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Pablo Arrieta, abogado, experto fiscal y socio fundador de Arrieta Asesores, recuerda que si queremos que haya «servicios públicos bien dotados» la Administración necesita recaudar. Y eso se hace, sobre todo, vía impuestos. El problema surge cuando se discute qué tributos deben establecerse y cuáles ... podrían rebajarse o incluso eliminarse.
- El impuesto de Patrimonio no goza de muchas simpatías entre los economistas. ¿Por qué?
- En España este tributo no se introdujo con una finalidad fiscal y financiera, sino como un mecanismo de control de rentas. Se pensó en un impuesto temporal (incluso se le añadió el adjetivo 'extraordinario') y quienes opinan que debe suprimirse recalcan que ya no es necesario como sistema de control de rentas y que además genera muchas distorsiones en el ahorro y la inversión. Podría incluso tener carácter confiscatorio, lo que está prohibido por la Constitución Española, si diera lugar a que alguien, para atender al pago del impuesto, tuviera que vender bienes. Esa es una pega; la otra es su escasa capacidad redistributiva. Por eso muchos expertos abogan por eliminarlo, aunque es verdad que hay otros economistas, que siguen las teorías de Piketty, que ven los tributos patrimoniales como un instrumento adecuado para luchar contra la excesiva acumulación de riqueza en pocas manos.
- ¿Y cuál sería la mejor opción?
- Los hacendistas no se inclinan tanto por introducir o mantener el impuesto sobre el patrimonio, que no está en casi ningún país de la OCDE, como por intentar obtener ingresos a través de otras líneas que podrían (y yo creo que deberían) proponerse. Gravando por ejemplo actividades que antes eran desconocidas pero que ahora están en boga: el comercio electrónico, la publicidad por internet, el uso de datos... Son muchas materias en las que hay casi virginidad fiscal y que ofrecen un amplio espectro, aunque puede haber dificultades en cuanto a la localización del gravamen. A nivel comunitario deberían articularse mecanismos que permitan establecer tributos en esta línea. El mundo ha cambiado y habría que explorar nuevas formas impositivas más acordes con el siglo XXI.
- También se anuncia una subida del IRPF a quienes ganen más de 60.000 euros al año. ¿Es adecuado ese límite?
- El IRPF es el impuesto progresivo por excelencia. ¿Pero cuál debe ser el nivel de esa progresividad? A mí no me parece justo que afecte igual a alguien que gane 65.000 euros al año que a un deportista de élite que gana 12 millones. Tampoco sé si va a tener en cuenta el origen de la renta, porque posiblemente no sea lo mismo que esos 60.000 euros procedan del trabajo o de otras fuentes de renta. ¿Va a afectar igual a todos? Creo que la presión fiscal en el IRPF es ya suficiente y es peligroso tocarla, más aún en un momento en el que se atisba un inicio de crisis. Hay que recordar lo que pasó en 2008. Donde sí creo que puede haber un filón es en el impuesto sobre Sociedades -que es un tributo estatal- porque la tributación efectiva de la gran empresa es infinitamente menor que la de la pyme.
- ¿Puede desencadenarse un nuevo 'efecto frontera' si unas comunidades suben sus impuestos y otras los bajan o los eliminan?
Efectivamente, aunque esto choca con la competencia financiera que defienden las comunidades autónomas. La gran cuestión pendiente en España es la financiación autonómica: hay que definir de una vez el modelo. El impuesto de sucesiones, por ejemplo, se mantiene casi en su literalidad desde el año 64. Hablamos de plena etapa franquista. Aquí no hay tanta unanimidad en cuanto a su supresión como en el caso del impuesto sobre Patrimonio: hay quien defiende que debe mantenerse por tratar de favorecer una cierta igualdad intergeneracional; pero si se mantiene habría que introducir unos niveles mínimos de armonización. Si no, iremos a una competencia fiscal a la baja y podríamos fomentar la deslocalización de personas. Y son las personas con mayores recursos las que tienen más facilidades para deslocalizarse.
- En el pacto de Gobierno en La Rioja, los socios se comprometen a luchar «de manera eficaz» contra el fraude fiscal. ¿Cómo puede hacerse?
Donde realmente es importante el fraude fiscal no es en los impuestos en los que tiene competencia la comunidad autónoma. En los tributos donde se registra mayor fraude (el IVA, Sociedades, IRPF), la gestión corresponde en exclusiva al Estado. En los impuestos autonómicos, cedidos o propios (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones; Juego), el nivel de fraude es muy limitado. Todos estamos a favor de la lucha contra el fraude, pero reflejarlo en un pacto de gobierno autonómico parece más un brindis al sol para dejar contento a determinado electorado.
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