Una disposición nacida al amparo del nuevo Estatuto de Autonomía

La nueva Ley suprema de la región entró en vigor el 28 de enero de 1999 y con ella el artículo 46 que literalmente reza: «A los efectos de concretar los ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y de forma especial, la participación territorializada de La Rioja en los tributos generales que se determinen y las condiciones para la aprobación de recargos sobre tributos del sistema fiscal general (...), la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta, que podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta, el cual deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de La Rioja y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, así como la corrección de los desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios».

En el 2002 (Aznar), dos años después de que el Estado y el Gobierno vasco firmasen la 'paz fiscal', el Consejo de Ministros acordó destinar 21 millones de euros para financiar parte de la construcción del Palacio de Congresos de Logroño. Un dinero que se justificó como compensación única a los agravios sufridos por La Rioja por las aplicaciones del régimen fiscal vasco.

Entre el 2004 y el 2011 (Rodríguez Zapatero) no se produjo una transferencia de fondos a La Rioja por el Artículo 46, como tampoco se reunió la comisión bilateral, pero se sentaron las bases para que en el 2012 (Rajoy), el Estado cediese el edificio del Banco de España como compensación por el 46.

Y hasta ahí ha llegado el artículo que, año tras año tiene reservado un 'hueco' en los presupuestos regionales, pero no así en los nacionales, lo que ya le valió un amonestación de Hacienda en el informe de fiscalización del 2016.