La RAH esgrime ahora una orden ministerial de 1850 para justificar la salida de las Glosas

La histórica reclamación de las Glosas encontró un inesperado apoyo en una investigación del historiador Javier García Turza sobre el archivo de San Millán. En la parte final de su libro, García Turza recuperaba una carta de Pascual de Gayangos, bibliófilo y arabista sevillano, en la que confesaba haberse encontrado en el monasterio de Yuso, en una habitación tapiada, «64 volúmenes manuscritos de la mayor antigüedad, la mayor parte iluminados». Gayangos reconocía que los había cogido sin informar ni al gobernador civil de la provincia ni al obispo de la diócesis. Con cierta dosis de cinismo, confesaba que los hubiera remitido a Logroño «si el hallazgo hubiera sido de menor importancia», pero que decidió meterlos en sacos y mandarlos directamente a Madrid. Era, a su entender, la colección de códices «más antigua y mejor de España». Aunque no era el más vistoso, y entonces se desconocía su importancia, entre esos manuscritos viajaba un libraco de sermones no muy grande, cuyas anotaciones al margen escondían las primeras frases compuestas en el nuevo idioma.

Quizá lo más curioso del caso es que la carta de Gayangos figura desde hace siglo y medio en el archivo de la Real Academia de la Historia y que ya fue reproducida en un libro, 'Los viajes literarios de Pascual de Gayangos', publicado en 2007 por Miguel Ángel Álvarez Ramos y Cristina Álvarez Millán. Sin embargo, hasta que García Turza se fijó en ella nadie había reparado en que su contenido suponía una impugnación completa del relato tradicional de la salida de las Glosas hacia Madrid. Hasta ahora, se suponía que, en cumplimiento del primer proceso desamortizador, durante el Trienio Liberal, en 1821 habían viajado primero a Burgos y luego a Madrid. La carta de Gayangos, sin embargo, desmontaba esta tesis y avalaba la teoría del expolio: el bibliófilo andaluz debería haber dado cuenta de su hallazgo no solo al gobernador civil de la provincia sino también al obispo porque el monasterio, convertido en casa de misioneros, había pasado a ser propiedad de la diócesis de Calahorra.

Aunque nadie en la Real Academia de la Historia dice nada –este periódico ha solicitado infructuosamente desde hace semanas una entrevista con su directora, Carmen Iglesias–, la revelación ha causado un evidente impacto en la docta institución. Tras su negativa a ceder las Glosas siquiera para una exhibición temporal, el Gobierno de La Rioja pidió conocer los detalles del informe emitido por el bibliotecario, el medievalista vallisoletano Miguel Ángel Ladero Quesada. Según ha sabido este periódico, la RAH no ha contestado aún a esta petición, pero sí remitió una carta al Ejecutivo en la que reclamaba mayor información sobre las investigaciones de Javier García Turza.

A la luz de estas revelaciones, la Real Academia de la Historia ha cambiado disimuladamente de estrategia. En su prólogo a la última edición crítica de Las Glosas, Carmen Iglesias aún insistía en que los códices habían salido legalmente en 1821 hacia Burgos y que cincuenta años más tarde habían acabado en la Real Academia de la Historia. Sin embargo, en el discurso que pronunció durante la presentación de esa misma obra, en febrero en 2024, ya había cambiado de versión, aunque no de idea: sostenía que las Glosas habían ingresado en la RAH en 1851 y en última instancia mencionaba el concordato firmado ese mismo año como garantía de legalidad, ya que la Iglesia «había reconocido los derechos de los nuevos propietarios».

Era aquella una defensa urgente, pero muy débil. Aquel concordato trataba de hacer tabla rasa y llamaba a respetar la propiedad de quienes hubieran «comprado» bienes desamortizados, pero Gayangos no adquirió nada: cogió los códices y se los llevó, sin dar cuenta de su hallazgo ni a las autoridades civiles ni a las religiosas.

La Real Academia de la Historia no ha contestado formalmente a las nuevas investigaciones, aunque sí lo ha hecho de manera sibilina, publicando en su página web un «nuevo espacio temático» sobre las Glosas Emilianenses. Y aquí llega un nuevo e inesperado giro de guion: la institución que dirige Carmen Iglesias asume en buena medida las tesis de García Turza y da plena validez a la carta de Gayangos, pero niega que el bibliófilo sevillano o el entonces director de la RAH, Luis López Ballesteros, obraran de manera ilegal. Toda la exposición colgada en su web puede leerse como una nueva y distinta justificación de la salida de las Glosas.

Un nuevo personaje entra ahora en escena: el extremeño Juan Bravo Murillo, líder del partido moderado que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros y que ha quedado inmortalizado con una calle céntrica en Madrid. En el año 1850, Bravo Murillo era ministro de Hacienda. Según la RAH, el 26 de agosto de 1850 publicó una Real Orden «mandando que todos los papeles y documentos históricos que existan en los monasterios y conventos (...) se trasladen a la Academia de la Historia».

«Por esta Real Orden –resume la institución–, la RAH fue destinataria de una variada documentación en riesgo cierto de pérdida, deterioro o venta». Más aún, en su presentación de los documentos, la Academia subraya que Gayangos viajaba por toda la península «investido de la autoridad conferida por la normativa vigente». De esta manera, Carmen Iglesias ha asumido la tesis de su adversario en todos sus puntos menos en uno, el principal: la ilegalidad de la salida de las Glosas.