Logroño apela a la prudencia hasta saber «cómo se plasma en el BOE»

La posibilidad de aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% sobre las viviendas vacías, gravamen que en principio afectará a las deshabitadas y dependerá exclusivamente de los consistorios, no pasa desapercibida para nadie a la espera de concretarse sobre papel oficial.

«No conozco los detalles de la ley, pero no es mala noticia que los ayuntamientos tengan la capacidad de definir mediante política fiscal los mecanismos para favorecer el alquiler de las viviendas vacías», declaraba ayer el alcalde de la capital de La Rioja, Pablo Hermoso de Mendoza.

La concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, se expresaba en la misma línea de cautela hasta conocer «específicamente qué competencias nos delegan al respecto». Y es que, según Campos, la Ley de Haciendas Locales ya permite a los consistorios un recargo en el IBI, pero hasta saber con exactitud qué dice la ley «no podremos definir la postura del Ayuntamiento al respecto» –ni siquiera conocer la realidad técnica municipal para su ejecución–.

Tanto Hermoso de Mendoza como su edil delegada, eso sí, llamaron la atención a aquellas personas que dispongan de viviendas vacías «para que puedan ponerlas a disposición de la Bolsa de Alquiler que gestiona el IRVI, en el caso de Logroño con la colaboración del Ayuntamiento, haciendo posible que el propietario pueda alquilar con seguridad, con un seguro para el cobro, por ejemplo».

Por el contrario, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, David Mena, afirmó ayer que «todo lo que afecte directamente al Ayuntamiento y tengamos potestad, no lo aplicaremos, ni en el precio, ni mucho menos un incremento del IBI». Mena añadió de forma taxativa que «siempre hay que proteger la propiedad privada y la libertad en la economía».

El resto de los consistorios de las cabeceras de comarca optó por no pronunciarse. El Ayuntamiento de Calahorra informó de que, «de momento», están pendientes de la publicación en el BOE. Similar respuesta fue la del Ayuntamiento de Haro, donde carecen de un registro de viviendas vacías. No obstante, la primera edil jarrera, Laura Rivado, consideró que el aumento del IBI «no está contemplado para propietarios, sino para bancos o empresas», y añadió que, en su opinión, «al ciudadano medio que tenga una segunda residencia esto no le va a afectar, pero debemos esperar a ver cómo se aprueba finalmente la ley».

Desde el Ayuntamiento de Nájera, que tampoco tiene un listado de inmuebles desocupados, eludieron pronunciarse, al igual que los de Alfaro (70 viviendas vacías), Arnedo y Cervera.

Por último, la concejala de Hacienda y Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Lardero, Eva Guerreros, explicó que «desconocemos el contenido de la norma que pretenden aplicar». Guerreros puso el acento en que, además, «no existe definición de las viviendas vacías, por lo que es difícil cuantificarlas, ya que pueden estar habitadas, pero sus residentes no estar empadronados en el municipio, o pueden ser segundas viviendas habitadas de forma temporal», entre otras posibilidades.