La reforma del Estatuto se somete al bisturí

El minucioso estudio de casi 130 páginas pone la lupa en múltiples aspectos. Algunos, puramente formales como la recomendación de suprimir la expresión «riojanos y riojanas» que figura en artículos como el 29.1, siendo sustituible por otros genéricos como «la ciudadanía». Una referencia similar se apunta al hablar de «los consejeros y las consejeras» en el capítulo referido a la elección y estatuto personal de la Presidencia de la Comunidad, así como del propio término de «Presidencia». En este sentido, llama también a que el concepto «condición política de riojanos» sea superada por el indicativo «jurídico» acompañado por «riojano» por su carácter inclusivo. Al reparar en el Título I, el Consejo Consultivo expresa literalmente su perplejidad al observar que el texto alude a un «pórtico» de derecho y deberes. Por un lado, por referirse al conjunto de personas cuando debe ceñirse a la citada condición jurídica de riojano y, por el otro, por no especificar que el reconocimiento de derechos fundamentales corresponde a la Constitución.

Además de instar a visualizar estatutariamente el propio Consejo Consultivo y fijar una lista tasada de los entes que tendrán la condición de órganos institucionales de la Comunidad, el dictamen llama a concretar aspectos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones como la limitación del número de mandatos o el tiempo que se puede desempeñar la Presidencia de La Rioja. Una ambigüedad que también conmina a superar en el caso de disolución anticipada del Parlamento, especificando entre legislatura ordinaria y natural y qué se considera un proceso electoral de carácter estatal.