Un total de 229 riojanos fallecieron en las listas de espera de la dependencia entre los meses de enero y junio. Todos ellos tenían reconocido el derecho a prestaciones y servicios públicos, pero ninguno llegó a recibirlos, porque en todos los casos la muerte les ... sobrevino mientras sus procesos se tramitaban administrativamente. Un 'limbo' provocado por «el laberinto burocrático de la Ley», denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se vio acentuado durante la pandemia del COVID-19 al «colapsar» los servicios de asistencia.
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En el conjunto de España, 32.035 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia: 20.413 dependientes con derecho reconocido y 11.622 pendientes de valoración. Por territorios, y centrándose en los tres meses del confinamiento (marzo-mayo), el estudio de este colectivo profesional (utiliza datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD) indica que la mortalidad observada en personas dependientes «tiene una enorme variabilidad».
La tasa de fallecimientos en personas atendidas en el conjunto nacional se situó en el 5,2%, «si bien la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha alcanzaron el 8%», mientras «La Rioja se situó en torno al 2%».
Por otro lado, la tasa de personas dependientes fallecidas en residencias fue del 12,3% en la media del país. Las mayores ratios se registraron en la Comunidad de Madrid (22%), Castilla-La Mancha (17%) y Cataluña (16%). Por el contrario, La Rioja anotó la menor tasa de dependientes con prestación fallecidos en residencia, con el 4,3%. Le siguieron Canarias (5%) y Andalucía (7%).
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Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reclama al Gobierno de España que «incremente de manera urgente y sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de la Dependencia». Y a los autonómicos que acometan «las reformas necesarias para agilizar los trámites». «Es necesario simplificar los procedimientos, y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», sostienen. Así como «avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecución y puesta en marcha de las prestaciones».
Por su parte, el Gobierno regional asegura ser «consciente de esta situación, heredada del anterior Gobierno». «Solo la lista de espera de plazas públicas de residencia de personas mayores en el 2019 era de 1.407 personas y de centros de día, de 916 personas», añade. En el caso plazas públicas de residencia para «personas con discapacidad en general, la lista de espera es de 83». «Esto no quiere decir que todas estas personas no estén recibiendo ningún tipo de servicio, ya que la mayoría de ellos pueden estar siendo usuarios de otros servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, servicio de promoción de la autonomía, prestación económica para pagar una plaza privada, etcétera) de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que cubren en parte sus necesidades de apoyo», indica.
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Por eso, «este año estamos trabajando en diferentes iniciativas que permitan paliar estas listas de espera». Así «se está desarrollando un nuevo contrato de teleasistencia que va a ampliar su servicio a mil nuevos usuarios; tenemos intención de generar el próximo año 200 nuevas plazas públicas de residencia de personas mayores en nuevo Acuerdo Marco 2021; estamos definiendo el proyecto de una nueva residencia de mayores en Uruñuela y de un centro de día en Calahorra, y estamos apoyando con el 80% de financiación la construcción de dos nuevas residencias para personas con discapacidad en Nájera y Logroño».
El Ejecutivo subraya, además, que «la mayoría de las personas dependientes que no están recibiendo ningún tipo de atención del SAAD son personas con una dependencia moderada». En el 2019, el 61% de las personas dependientes en el llamado 'limbo de la dependencia' tenían un Grado I de dependencia». Por este motivo «a lo largo de la legislatura vamos a promover los servicios de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, que permitan dar mejor respuesta a las personas con dependencia o discapacidad en general y, en especial, a aquellas personas con una dependencia moderada».
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Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, La Rioja alcanzó la tercera mejor nota en la Escala de la Dependencia (6,8 sobre 10). Sin embargo, los indicadores del sistema mostraban el «importante estancamiento respecto a la media alcanzada por el resto de comunidades». Las nuevas atenciones «apenas alcanzaron el 2,3%, &ndash0,8% en los casos de personas valoradas y de nuevas solicitudes&ndash reflejo de la parálisis que sufre el sistema y que confirma la tendencia plana mantenida por La Rioja en los últimos dos ejercicios».
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