La Rioja, a la cola de abortos en el país

Cierto es que cada año son menos. La cifra regional de interrupciones voluntarias del embarazo no han dejado de menguar. El pasado año, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud a Diario LA RIOJA, el número de IVE fue de 272, unas derivaciones por las que el Servicio Riojano de Salud abonó 108.165 euros. Las últimas estadísticas completas, sin embargo, corresponden a 2021, un ejercicio en el que, según detalla el Ministerio de Sanidad, se registraron en la comunidad 332 abortos, el dato más bajo desde 1998, a excepción de un 2020 bajo colapso por el estallido de la pandemia del SARS-CoV-2, con 320. De hecho, desde 2011, año en el que se registró el máximo de estos procedimientos a pacientes riojanas, 534, el descenso acumulado es del 37,82 %.

Pero es que, además, La Rioja se afianza a la cola del país en estas estadísticas. La tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por mil mujeres de entre 15 y 44 años se situó en 2021 en 6,17, la segunda más baja tras Galicia (5,37) y más de cuatro puntos por debajo de una media estatal, 10,7 (90.189 IVE), que encabezan Cataluña (13,42), Madrid (11,90), Baleares (11,56) y Asturias (11,50).

En el descenso estadístico tiene mucho que ver la puesta en marcha de las consultas y servicios en el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de La Rioja (CASSR), activo desde noviembre de 2021 en 'La Casita', el edificio anexo al viejo complejo del Hospital de La Rioja.

El cruce de ambos informes ministeriales permite, además, confirmar que todavía hay demasiado por hacer y que, en algunos aspectos, hay preocupantes pasos atrás. El más llamativo e incomprensible es que, pese a las campañas informativas y centros de asesoramiento, la cifra de mujeres que optan por la interrupción voluntaria de su embarazo tras no usar método conceptivo alguno registra una inquietante escalada. En 2021, más de la mitad de las riojanas que se sometieron a un aborto voluntario admitieron no haber tomado precaución alguna, 174 de las 332, el 52,40 %, un porcentaje que en 2011 se situaba casi doce puntos por debajo, en el 40,82 %, 218 de 534. Otra tasa que ha ido al alza es la de riojanas que se habían sometido previamente al mismo proceso. Si en 2011 fueron 97 de las 534 (18,16 %), una década después se ha elevado al 31,02 %, al ser 103 de 332, de las que 70 era su segunda interrupción voluntaria, 21 la tercera y las 12 restantes, la cuarta o más.

Del mismo modo, la estadística refleja una rebaja en la edad de las riojanas que optan por interrumpir su gestación. Si en 2011 el 33,88 % (181 de 534) era menores de 24 años -81 de 15 a 19 (15,16 %) y 100 de 20 a 24 (18,72 %)-, una década después el porcentaje escala hasta 36,74% (122 de 332) -53 de 15 a 19 (15,96%) y 69 de 20 a 24 (20,78%)-.

Pero el capítulo más relevante del informe, invariable a lo largo de toda la estadística histórica del Ministerio de Sanidad, es que nueve de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se practican en el ámbito extrahospitalario y casi todas, además, en centros privados. Así ocurrió también en 2021 con las pacientes riojanas, ya que solo 13 de las 332 intervenciones se practicaron en hospitales, 11 de la sanidad pública y 2 en la privada (todos ellos corresponden a los supuestos médicos ya contemplados en la ley del 85, los de riesgo vital para la madre o anomalías en el feto, que sí se realizan en La Rioja). El resto, 319, el 96,08 % del total, fueron en el ámbito extrahospitalario y en un centro privado de otra comunidad autónoma -Salud deriva a las pacientes riojanas a la Clínica Actur de Zaragoza o Clínica Ansoain de Navarra-. La situación no ha cambiado en la última década en la comunidad, porque desde la entrada en vigor de la nueva ley en 2010 todos los ginecólogos de la sanidad pública riojana han optado por no variar su decisión de acogerse a la objeción de conciencia en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, aunque sí se realizan abortos por causas médicas.

Trece años después el debate sigue vivo, el asunto es delicado, extremadamente sensible y se ha perpetuado como unas de las armas arrojadizas políticas por la permanente colisión de algunos de los principales derechos fundamentales. Y en estas llega una nueva reforma legal, cuya entrada en vigor será inminente. La nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada en el Congreso el pasado 15 de diciembre y espera su ratificación en el Senado en las próximas semanas. Entre otras novedades -fin a los tres días de reflexión antes de someterse a un aborto o desaparición del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y de 17 años- la nueva norma pretende blindar el acceso al aborto voluntario en todo el territorio nacional y, además, en la sanidad pública.

Desde el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Salud ya se trabaja desde hace meses para garantizar que las pacientes riojanas no tengan que ser derivadas fuera de la comunidad y entre las soluciones se barajan el tratar de convencer a algunos ginecólogos en la plantilla actual del Seris o contratar personal externo que preste el servicio en los hospitales de la comunidad.