El PSOE clama contra la decisión de Capellán de romper el acuerdo con Sepes

La expresidenta Andreu había alcanzado un acuerdo con Sepes para revitalizar los mortecinos polígonos riojabajeños, con el fin de ofertar a las empresas interesadas un precio competitivo para la compra de suelo industrial, 35 euros por metro cuadrado. El pacto, que contemplaba una subvención estatal de 20,5 millones de euros (ya abonada), fijaba varias condiciones. Según ha desgranado Lacalzada, el primer requisito indicaba que el plazo para la compra de suelo finalizaba el 31 de diciembre de 2024 y el segundo, que la implantación de la actividad industrial debía haberse producido como mínimo en el 20% de la superficie total antes del 31 de diciembre de 2026. «Al Gobierno de Capellán y a su consejera de Industria parece que estos requisitos se le hacen bola y son incapaces de gestionarlos. Pero su cumplimento es absolutamente viable», insiste Lacalzada.

El exconsejero ha recordado que ya el año pasado la ADER abrió un registro de demanda de suelo industrial en ambos polígonos y a 31 de mayo de 2023 ya había seis empresas inscritas «que habían solicitado más de 90.000 metros cuadrados con una inversión de 22 millones de euros y una previsión de 250 puestos de trabajo». Lacalzada puntualiza que a esos metros hay que sumar los 94.000 que compró el Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro del Envase. «Solo con esos datos ya se cumplían los requisitos establecidos en la resolución», concluye. El exconsejero ha culpado al presidente Capellán, a su consejera León y al gerente de ADER, Luis Pérez, de «no querer trabajar en beneficio de las empresas».

En su intervención tras el Consejo de Gobierno, el portavoz, Alfonso Domínguez, señaló que el acuerdo con el Sepes resultaba inasumible porque, entre otras cuestiones, podía requerir el desembolso por parte de la comunidad autónoma de unos 60 millones de euros, algo que ya había insinuado Capellán en el Parlamento de La Rioja. Lacalzada indica que la superficie total de ambos polígonos ronda el millón de metros cuadrados. Si la comunidad autónoma compra el suelo a Sepes lo hace a 55 euros/metro cuadrado de media, lo que puede suponer unos 60 millones de euros. «A ese precio hay que descontarle la subvención de 20,5 millones, lo que dejaría el coste en unos 40 millones -puntualiza Lacalzada-; pero podemos incluso con esos 20 millones del Estado ir comprando parcelas y vendiéndolas a las empresas. De esta manera, el dinero que tenía que adelantar el gobierno de La Rioja se hubiera quedado en 30 millones de euros. ¿Tanto cuesta adelantar ese dinero para apostar por la reindustrialización y para que el suelo sea patrimonio autonómico?» El exconsejero aduce que el polígono de La Maja (Calahorra), construido por la comunidad, costó unos 30 millones de euros.

Para el PSOE, la ruptura del convenio solo se explica desde «el revanchismo» y denuncia además que las ayudas a la compra de suelo que el Gobierno anunció ayer en sustitución al acuerdo con Sepes son idénticas a las que todos los años aprueba la ADER. «El año pasado las subvenciones eran idénticas: podían llegar al 100% de la compra de suelo con un límite de 300.000 euros, además de las ayudas a la instalación y a la adquisición de maquinaria», ha señalado. Lacalzada ha escogido uno de los ejemplos que ayer mostró el gerente de la Agencia, Luis Pérez, para ejemplificar el coste que supondrá ahora para el empresario la adquisición de suelo industrial en uno de esos polígonos: «Imaginemos una empresa que quiere adquirir 20.000 metros cuadrados en el polígono de El Recuenco, con un coste de 71 euros por metro. El precio final sería de 1,42 millones, de los que cabe descontar la bonificación de 300.000 euros. Le saldrá a 1,12 millones (56 euros por metro). Si no se hubiera roto el acuerdo, esa misma parcela, con idéntica bonificación, la compraría por 400.000 euros (20 euros pror metro)».

Los socialistas reclaman al Gobierno que reconsidere su decisión y que no devuelva los 20,5 millones de euros de subvención estatal que ya se habían entregado. «Fue un acuerdo histórico que contribuía a eliminar el efecto frontera para dejar a los empresarios el suelo a un precio similar al de las comunidades vecinas con régimen foral. No nos podemos permitir el lujo de renunciar a él», concluye Lacalzada.

Desde el Partido Popular, en cambio, se insistió en calificar de «acuerdo-trampa» el pacto alcanzado por Andreu con el Gobierno de España. En una nota de prensa, los populares señalaron que era «imposible cumplir la leonina cláusula de garantizar una actividad empresarial del 20% en un polígono de un millón de metros cuadrados a fecha 31 de diciembre de 2026 cuando, a día de hoy, la obra de este polígono no está completada». «Resulta utópico pensar que esas empresas interesadas que dice el diputado del PSOE podrían estar a pleno rendimiento en este tiempo y mucho menos que ocupasen la superficie a la que obliga ese acuerdo», aseguran.