Los riojanos apuran los plazos para presentar las últimas demandas por gastos hipotecarios

En esa situación se encuentran miles de riojanos que se 'casaron' con su banco antes de 2019 (año en el que se reformó la Ley de Crédito Hipotecario, en la que se obligaba a un reparto equilibrado de estos gastos). En teoría, este 24 de enero (cinco años después de una sentencia del Tribunal Supremo) se cerrarían las posibilidades de reclamación. Sin embargo, hay que contar con los 82 días de suspensión de todos los actos judiciales a causa del covid, por lo que se la fecha se retrasa hasta el 14 de abril.

Así que los hipotecados apuran estos plazos, aunque existen varios escenarios posibles, pendientes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda probablemente hoy a varias cuestiones prejudiciales sobre la prescripción de estas demandas por gastos hipotecarios.

A la espera de que se aclare un aspecto fundamental como el de las fechas (incluso se podría dar el caso de que al considerarse cláusulas abusivas no prescriban), lo que sí perciben los abogados y los juzgados riojanos es que se ha producido un último alud de demandas que reclaman la devolución de esos gastos.

Cantidades que pueden rondar los mil euros teniendo en cuenta los costes de notaría, registro o tasación, pero que se pueden ampliar notablemente si se acepta también la abusividad de la comisión de apertura, por ejemplo, u otros aspectos.

Estos clientes que apuran los plazos para demandar a sus bancos no son para nada pioneros. Desde julio de 2017 hasta el 31 de septiembre de 2023 se han presentado en La Rioja 4.802 demandas por cláusulas bancarias, de las que ya se han resuelto 4.639, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Procesos teóricamente rápidos (incluso algunos se están resolviendo extrajudicialmente) pero que ahora sufren los retrasos causados por las huelgas en la Justicia y que en algunos casos se dilatan casi medio año, cuando no hace demasiado los tiempos de resolución se situaban entre mes y medio y dos meses.

Según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una de las entidades que ha promovido diversas acciones contra estas actuaciones bancarias, la entidad financiera propietaria de la hipoteca debe hacerse cargo de «los gastos de Registro de la Propiedad, la gestoría y la tasación, así como la mitad de los gastos notariales». Mientras, el cliente tendría que haber abonado la mitad de los gastos notariales y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

La OCU recuerda que aunque el Supremo dictaminó que la comisión de apertura «no era abusiva», la justicia europea ha puntualizado que sí se puede exigir su invalidez (y su devolución) si no hubo transparencia a la hora de firmarla, decisión que compete a cada juez.

En La Rioja, por ejemplo, la Audiencia Provincial, que entre octubre y noviembre de 2023 resolvió más de una veintena de pleitos por las denominadas condiciones generales de contratación, ha tendido a dar la razón a los bancos en ese punto (la comisión de apertura) aunque con excepciones.

Lo que destacan desde varias instancias es que no importa si la hipoteca se sigue pagando o ha sido cancelada para reclamar si los gastos a la hora de la formalización no se repartieron de forma equilibrada. Eso sí, en el caso de que esté amortizada, se suele contar un plazo de reclamación de cuatro años desde su finiquito. También es importante la fecha de la firma para reclamar: el 'límite' se ha fijado en 1993, cuando entró en vigor una directiva comunitaria de la UE que regula este mercado