Primer auto judicial en La Rioja que perdona una deuda pública a un autónomo en quiebra

El caso concreto es el de un autónomo que quebró hace unos años acumulando una deuda de 42.000 euros repartida entre dos entidades financieras privadas y la Agencia Tributaria (AEAT). El bufete que ha llevado el caso en el Juzgado de Primera Instancia número 6 y de lo Mercantil de Logroño es Ibarra Abogados y el letrado que personalmente lo ha dirigido es Andrés Ibarra, quien explica que, como en todos los expedientes de Segunda Oportunidad, esta persona trató de llegar a un acuerdo extrajudicial, que es uno de los requisitos que exige la Ley, además, entre otros, de actuar de buena fe: no ocultar bienes y poder justificar el origen de las deuda y el motivo por el cual se llega a la situación de insolvencia. Al fin y al cabo, probar que no es que no quiera pagar, es que no puede y tampoco ha elegido encontrarse en esa situación.

La cuestión es que en el caso de la deuda con los bancos, Ibarra tenía la seguridad de que la solicitud prosperaría, no así en el del pasivo con la AEAT. En este sentido, el letrado recuerda el debate que se generó el año pasado sobre si las deudas públicas también entraban en la exoneración que prevé la Ley de Segunda Oportunidad. El Tribunal Supremo fijó doctrina en el 2019 tras años de controversia (la Ley se aprobó en el 2015) y dictaminó que también debe haber perdón público y no solo privado para quienes lo han perdido todo y han fracasado en el intento de llegar a un acuerdo con sus acreedores para fijar un plan de pagos. La polémica fue que, a pesar de la jurisprudencia del Supremo, el legislador, en el texto refundido de la Ley Concursal publicado en el BOE, lo obvió creando confusión e inseguridad jurídica.

Pero la Justicia riojana se ha alineado con el TS, como ya han hecho juzgados de Madrid, Barcelona y País Vasco. En un auto con fecha del pasado día 15, el Primera Instancia número 6 y de lo Mercantil de Logroño entiende que la entrada en vigor del texto refundido «no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurisprudencial». Concluye que se trata de «una vulneración», en la medida en la que la nueva regulación es «manifiestamente contraria a la norma», lo que supone «un exceso 'ultra vires' en la delegación otorgada para proceder a la refundición». Esto es, que la Administración rebasó el límite de la Ley y actuó más allá de su competencia o autoridad, razón por la cual, «los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad», pueden no aplicarlo para no contradecir al TS, destaca el auto riojano.

En consecuencia, este autónomo que, «cuando entró en concurso de acreedores ya estaba trabajando por cuenta ajena», ha quedado libre de toda deuda, incluida la de Hacienda, y ha podido «rehacerse y continuar con su vida», destaca Ibarra, quien añade que su despacho dio importancia «estratégica» a la Segunda Oportunidad en el 2015, cuando entró en vigor, porque «vimos que los autónomos y las familias que habían tenido mala suerte podían empezar a utilizarla para solucionar los problemas que aún arrastran a raíz de la crisis económica». De hecho, «ahora llevamos bastantes asuntos». Ahora bien, advierte, se trata de «un proceso largo y para llegar a buen puerto, la exoneración de las deudas, el sacrificio que tiene que hacer el deudor es enorme: liquidar su patrimonio, incluida su vivienda habitual y su vehículo, y esa es la parte menos conocida». «Todavía existe mucha desinformación», subraya.

Además de este auto pionero que exonera pasivos públicos, La Rioja sigue sumando nuevos casos de 'perdón' de deudas privadas. Al primero de 2016, en Calahorra, se añadieron dos más en Logroño, el pasado 25 de febrero, también del Juzgado de Primera Instancia número 6: uno por unas deudas de 40.000 euros y, otro, por casi 14.000 euros. Ambos asuntos los ha llevado el equipo jurídico de Repara tu Deuda, que tiene otros 98 casos en tramitación, algunos de los cuales confían en que se resolverán favorablemente en breve. Así lo explica la directora del Departamento Jurídico, Ana Isabel García, quien añade que «esta ley lleva más de diez años aplicándose en países europeos, porque el hecho de que una persona fracase económicamente no significa que tenga que arrastrar esta losa toda su vida. Tiene derecho a empezar de cero». García añade que la Ley es una oportunidad «viable» y añade que la crisis económica derivada de la pandemia ha hecho «que la cifra de casos que llevemos haya crecido el 50%».