Un pacto por unanimidad que fructifica en Murcia y en La Rioja todavía se resiste

Como la reforma que se pergeña en La Rioja, la de Murcia recoge como novedad una relación de derecho y deberes ciudadanos, además de otras cuestiones específicas de aquella región. Entre ellas, algunas vinculadas a la gestión del agua, el sistema de financiación o guiños en relación a la memoria histórica.

Si la composición de la Cámara murciana es pareja a la riojana -PP, PSOE, Cs, Podemos- y los objetivos de la reforma en buena parte coincidentes, ¿que frena aquí la unanimidad que todos invocaron al inicio de los trabajos para ratificar un texto que podría salir adelante con una mayoría cualificada de 2/3? A la sintonía que (más o menos) ha guiado el criterio de populares y Ciudadanos se oponía en principio Podemos, que siempre ha reclamado la apertura de la reforma a las aportaciones de la sociedad civil. Una vez que asociaciones y entidades han tenido la ocasión de expresar en sede parlamentaria sus mejoras, la formación morada ha garantizado su apoyo. Los socialistas, por su parte, han afeado reiteradamente la falta de tiempo para abordar una cuestión tan transcendental y la avenencia entre las formaciones de Jesús Ángel Garrido y Diego Ubis al margen del resto, que les llevó incluso a levantarse de la comisión que sancionó el dictamen previo de la ponencia. A las dudas sobre la celebración de un pleno definitivo -el PSOE recalca que quedan numerosas enmiendas vivas y San Millán no puede ser el escenario para la sesión por afanes «electoralistas»- se suman a su juicio los «varapalos» que inflige el Consejo Consultivo al texto de la ponencia. Entre ellos, la pretensión de incorporar al Estatuto materias de montes, aprovechamientos forestales o vías pecuarias. «La CAR puede asumirlas como competencias de desarrollo legislativa y ejecución, pero no exclusivas», avisa el dictamen que no tiene carácter vinculante.