El sector inmobiliario avisa: dopar el alquiler reducirá la oferta y activará el mercado negro

Juan Ramón Liébana, secretario general de la patronal de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), asociación integrada en la FER, explica que la nueva normativa anunciada ayer por el Gobierno de España es «inconstitucional» porque «regula e invade cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos». Además, cree que atenta contra la propiedad privada y que conllevará «bastante perjuicios». Así, «y en línea con lo ya advertido por el Banco de España», opina que «reducirá la oferta de alquiler con lo que se acrecentará su escasez y también descenderá la calidad de la vivienda arrendada, ya que los propietarios no van a generar suficiente renta para seguir invirtiendo en el acondicionamiento de los inmuebles». Asimismo, «la movilidad de los arrendatarios se verá mermada y con ello, las posibilidades de mejoras personales y profesionales» y «se va a favorecer la existencia de mercados negros, que es lo que ha ocurrido en París o más recientemente en Berlín con la intervención de los precios, ciudades en las que la oferta se ha evaporado y muchas personas se han visto expulsadas teniendo que residir en municipios limítrofes».

En principio, la nueva regulación solo afectaría a las personas jurídicas (empresas dedicadas al arrendamiento de viviendas) con más de diez inmuebles en propiedad. Las comunidades autónomas tendrán que solicitar al Gobierno la declaración de zonas tensionadas de mercado del alquiler, donde se aplicará la regulación de precios en base a un índice de referencia aún por determinar. Para los particulares que superen los diez inmuebles en posesión la opción será congelar los precios en caso de prorrogar el alquiler o reducirlos (se les beneficiaría fiscalmente). Si deciden dejarlos desocupados, el planeamiento del Gobierno es que los ayuntamientos les recarguen el 150% el IBI, el impuesto anual para todos los tenedores de inmuebles.

En relación al índice que fije el precio, Liébana subraya que el principal problema pasa por saber «cuál es la definición» de vivienda vacía (casi 42.000 según los últimos datos de la Agencia Tributaria), asunto que también subraya el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font. A su juicio, y a expensas de que se publique el borrador, lo que esta nueva ley «está generando es ruido e incertidumbre, algo de por sí negativo para sector, que necesita seguridad jurídica» y no «incongruencias» reguladoras entre comunidades y municipios. Font añade que el objetivo de la ley es «loable», pero discrepa de «las herramientas utilizadas, porque el control de precios no funciona; al contrario, puede provocar un descenso de la oferta». En este sentido considera que la alternativa a este «intervencionismo tan directo es hacer un mayor parque de viviendas destinadas al alquiler», pero «no a través de medidas punitivas», como el mayor gravamen del recibo de la contribución, sino «a través de la colaboración público-privada».

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja (AIR), José Antonio Solozábal, lo suscribe: «Una mayor oferta es lo que ayuda a contener los precios, que se pueden ver desestabilizados con la nueva Ley». Respecto al bono de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años con rentas no superiores a 23.725 euros, Solozábal cree que sería más positivo incentivar la adquisición de vivienda.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja confirmó ayer que va a «cumplir» con la Ley Estatal de Vivienda, «la primera de la democracia». «Nuestro gobierno progresista y de cambio siempre ha priorizado favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con más dificultades para ello, como estamos cumpliendo desde nuestra política de vivienda, más social que nunca», añadió.

Por ello, la Comunidad «comparte» con el Gobierno nacional «la creación de un parque público de vivienda en alquiler social, que es el buque insignia para implementar» una «solución habitacional ordenada, con una base reguladora ordenada y transparencia en el proceso de adjudicación de viviendas a las personas con mayor dificultad». El parque cuenta ya con 178 viviendas y el objetivo es llegar a las 300 al final de la legislatura.