Riojanos: todos a fichar

Desde la Inspección se transmitía «un mensaje de tranquilidad» y se recordaba, además, que el registro de jornada «es algo que se viene haciendo desde el siglo XIX» y la reforma normativa disipa el desconcierto que generó una sentencia del Supremo del 2017 al tumbar la obligatoriedad del registro que exigían los inspectores. Con la nueva norma, todas las empresas tienen que llevar un control diario de las jornadas laborales de sus empleados. La norma no indica con qué sistema (desde los más simples libros de firmas a las más sofisticadas aplicaciones tecnológicas) «puesto que cada actividad adoptará el más conveniente a sus circunstancias». Lo que sí establece es que ese registro «fiable e invariable» documente la jornada laboral, información que debe estar a disposición de los sindicatos y de los inspectores en los centros de trabajo. Además, la Inspección asegura que la norma se aplicará «con mesura y sentido común», y se les dará «un periodo de gracia» (sin sancionar) a las empresas para que se adapten, que rondará los dos meses.

En la actualidad, hay una veintena de funcionarios en la inspección activa, que este año tiene programadas 178 acciones de control del tiempo de trabajo, sólo quince más que las desarrolladas el año pasado. Actuaciones que ejecutan «de una manera planificada actuando en las empresas y en los sectores (hostelería y comercio) donde existen indicios previos de fraude».

Sin embargo, la nueva obligación legal ha desatado la caja de truenos empresarial. «Una traba más, un problema añadido, que supondrá una merma económica y que nos genera muchas dudas sobre cómo implementarlo en diversas actividades (comerciales, transportistas, despachos profesionales...) que desarrollan su labor fuera de los centros de trabajo», advertía ayer el delegado de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en La Rioja, Fernando Melchor. A su juicio, esta «medida de presión puede ser hasta electoralista, se negoció en exclusiva con los sindicatos y deja muchas cosas en el aire porque ni siquiera hay un reglamento desarrollado».

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández, comparte que esta nueva norma «entraña más cargas y costes para las empresas, especialmente para las pymes, micropymes y autónomos, además de suscitar muchas incertidumbres sobre cómo debe realizarse su cumplimiento». La FER augura «problemas importantes para implantar el control horario en el trabajo por objetivos, el que tiene pactada flexibilidad horaria o el teletrabajo». En este último caso se enmarca la UNIR, con 1.523 profesores y 40 empleados del área de Gestión y Administración, que todavía está «estudiando» cuál es la herramienta «más adecuada» de la que debe dotarse para cumplir la nueva ley. Por su parte, el control de los 70 funcionarios de la Comunidad que teletrabajan se realiza por la monitorización del ordenador y el seguimiento mensual que realiza el jefe de servicios en base a los objetivos marcados.

En este sentido, el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, animaba ayer a las pymes riojanas a contar en este reto con «sus dos aliados: los asesores economistas y laborales, y las firmas tecnológicas, que nos hemos convertido en protagonistas involuntarias de esta reforma, porque las empresas han venido en masa para conocer cómo pueden implementar estos procesos de control».