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Cuando una empresa riojana desembarca sus mercancías en el puerto de Barcelona o Bilbao –son las dos infraestructuras de referencia, por delante de otras como Valencia–, ha de pagar una serie de impuestos y tasas como el IVA (en todos los casos) o los ... cánones de aranceles para liberalizar esa que llega en los contenedores de los barcos y trasladarla hasta sus instalaciones en nuestra comunidad. Es un pago obligatorio y un dinero anticipado con mucha antelación antes de que encuentre un retorno económico.
El centro intermodal del polígono de El Sequero espera contar, antes de final de año, con la certificación de depósito aduanero en sus instalaciones, una acreditación que permitirá a las empresas que operen desde este puerto seco riojano «aplazar esos pagos hasta la utilización de esa mercancía», explica el responsable del área de Desarrollo de Negocio de Royo Logística y Transporte, Pedro López. Para ello, «hay que tener una instalación con capacidad física para mantener y salvaguardar esos productos, también la capacidad de gestión para la carga, descarga y almacenaje así como el software necesario», añade.
Conseguir esta declaración «nos permitirá ser más atractivos para nuestros clientes» e incrementar la competitividad de esas empresas. Contratan operativas comerciales que suponen importantes desembolsos económicos «pero esa mercancía puede que no la vayan a utilizar de manera inmediata». Y si existe un depósito aduanero en el destino, en este caso el puerto seco riojano, «el pago por liberalizar la carga se hace aquí en función de las necesidades del cliente».
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Además, hay compañías riojanas que importan productos para luego venderlos a otros clientes pero puede que esa segunda operación se dilate en el tiempo. «Con el depósito aduanero aquí, esa mercancía queda reservada hasta el momento de la venta y tampoco es necesario adelantar el pago», detalla López.
La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, es quien se encarga de certificar estos depósitos en los centros logístico intermodales que tienen las empresas o los puertos y aeropuertos. En el caso de la compañía Royo, no supondrá un incremento de plantilla «y nosotros seguiremos haciendo el mismo trabajo, pero sí se verían beneficiadas las empresas que tendrían todos los servicios centralizados en La Rioja». Y en caso de que fueran necesarios más inspectores en situaciones puntuales, ese personal depende de la Administración del Estado.
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