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La recuperación integral del Impuesto de Patrimonio y la subida de tipos de punto y medio en el IRPF para los contribuyentes con rentas superiores a 60.000 anuales tendrán un impacto directo sobre 7.378 riojanos. Se trata de las dos grandes iniciativas fiscales ... recogidas en el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE, Podemos, IU y Equo, que ha convertido en jefa del Ejecutivo regional a Concha Andreu. La tercera pata sobre la que se sostendrá el nuevo modelo de fiscalidad «progresista y justa» anunciado por la presidenta será el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: conservará parte de las actuales ventajas heredadas de los gabinetes del PP, pero la cifra de potenciales beneficiarios bajará ya que se reducirá la deducción para bases liquidables de más de 400.000 euros.
Empezando por Patrimonio. Su rescate total será más efectista que efectivo. El objetivo último del giro fiscal que, en general, quiere imprimir el nuevo Gobierno de La Rioja es aumentar los ingresos para corregir el deterioro de los servicios públicos que, a su juicio, provocó la fiscalidad de los gobiernos populares. En términos absolutos, sin embargo, recuperar el cien por cien del impuesto que grava la riqueza de las fortunas con 700.000 o más euros sólo supondrá ingresar 10,95 millones de euros en las arcas regionales, esto es, 3,65 millones más que la recaudación conseguida en el ejercicio 2017 (último dato disponible), cuando estaba bonificado al 50%.
Siguiendo por el IRPF. Para «mejorar su progresividad», como indica el pacto de gobierno, se prevén dos propuestas. Por un lado, «no aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras». Lo que no significa rebajar. Precisamente lo que el último boceto presupuestario del Gobierno de José Ignacio Ceniceros contemplaba: reducir medio punto (del 19% al 18,5%) el tipo marginal de las rentas más bajas (hasta 12.450 euros), tramo en el que se encuentran 40.029 declarantes, extendiendo los beneficios de esta rebaja del 0,5% al resto de los contribuyentes en los siguientes tramos de renta en los primeros 12.450 euros.
Por otro lado, incrementar el tipo al 25% para rentas de más de 60.000 euros y al 27% a partir de 120.000 euros. Esto repercutirá sobre 5.067 contribuyentes (el 3,1% del total): 4.507 con ingresos entre los 60.000 y los 150.000 euros, 524 con rentas entre los 150.000 y los 601.000, y 36 que superan los 601.000 euros. Las tarifas estatales (sin contar una posible subida si se alcanza un acuerdo para la gobernación del país) se quedarían en el 22,5%, pero ese aumento de punto y medio en las autonómicas, elevará los tipos al 23,5% y al 25,5%. En definitiva, la 'factura' de la declaración de la Renta para esos 5.067 contribuyentes riojanos escalará del 46% al 47,5% y del 48% al 49,5%, en función de los tramos.
Y terminando por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La propuesta del equipo de Andreu es reducir la deducción de la cuota del 99% al 50% en los grupos I (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años) y II (a los beneficiarios anteriores se suman los cónyuges, ascendientes y adoptantes) para bases liquidables de más de 400.000 euros. Hasta el momento, la bonificación ha sido del 99% para cuantías iguales o inferiores a 500.000 euros, y del 98% a partir de ese importe.
Con todo, el compromiso de los partidos que sostienen al nuevo Gobierno de La Rioja es mantener las actuales deducciones por empresa familiar y vivienda habitual «con los requisitos y compromisos existentes». A falta de conocer más en profundidad el desarrollo de este tributo parece poco probable una bonificación entre hermanos. El PP la propuso en su últimos y nonatos Presupuestos: una deducción del 99% para los hermanos que hubieran convivido durante los últimos cinco años en la misma vivienda habitual. Según sus estimaciones se beneficiaría a 750 riojanos que dejarían de pagar 800.000 euros.
EL DATO
declaran Patrimonio por un volumen de riqueza de 4,3 millones de euros
Impuestos propios
También habrá que esperar a los próximos Presupuestos Generales de La Rioja 2020, los primeros que salgan del puño y letra del nuevo consejero de Hacienda, Celso González, para saber qué hará la Comunidad sobre impuestos que le son propios. Tal es el caso del gravamen sobre los actos jurídicos documentados (IAJD). Como se recordará el Gobierno central modificó por decreto quién es el sujeto que en una compraventa de vivienda debe abonar este tributo: si el particular que contrata una hipoteca o la entidad financiera que la concede. El borrador presupuestario de su antecesor, Alfonso Domínguez, planteaba una reducción progresiva del 'impuesto hipotecario' hasta su supresión total como medida para evitar que los bancos elevasen el coste de estos créditos para compensar el pago del impuesto. En la actualidad, y dado que los presupuestos están prorrogados, el tipo de gravamen se encuentra en el 1%. La idea era reducirlo al 0,75% en su primer ejercicio en vigor, lo que según las estimaciones de los entonces responsables de la Administración riojana beneficiaría a 2.204 ciudadanos con un impacto económico para las arcas públicas superior a los 860.000 euros.
Además de los ingresos que supongan las subidas de impuestos -el Gobierno regional precisó ayer a petición de este diario que «aún no está todo cuantificado y se siguen haciendo los cálculos»-, y de la pericia con la que negocie la financiación que tiene que llegar del Estado, el Ejecutivo perfila otras dos fuentes de ingresos: la que proporciona las compensaciones por el 'efecto frontera y la lucha «de manera eficaz» contra el fraude fiscal.
«Por una política fiscal justa, progresiva y redistributiva». Este lema encabeza el punto 7 del acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE, Podemos, IU y Equo. Los firmantes denuncian que el PP «ha rebajado los impuestos a los que más capacidad económica tienen, habiendo sido las clases medias y trabajadoras las que han sostenido(...) el peso de la crisis». «Ello -continúan- a costa de un deterioro importante de nuestros servicios públicos». Los socios prometen luchar «de manera eficaz contra el fraude fiscal». Y terminan: «Somos conscientes del déficit y(...) la deuda(...), en consecuencia, debemos reducir los gastos innecesarios(...) e incrementar los ingresos que garanticen la calidad de los servicios públicos y la inversión al desarrollo productivo».
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