La Rioja ni vigila ni sanciona la ley de 'puertas cerradas'

Están en lo cierto. Desde que terminó el plazo establecido para instalar los sistemas de cierre de puertas automáticas, no se ha producido en La Rioja ninguna inspección encaminada a verificar si los distintos establecimientos cumplen o no con esta normativa. «No hemos inspeccionado ni sancionado a ningún comercio por este asunto», confirman desde la Consejería de Desarrollo Autonómico, que es la que tiene la competencia en materia sancionadora. Dentro de ella, la directora general de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización, Nathalie Beaucourt, concretaba que, al menos hasta la fecha, «no tenemos constancia en nuestros registros de ninguna sanción ni de que se hayan hecho inspecciones referentes al cierre de puertas o al rango de temperaturas establecido en el real decreto».

Todo debido, en parte, a que solo se están llevando a cabo «inspecciones rutinarias» por parte de los organismos de control autorizados. «Por operativa y normativa, siempre se hacen inspecciones a través de las entidades de control en los edificios o empresas que disponen de determinados equipamientos para verificar el correcto funcionamiento de sus máquinas o equipos», explica la directora general. Todo con la principal pretensión de que «no haya fallos, que no pongan en riesgo a las personas o los establecimientos, así como para cumplir con el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)». En el caso de que un establecimiento «disponga de algún automatismo que consume energía en el momento en el que se hace la inspección rutinaria, como las puertas automáticas, se comprobará su correcto funcionamiento porque el mecanismo tiene que funcionar». Por tanto, si carecen de ellos, «no van a tener ninguna inspección de Industria».

En este sentido, Beaucourt reconoce que no se está llevando a cabo ninguna supervisión adicional tras la entrada en vigor del plan de ahorro energético. «No se está inspeccionando ad hoc el cumplimiento normativo del real decreto como tal ni se va a buscar de manera específica quién lo cumple o no», asegura.

La pretensión de la Consejería de Desarrollo Autonómico, que es la que tiene la potestad inspectora y sancionadora, es que los distintos edificios públicos y comercios cumplan con el real decreto. «Son medidas de ahorro energético que benefician a todos. La transición para intentar que consumamos cada vez menos energía y que seamos más eficientes es algo que nos viene bien», reitera. Para ello, no obstante, optarán por la flexibilidad. «La filosofía de este Gobierno y de la Consejería (de Desarrollo Autonómico) es ser flexibles. Somos conscientes de que las empresas no lo están pasando bien, por lo que no tenemos intención de sancionar por sancionar ni de ir a por quienes no estén cumpliendo», afirma la directora general.

Los primeros pasos serán, por tanto, «analizar la posibilidad de que pongan las puertas e instalen un sistema de automatismo para cerrarlas». Todavía no han registrado «ninguna incidencia» si bien, de cara al futuro, «tenemos mecanismos para sancionar a quien se quiere saltar la ley a sabiendas, aunque no se ha dado el caso». De ahí que, ante la difícil coyuntura que atraviesan los distintos establecimientos, la idea sea «ayudar, apoyar y avanzar todos juntos; hay que ser coherentes con los tiempos que vivimos». A través de la ADER se ampliaron, de hecho, las bases de las ayudas durante el pasado mes de septiembre para incluir a todos los comercios y que pudiesen instalar las puertas.