Sanidad reclama a La Rioja 27,4 millones por la atención a riojanos en otras comunidades en la última década

Los servicios jurídicos de la Comunidad han llevado el desacuerdo a la vía judicial y han recurrido ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Sanidad el pasado 30 de abril por el que se aceptaron los saldos positivos y negativos que las autonomías habían acumulado en los últimos diez años o, dicho de otro modo, el dinero que debían pagar o que tenían que recibir del resto. Y es que el Sistema Nacional de Salud marca que debe ser la comunidad de origen del enfermo quien abone las facturas que se generen por la asistencia recibida a través del Fondo de Garantía Asistencial o mediante el de Coherencia Sanitaria, ambos dependientes del Gobierno central.

A la espera de que la Audiencia Nacional responda al meollo de la cuestión planteada en el recurso, La Rioja ya ha recibido el primer revés judicial. Junto al recurso, solicitó medidas cautelares para frenar el pago del importe anterior a 2020, y en un fallo del pasado mes de octubre, niega la suspensión de las liquidaciones porque la cantidad que se reclama, apunta la sentencia, «no parece afectar al normal desenvolvimiento de la actividad corriente» y porque en el «conjunto de la financiación anual de la Comunidad la cifra indicada supone un importe poco relevante» y no pondría en riesgo el funcionamiento de la Administración.

En cualquier caso, el recurso contra el pacto del Consejo Interterritorial sigue vivo y por tanto continúa su tramitación. Un acuerdo con el que paradójicamente La Rioja se mostró a favor –sólo Aragón votó en contra y Extremadura se abstuvo– aunque condicionó su sí a que se dieran por prescritos los años 2014 a 2019. En el acta así se reflejó, «que no estábamos de acuerdo ni con la no revisión del fondo –lleva desde 2013 sin calcularse y actualizarse– ni con el pago de los 10 años», asegura la consejera María Martín.

La liquidación de las cantidades pendientes, no sólo por este año, sino por la última década, explica la titular de Salud, se introdujo «de golpe y por decretazo» en una disposición adicional transitoria en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado de 2024 y, por tanto, «era por imperativo legal y contra una ley no se puede luchar», apunta Martín para justificar su voto a favor.

La Rioja, que siempre ha mirado con buenos ojos la finalidad con la que se creó el mencionado fondo, apoya su reclamación en un informe jurídico que concluye que, según el Estatuto de la comunidad, «todo lo que pasa de cuatro años está prescrito, para lo bueno y para lo malo», zanja.

El acuerdo al que llegaron las autonomías durante la reunión de abril es que si no se realizaba el pago voluntario de las deudas, el saldo se retendría de la financiación que recibe cada una de ellas. Aún así, uno de los problemas a los que se enfrentan las regiones es que los gastos no siempre son cubiertos en su totalidad y esto lógicamente tiene que ver con que no se han actualizado ni las cantidades ni los procesos desde 2013. Ese año se suspendió el intercambio de fondos porque era necesario revisar las condiciones, los pagos y las asistencias, así como incorporar nuevos procedimientos que no se contemplaban hasta el momento. De hecho, explica Martín, La Rioja dispensa a los enfermos de otras comunidades algunos procesos por los que no recibe compensación puesto que no figuran en los incorporados en un fondo que se habría quedado desfasado.

Hasta el día de hoy, ha habido varios intentos por poner al día cuándo, cómo y por qué se cobraba, pero ninguno ha llegado a buen puerto. La actualización es una reclamación de todas las comunidades autónomas, que más de diez años después continúa sin resolverse y eso que en junio pasado el Gobierno central puso en marcha un anteproyecto de ley para mejorar el sistema de compensación actual.

Una de las principales razones que explica que La Rioja deba 27,4 millones, la tercera que más después del País Vasco (169 millones) y Madrid (59,6), es no sólo la atención de los riojanos cuando están de vacaciones en otras comunidades, sino también porque no hay suficiente masa crítica para contar con todas las especialidades.