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La dimensión de la crisis del sector del vino de Rioja le ha llevado por primera vez, desde finales de los años 80 del siglo pasado y excepcionando la pandemia, a solicitar ayudas públicas para aliviar excedentes. Las propuestas que se están barajando requieren ... aportaciones millonarias, aunque, por el momento, no hay compromisos reales para la financiación de las mismas.
De hecho, diversas fuentes del sector estiman que haría falta 'sacar' unos 80 millones de litros de vino, por lo que se está pensando en planes incluso plurianuales y, confiando eso sí, en que en todos los supuestos las ventas de vino vuelvan a relanzarse.
La única medida 'gratuita' –entre comillas porque baja la rentabilidad automáticamente por hectárea y por litro y de forma indiscriminada a todo el mundo, independientemente de que haya o no contribuido a la 'fiesta' del exceso– es la reducción de rendimientos que, de aplicarse al máximo en campo y en bodega, podría implicar dejar de producir hasta 65 millones de litros de vino, pero sobre cosechas futuras, es decir, no sobre el excedente actual. Así las cosas, para actuar sobre los almacenes hay dos opciones ya previstas en la legislación: la destilación o la cosecha en verde.
De momento, el Ministerio de Agricultura no contempla ayuda alguna para destilar vino –sí las hubo en el 2020 por la situación excepcional de la pandemia–. Y, por lo dicho por el ministro Luis Planas en Logroño hace unas semanas, no hay intención de habilitar fondos como sí los ha comprometido el Gobierno francés, por ejemplo, con 160 millones de euros. La otra opción es la cosecha en verde, con 15 millones de dotación presupuestada y que es una posibilidad para La Rioja, tal y como confirma la consejería de Agricultura, ya que, ante la crisis de existencias, fue una de las comunidades autónomas que la solicitó el mes pasado por si acaso fuera necesaria.
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El problema es que la prima por kilo para destruir la producción de los viñedos se calcula sobre el 50% del precio medio de la uva en las últimas tres campañas –y ha sido casi ruinoso–, con lo que, de no haber ayudas adicionales, cada kilo de uva eliminado se pagaría con 33 céntimos. Además, con 15 millones de financiación para todo el país, si entran en juego regiones como La Mancha, no hay ni para pagar los entrantes.
Aunque hoy en día no están previstas específicamente con ayudas en la legislación, sí hay sobre la mesa otras medidas posibles. La más drástica, ya planteada en Francia, son los arranques de viñedo subvencionados, pero, por el momento, nadie quiere oír hablar de ello en Rioja.
Así, algunas organizaciones del sector, como las bodegas del Grupo Rioja, abogan por otra alternativa: desviar vino amparado por la DOCa hacia el circuito de vino común, sin indicación geográfica, con una prima adicional sobre el precio del litro del vino de mesa. Esta fórmula permitiría sacar más vino, en cantidad, que si fuera a destilación (los 30/35 céntimos que valdría el vino de mesa requerirían menos ayuda pública), aunque, en realidad, no se destruye vino, sino que se cambia de canal. En todo caso, precisa una aportación millonaria que, para La Rioja, debería aportar la Consejería de Agricultura.
¿Y qué dice este departamento del Gobierno de La Rioja? Ante el requerimiento de Diario LA RIOJA, muestra su disposición a «escuchar» a la espera de las propuestas que haga el Consejo Regulador, pero, hoy por hoy. sin más compromisos: «Somos sensibles con la situación de dificultad que atraviesa el sector y ya le hemos trasladado nuestra intención de apoyar y acompañar las necesarias medidas», indican las fuentes de la consejería. «Estamos a la espera de conocer las medidas excepcionales que activará el Consejo Regulador para estudiar, pero siempre dentro del marco reglamentario y presupuestario qué ayudas pueden activarse desde el Gobierno regional».
El Consejo Regulador confían en hacer oficiales las propuestas a partir del próximo pleno, que quiere convocar para primeros del mes de marzo.
La Consejería de Agricultura mantiene abierta la convocatoria de las ayudas para la reestructuración o reconversión de viñedo hasta el 1 de marzo para operaciones finalizadas en los ejercicios 2024 y 2025. El objetivo es incrementar la competitividad de las explotaciones de viñedo, adaptar el cultivo al cambio climático y hacerlo medioambientalmente más sostenible con financiación europea.
La superficie mínima para una operación de reestructuración y reconversión de viñedo será de 0,3 hectáreas y la máxima de 25 hectáreas por viticultor o viticultora. Será obligatoria en todas las plantaciones la utilización de portainjertos certificados.
Los tipos de ayudas a la reestructuración o reconversión que se apoyan son las reconversiones varietales, también mediante injertos, y en particular para mejorar la calidad o la sostenibilidad medioambiental, por razones de adaptación al cambio climático, o para la mejora de la diversidad genética. También se respalda la reubicación de viñedos; la replantación de viñedos arrancados por motivos sanitarios o fitosanitarios, y las mejoras en las técnicas de gestión de viñedos, incluida la reducción de fitosanitarios.
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