La Rioja tiene autorizadas 103 cámaras para controlar la seguridad en 17 municipios

En total, hay 17 localidades autorizadas por la Delegación del Gobierno en La Rioja –mediante un informe previo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia– para instalar estos dispositivos en aquellos lugares y espacios que se consideren más convenientes –según la situación y la necesidad de cada municipio– para asegurar la convivencia ciudadana, erradicar la violencia, utilizar de forma pacífica las vías y espacios públicos o prevenir la comisión de delitos o infracciones, entre otros supuestos.

Todas ellas aglutinan en La Rioja más de un centenar de cámaras (103 en total) que cuentan con el informe favorable de la Comisión –aunque no todas están colocadas, ya que algunas están pendientes aún de instalación– y se encuentran repartidas por Haro (18), Pradejón (12), El Villar de Arnedo (9), Villamediana (8), Alesanco (8), Ezcaray (7), Fuenmayor (7), Sajazarra (6), Cihuri (5), Logroño (4), Sotés (4), Agoncillo –polígono El Sequero– (4), Uruñuela (3), Daroca (2), Arrúbal (2), Quel (2) y Zorraquín (2).

Estas cifras forman parte de una estadística que cada vez es más numerosa en la región. De hecho, estos dispositivos han pasado del medio centenar (49) que estaban autorizados en 2022 a los 103 del presente ejercicio. Así, según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, los permisos para colocar este sistema de videovigilancia se ha elevado un 110,2% (se han duplicado) en los dos últimos años.

Además de elevarse el número de cámaras, también se han incrementado los municipios riojanos que han obtenido –o renovado– la licencia necesaria para poder utilizar este sistema de videovigilancia. Estos dispositivos solo controlaban siete localidades riojanas –entre las que se encuentran Villamediana, Fuenmayor, Sajazarra, Cihuri, El Villar de Arnedo, Logroño y Haro– en 2022, frente a las 17 del presente ejercicio (cifra que supone 10 más). De todas ellas, Agoncillo, Alesanco, Arrúbal, Ezcaray, Sotés, Quel y Zorraquín son las que han recibido por primera vez la autorización para instalarlas durante el pasado mes de julio.

Cada localidad requirió la colocación de estos dispositivos por distintos motivos. En Quel, por ejemplo, se solicitaron dos cámaras para frenar el elevado número de «incidencias» que se registraban en el municipio. «Tenemos mucho vandalismo. A ver si con las cámaras podemos solucionarlo», reconoce su alcalde, Víctor Manuel Rada. En Sotés se pidieron cuatro, mientras que en Pradejón se requirió de la instalación de 12 cámaras para «controlar el vandalismo».

En Ezcaray recibieron el pasado mes de julio el informe favorable de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia para colocar 7 dispositivos en el municipio «con carácter disuasorio». La pretensión, según explica el primer edil de la localidad, Diego Bengoa, es que todos estos sistemas de videovigilancia estén operativos antes de que finalice agosto. «Lo que queremos es que la gente que venga a Ezcaray y los habitantes del pueblo estén lo más a gusto posible y que si surge cualquier problema, se les pueda ayudar, porque para eso se ponen, para mejorar la vida de todos los vecinos y visitantes».

Otras localidades, sin embargo, solo han necesitado solicitar la renovación de su autorización, que tiene una vigencia máxima de un año. Logroño, por ejemplo, continúa con un sistema de videovigilancia compuesto por cuatro cámaras, que recibieron el visto bueno de la Delegación el 23 de julio de 2021.

Su función consiste en «garantizar» la convivencia ciudadana y «prevenir» delitos e infracciones relacionados «con la seguridad pública». Para ello, los cuatro dispositivos se instalaron en lugares que, «por su propia configuración urbanística», el patrullaje preventivo es «complicado y casi imposible sin este sistema de videovigilancia». Estas áreas, además, incluyen «infraestructuras críticas o especialmente transitadas», pero son vigiladas en prácticamente toda su totalidad.

Sobre todo, porque las cámaras domo establecidas «cubren el 98% del área necesaria» y graban imágenes «las 24 horas del día durante todo el año», pero no registran sonidos. Las imágenes, que se almacenan en servidores municipales, solo pueden ser gestionadas por funcionarios especializados de la Policía Local, desde la Sala del 092.

Por el contrario, los dispositivos de videovigilancia que se instalan en espacios privados o particulares no requieren autorización «siempre y cuando no graben en la vía pública y cumplan con el requisito de darse de alta en la Agencia de Protección de Datos, designando a un responsable del tratamiento de las imágenes guardadas».

A pesar de ello, la pretensión que maneja el Consistorio logroñés consiste en «mejorar» la seguridad del centro histórico con la instalación «este año» de 50 cámaras «en puntos estratégicos y sensibles» del Casco Antiguo de la ciudad.