Cada Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja viene reservando anualmente en el apartado de ingresos que se deben recibir del Estado unos 18 millones de euros por el 'efecto frontera' aunque esa entrega efectiva de dinero nunca se ha concretado y, ... ni tan siquiera, se ha reunido la comisión bilateral -Gobiernos central y autonómico- que debe cuantificar exactamente la cantidad a la que por Ley (Estatuto de Autonomía de La Rioja sancionado por las Cortes en 1998) tiene derecho La Rioja.
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Entre el año 1999, cuando entró en vigor el marco normativo propio en el que se asienta el famoso artículo 46, y la actualidad, sólo son dos las compensaciones con las que el Gobierno de La Rioja entiende que el Estado ha reparado a la Comunidad por los perjuicios que le ocasiona convivir con la foralidad de la que disfrutan el País Vasco y Navarra: 21 millones de euros para sufragar parte de la construcción del Palacio de Congresos Riojafórum de Logroño (en el 2002 y a modo de pago único) y la cesión del edificio del Banco de España en el 2012 (nunca se ha cuantificado el valor global del traspaso del inmueble) para acoger la sede de la Consejería de Salud.
Así que desde el 2004 (primer ejercicio presupuestario del que se conserva documentación para consultar la evolución del artículo 46 en las clasificaciones económicas de los ingresos de los presupuestos) hasta la actualidad, todas las previsiones calculadas en las Cuentas Generales de la Comunidad no han tenido un efecto real y, de hecho, los Presupuestos Generales del Estado no han recogido los compromisos, como sí ocurre en el caso del Cupo Vasco.
El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, alude a las dificultades «técnicas» que encierra estimar cuáles son los perjuicios del efecto frontera «ahora que no existen las ayudas ilegales ni las vacaciones fiscales», pero «como administración pública tenemos la obligación de darle un reflejo presupuestario y, políticamente, nunca hemos dejado de ser reivindicativos sobre este derecho». Además, el consejero incide en que su aplicación efectiva «depende de la voluntad del Gobierno de España», una disposición que «no encontramos en las dos legislaturas del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente».
Con todo, Domínguez reconoce que la comisión bilateral Estado-Gobierno de La Rioja «nunca se ha reunido» y, es más, tanto la inversión en Riojafórum como la cesión del edificio del instituto emisor fueron frutos de sendos «convenios». Con todo, el representante del Gobierno regional enfatiza que «lo importante es que la planificación del artículo 46 del Estatuto en las Cuentas anuales de la Comunidad nos ha permitido aplicarlo en dos ocasiones, las dos con Gobiernos del PP», así como «mantener una actitud de exigencia». Y, en todo caso, el hecho de que no se haya producido una transferencia efectiva de fondos «no nos ha provocado ningún desequilibrio presupuestario en cualquiera de los ejercicios».
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2004 17,5 millones
2005 17,5 millones
2006 16 millones
2007 17,5 millones
2008 18 millones
2009 18 millones
2010 18 millones
2011 18 millones
2012 18 millones
2013 18 millones
2014 18 millones
2015 18 millones
2016 18 millones
2017 18 millones
2018 18 millones
Para el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, «la inaplicación» de esta disposición «obedece única y exclusivamente a la falta de voluntad política y la incompetencia del Gobierno de La Rioja». «Es el Ejecutivo regional el que debe trasladar al nacional la exigencia de convocar la comisión bilateral y durante todos estos años no lo ha hecho», enfatiza. «Y la cesión del Banco de España -añade- no es fruto de la aplicación del 46: fue una cesión del inmueble como las que se hicieron en otras autonomías».
A Ocón tampoco le valen las justificaciones de Domínguez sobre la dificultad de fijar una cifra para las compensaciones: «Entendemos perfectamente que se trata de una valoración complicada, pero extraordinariamente más complejos son el Cupo vasco o el sistema de financiación autonómica, y en esos casos sí se establecen unos parámetros para sus cálculos». En su opinión, la Comunidad «ha hecho una dejación de sus funciones y lo que no se puede esperar es que el trabajo que no ha realizado se lo haga el Estado», con el resultado de que «no se ha ingresado ni un euro de los más de 200 millones previstos en los presupuestos de los últimos quince años».
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