Ana Victoria del Vigo, este martes en Martínez Zaporta. V. S.

El PSOE pide la retirada «de inmediato» de la amnistía a las residencias sin personal suficiente

Ana Victoria del Vigo anuncia que los socialistas llevarán el asunto al Defensor del Pueblo y estudian su traslado a Fiscalía

Víctor Soto

Logroño

Martes, 30 de enero 2024, 11:11

La diputada regional socialista Ana Victoria del Vigo ha anunciado este martes que en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja pedirá al Gobierno de Gonzalo Capellán que «retire de inmediato» la exención de penalidades a las empresas gestoras de residencias de ancianos y centros de día ... por el incumplimiento en las ratios de personal.

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Además, la responsable socialista ha anunciado que llevará el caso al Defensor del Pueblo y que su partido estudia su traslado a la Fiscalía porque considera que «tiene un encaje jurídico muy difícil», aunque en estos momentos todavía están valorando el asunto.

Del Vigo ha puesto el acento en que las empresas que se beneficiarán de la medida «gestionan la mayor parte de las plazas públicas» de La Rioja y que eximirles del pago de esas sanciones supone «un grave deterioro del sistema de asistencia y una importante pérdida de calidad de vida para los residentes».

La diputada ha alegado en rueda de prensa que «un Gobierno responsable debe velar por la calidad de vida de los residentes» y ha recordado que muchos de estos servicios se pagan «con dinero público».

Además, ha explicado que el sector no puede vivir en crisis porque solo en el último año «se han abierto cuatro residencias con 560 plazas y 180 en centros de días» y que estas ofertan «servicios y atencion especializada que no se van a dar».

Del Vigo ha desmentido que en algunos sectores como los auxiliares de enfermería existan carencias y ha adelantado que, a partir de este momento, podrá haber «categorías profesionales que no cumplan su cometido y pueda darse el caso de auxiliares de enfermería dispensando medicación o realizando curas que no les correspondería». Y, por último, ha argumentado que la exención y la falta de sanción provocará «una sobrecarga de trabajo entre los empleados pero también en el servicio de Salud, que va a tener que asumir esas carencias».

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