Los profesores alertan de la cronificación del maltrato y la falta de respeto a los docentes

Durante el curso pasado, 2.249 profesores de toda España buscaron ayuda en este servicio, de los cuales 11 lo hicieron en La Rioja. La evolución de los últimos cinco años, con 57 casos acumulados, mantienen la línea por encima de la decena de casos pese a los altibajos -nueve en el 2013/2014 y hasta 15 en el 2014/2015-. Datos contados, sí; con nombres y apellidos, que también, pero que a juicio del sindicato no son sino la «punta del iceberg» de un problema «mucho más grave de lo que reflejan estas estadísticas».

ANPE Rioja daba a conocer esta semana los datos a nivel regional -un solo caso más refleja un incremento porcentual del 10%, pero a nivel nacional son casi 300 casos más y una subida de hasta el 15%- precisando que, «durante nuestras visitas a centros educativos, nos encontramos con situaciones de abuso que deberían ser denunciadas pero que los profesores no lo hacen por vergüenza o por miedo». «El docente es el eslabón más débil, se ve obligado a dejar pasar el asunto y su autoridad se resiente aún más», avisan.

El 'Defensor del Profesor' de ANPE continúa siendo, un curso más, un servicio de atención inmediata y gratuito para docentes de niveles no universitarios «víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas». En La Rioja, aun teniendo en cuenta su tamaño, las hay, y el sindicato no baja la guardia. Y es que durante el curso 2016/2017, según advierten, se observa un claro aumento de la gravedad en el estado de salud de los profesores afectados, que presentan cuadros de depresión o baja laboral en más del 45% de los casos, más del doble que en cursos anteriores. «En proporción similar, se ha duplicado la demanda de atención por parte de la asesoría jurídica y de la mediación ante directivas de centros o ante la propia Administración», destacaban preocupados tanto Gustavo Navas Gil, presidente de ANPE Rioja, como Clara Álvarez Clavijo, coordinadora del servicio en la comunidad autónoma.

Ahí están los casos del pasado 2016/2017 en los que apoyan sus valoraciones. «Observamos en todos ellos un denominador común: aunque con origen diverso, el conflicto al que se enfrentaba el profesor hubiera tenido mejor solución si se articulara un protocolo eficaz para prevenir los abusos de padres, alumnos, otros profesores o dirección e incluso Administración», explicaban.

«Todos ellos carecen de una autoridad superior que automáticamente tome las riendas del asunto, analice la situación con eficacia y agilidad y llame al orden a los elementos disruptivos. Con frecuencia el profesor afectado se tiene que enfrentar a coyunturas injustas o excepcionales que van ganando en tensión sin que nada les ponga un freno activo, hasta que la situación es ya muy grave y estalla, o no le queda al docente otra salida que plantearse si se acoge a una baja médica por estrés cuando las circunstancias ya le son insoportables», añadían. «Y la sociedad debe conocerlo», insistieron.

El informe anual, en lo que a La Rioja se refiere, refleja que los tipos de conflicto registrados en las aulas riojanas se han reducido notablemente respecto a cursos precedentes, ya que no se han producido daños materiales, lesiones o acoso de otros profesores. En cambio, se observa que los casos acumulan conflictos en varios frentes, siendo con frecuencia el altercado originario el que, al no resolverse, arrastra un nuevo problema a otro nivel. Así, las faltas de respeto de alumnos o el acoso de los padres acaban en problemas del profesor con la dirección de su centro.

En cuanto a los niveles educativos en que se producen los casos, es destacable que de nuevo es Secundaria donde mayor incidencia se registra, siendo ésta la tónica habitual, «por tener los alumnos unas edades más problemáticas», excepto el curso pasado, en que fue Infantil y Primaria la que acumuló la mitad de los expedientes.

Desde ANPE Rioja, además, se concluye que prácticamente todos los centros en que se originan las denuncias son públicos, «pero tenemos experiencia anterior de que los profesores en centros privados-concertados son reacios a denunciar los problemas con alumnos o con la dirección del centro temiendo sufrir perjuicios en su puesto de trabajo».

La distribución por zonas geográficas, según el mismo informe, es uniforme en La Rioja. Destaca que Logroño, con tanta población como el resto de la comunidad autónoma, presenta una incidencia menor de casos. Y es que dos tercios de los mismos estarían en los pueblos, con 4 en La Rioja Baja y 3 en La Rioja Alta.