RIOJA su hermana Inmaculada, pocos días después del crimen, el 27 de enero de 2003 en Santo Domingo de La Calzada. «Vivía aterrorizada, iba todos los días con los ojos hacia el suelo para que si se tropezaba con él no la viera mirando a nadie porque los celos le consumían», añadía la familia. Cristina se refugió en una casa de acogida para mujeres maltratadas durante unos meses, pero decidió salir. Aquel 27 de enero, cuando paseaba con un amigo, su asesino, Mohammed Kamouni, de 34 años y natural de Tánger (Marruecos), sobre quien pesaba una orden de alejamiento, acabó de tres puñaladas con la vida de la joven, madre de tres hijos de 2, 4 y 11 años.

La mujer había acabado dos meses antes con la relación, una ruptura que no fue precisamente pacífica. Calles y bares habían sido escenario de sus trifulcas por los celos del hombre.

La Audiencia Provincial de Logroño condenó al agresor, en noviembre de 2004, a 35 años y seis meses de prisión por asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, violencia habitual, lesiones y amenazas.

La Fiscalía sabía desde hace mucho tiempo que el marido de Mónica Puig, Miguel Alfonso Jiménez, de 33 años, de quien estaba en trámites de divorcio, era un peligro para ella. Tanto, que el 17 de diciembre de 2002 solicitó la prórroga de la orden de alejamiento que caducaba 9 días después. La decisión judicial no llegó a tiempo. Aterrorizada por la amenazas de muerte de su esposo, Mónica decidió buscar refugio para su hija de 17 meses y ella misma en casa de sus padres, en el barrio logroñés de Siete Infantes. El pánico era tal que para ese trayecto solicitó, el sábado 1 de febrero, la protección de la Policía Local. Una patrulla la llevó al juzgado de guardia, cuyo titular decretó el cambio de domicilio y su traslado bajo escolta policial.

De nada sirvieron las cautelas, el asesino pasó agazapado la noche del sábado en las inmediaciones del lugar para, a primeras horas de la mañana del domingo 2, colarse en la vivienda y asestar ocho cuchilladas mortales a su indefensa víctima, sin que su padre y su hermano, que también resultaron heridos, pudiesen evitar la tragedia.

El asesino contaba con 16 antecedentes policiales por varios delitos contra la propiedad y fue condenado por la Audiencia Provincial, en diciembre de 2004, a 30 años de cárcel por asesinato, malos tratos continuados, allanamiento de morada, amenazas y lesiones.

Cuando el médico que estaba de guardia en el centro de salud de Alfaro acudió en la madrugada del 1 al 2 de octubre de 2004 para atender la fatal caída de una mujer por un tramo de once escaleras solo pudo ordenar el traslado urgente de María Teresa S., de 66 años, al hospital Fundación de Calahorra. La gravedad de sus heridas motivó una derivación urgente al Hospital Clínico de Zaragoza, donde la víctima fallecía dos días después, el 4 de octubre.

Los daños craneoencefálicos sufridos acabaron con la vida de la mujer, cuyo cuerpo fue sometido a la preceptiva autopsia. Fue precisamente el examen forense el que encendió todas las alarmas y el que, finalmente, sirvió para que las mentiras no dejaran impune un crimen brutal.

Aquel 1 de octubre, su marido, Pedro Martínez, de 67 años, quien fue detenido cuatro días después del trágico suceso, decidió poner fin a una discusión de la manera más cruel.

Pasaban las once de la noche de aquel 1 de octubre de 2004 y el otro habitante de la vivienda (el matrimonio tenía dos hijas ya mayores que residían fuera de La Rioja), un hermano minusválido de la mujer, dormía. El homicida golpeó a su mujer con un objeto contundente en la base del cráneo, limpió la casa y, transcurrida hora y media, encargó a su cuñado que fuera a buscar al médico para atender a su mujer por una caída, según el relato de la sentencia.

La Audiencia Provincial de Logroño condenó, en marzo de 2006, a Pedro Martínez a 14 años de prisión como autor de homicidio y a otros dos años por el delito de violencia doméstica.

Ximena Aguiño Ordóñez había llegado a España desde su Colombia natal en busca de una vida mejor. La vida pareció sonreírle pronto al conocer al poco de establecerse en la capital riojana a quien creía el amor de su vida, J. B. B., un joven camerunés de 33 años. Pero el sueño no duró. Enseguida se transformó en pesadilla.

Tras ocho años de convivencia y una hija en común de cinco años, Ximena, que había encontrado trabajo en McDonalds, tomó la decisión de separarse e iniciar una vida independiente. Él no se lo permitió. El 6 de junio de 2008, en la vivienda familiar de la plaza de la Inmaculada, en el barrio logroñés de San José, asesinó a la joven. Tras estrangular a su víctima, el homicida se ocultó en una pensión de la capital riojana. Allí, el criminal, al que no le tembló el pulso para segar la vida de la madre de su hijo, fue incapaz de acabar con la suya. Cuando fue localizado por la policía presentaba dos profundas heridas en tórax y abdomen, producidas con un cuchillo de cocina, además de síntomas de haber ingerido algún tipo de sustancia cáustica.

Los restos mortales de la víctima fueron repatriados por su familia a Cali (Colombia) diez días después del crimen.

Casi un año después el asesino fue condenado a 17 años de prisión.

Tanta S., de origen rumano, era muy querida en el barrio logroñés de Yagüe, donde regentaba, junto a sus hijas de 23 y 21 años, un bar, el 'Juncal'. Su negocio, la unidad de su familia y sus dos nietas eran su ilusión y la fuerza que le permitía tratar de olvidar el infierno del que pensó que había logrado escapar.

En marzo había denunciado a su expareja, Marin S., de 52 años y también de nacionalidad rumana, después de que éste le diese una brutal paliza con puñetazos y patadas tras presentarse en el bar. Entre golpes e insultos, el individuo le advirtió de que si se separaban la mataría antes de suicidarse, según acreditaba la sentencia que le condenó a un año y medio de prisión –pena que no cumplió al carecer de antecedentes–, a cuatro de alejamiento de su víctima y a seis años de destierro de La Rioja.

Efectivamente, el condenado abandonó la región y las medidas de protección de la mujer se relajaron al detectarse un riesgo bajo, situación que confirmó ella misma. Tanta renunció a la protección porque creía que su expareja vivía fuera de España. Ni siquiera la aparición de unas pintadas amenazantes en el exterior del bar la víspera del crimen la alarmaron. Pero el asesinó sí cumplió su veredicto y el 27 de julio, sobre las 23.15 horas, cosió a cuchilladas a Tanta en plena calle, en Yagüe, para, a continuación, quitarse la vida con el mismo cuchillo.

María Vanesa Ávila era una granadina de 35 años que vivía en la capital riojana, donde había sido destinada como agente de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. El lunes 2 de noviembre de 2009 no se presentó a su puesto de trabajo en la comisaría de Logroño e hizo saltar todas las alarmas. Su desaparición puso en marcha una infructuosa operación de búsqueda en paralelo a la investigación de sus compañeros, que empezaron a trabajar enseguida en la peor de las hipótesis.

El foco se situó pronto sobre su excompañero sentimental, Borja Morillo, padre de una hija en común y agente jubilado de la Policía Nacional. Las pistas llevaron al sospechoso a prisión el 8 de noviembre por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Logroño. Una semana después, la tragedia se hizo real al aparecer en el Ebro, a su paso por Baños de Ebro, el cadáver de la joven.

Morillo fue condenado a 20 años por la Audiencia Provincial en diciembre de 2012, pena que tres meses después, en marzo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rebajó a 15 años al considerar el delito homicidio en vez de asesinato con alevosía. Dicho fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo en julio de ese mismo año.

Mientras, María Vanesa Ávila retornó a su tierra natal andaluza. Sus restos mortales reposan desde finales de abril de 2010 en el cementerio de Ambroz, perteneciente al municipio de Vegas del Genil, en Granada.

Ese día, Salwa Zidan, psicóloga siria de 34 años, fue presuntamente asesinada a puñaladas por su marido, S. A., ingeniero industrial y profesor universitario, de 44 años y de la misma nacionalidad. El presunto crimen ocurrió en la vivienda que el matrimonio compartía con sus tres hijos menores –dos niñas de 11 y 9 años y un varón de 7– en la logroñesa plaza Martínez Flamarique.

La tragedia pudo ser aún mayor. S. A. fue detenido a media mañana de ese día junto al río Ebro, en las proximidades del Cuarto Puente, cuando se sospecha que trataba de ahogar a sus tres hijos menores a los que recogió en la biblioteca Rafael Azcona tras, presuntamente, haber segado la vida de su esposa en la casa familiar.

Nadie de los que conocía a la familia sospechó jamás lo que se vivía en el hogar de esta pareja, siempre de la mano por la calle y con sus hijos. Las puertas del infierno permanecían selladas, pero la bestia despertó y las abrió de golpe para cumplir, al menos en parte, una amenaza repetida durante años –«Si me dejas, te mato, mato a nuestros hijos y me quito la vida yo»–, según relató la madre de Salwa, Rabia Talab, de 61 años, a Diario LA RIOJA desde Berlín.

Con el presunto asesino en prisión y a la espera de juicio, el cuerpo de Salwa reposa desde el 14 de julio en el cementerio musulmán de Logroño y sus hijos aguardan, bajo la tutela de Servicios Sociales, la posibilidad de ser entregados a su familia materna.

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