Los ayuntamientos deben «justificar» los motivos para instalar estos dispositivos

Desde los distintos ayuntamientos también tienen que describir «el ámbito físico» susceptible de ser grabado, adjuntar imágenes reales de los tramos de la vía pública que pudieran verse afectados «por el campo de visión» de las cámaras o señalar la necesidad o no de grabar sonidos. Una vez enviado este informe a la Delegación, esta concederá o no el permiso tras el informe previo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que valorará la necesidad de instalar estos dispositivos.

En el caso de los municipios que no disponen de Policía Local, como sucede con Fuenmayor o Sajazarra, la Guardia Civil será la responsable de instruir los expedientes. En estos casos, será la Benemérita la encargada de verificar la realidad del problema planteado y de informar sobre la conveniencia e idoneidad de la instalación de las cámaras «como medida adecuada para contribuir a su solución».

Si el informe de la Guardia Civil resulta favorable –si considera apropiada la colocación de estos dispositivos–, la Delegación iniciará (de oficio) el procedimiento encaminado para su autorización, para lo que también se requerirá el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. En caso de que el informe sea desfavorable, la Delegación no podrá autorizar la instalación de las cámaras.

La duración de la autorización, en cualquier caso, se otorga por un año. Una vez transcurrido ese periodo, los ayuntamientos tendrán que volver a justificar si necesitan renovar el permiso con al menos dos meses de antelación. De lo contrario, deberán dejar de utilizarlas.