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El compromiso del Gobierno de Concha Andreu de recuperar para el sistema público los servicios sanitarios hasta ahora externalizados tenía en uno de sus punto de mira el servicio de ambulancias, y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se lo recuerda.
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El pacto ... a tres entre el PSOE, IU y Podemos que facilitó la investidura de la candidata socialista hace referencia expresa a contratos como el que ha venido manteniendo el Ejecutivo regional del PP como Viamed-Los Manzanos, pero señala el mismo camino al resto de las prestaciones en materia de Salud conveniadas con empresas privadas. Algunas de ellas tremendamente relevantes, tanto por la cuantía de los contratos suscritos en su momento como por la presión ejercida para revertir la actual coyuntura. Es el caso del transporte sanitario, cuya adjudicación se remonta a finales de enero del 2017 por un importe final de 26,9 millones de euros en favor de una UTE liderada por Ferrovial Servicios y un plazo de finalización que en principio sería marzo del 2021, aunque hay opción de prorrogarlo.
26,9 millones de euros fue el precio final de adjudicación del servicio cuyo presupuesto base fue de 28,9 millones.
8 firmas optaron al concurso con el que se hizo finalmente la UTE encabezada por Ferrovial Servicios.
La Plataforma presiona ya al Gobierno para que no haya prórroga alguna, pues considera, en palabras de Javier Granda, que este servicio «puede y debe» ser asumido por Salud, por lo que exige a la Consejería que se ponga «manos a la obra».
El acuerdo de externalización con el departamento de Salud que en aquel momento lideraba María Martín contempló que la duración del compromiso entre ambas partes abarcaría cuatro años, hasta el 31 de marzo del 2021. Esa es la primera fecha que la nueva titular de la Consejería, Sara Alba, tiene para consumar la reinternalización de una prestación a la que en su día optaron ocho firmas sobre un presupuesto inicial de licitación de 28,9 millones y una anualidad máxima de 7,24. Un puja en la que salió triunfante Ferrovial Servicios, tomando el relevo de Asiscar Ambulancias, que ganó el primer concurso convocado en el 2002 y, tras diferentes prórrogas, se prolongó hasta principos del 2016.
Como en otro tipo de contratos de similares características, entre las cláusulas del ahora vigente se abre la puerta a alargarlo más allá de los cuatro años previstos en origen mediante prórrogas que, en todo caso, no podrán hacer que la duración total exceda los seis años. El acuerdo remarca en este punto que se debe preavisar a la Administración con una antelación de ocho meses a la finalización del contrato con la intención de la entidad de prorrogar o no el contrato.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja no admite dudas ni reservas: el servicio de transporte sanitario no sólo puede ser gestionado desde la Administración, sino que así debe ser. El portavoz del colectivo, Javier Granda, remite a la literalidad en este punto del acuerdo por un gobierno de izquierdas y progresista que aupó a Concha Andreu al Palacete de Vara de Rey y llama a la Consejería de Salud a «ponerse manos a la obra» para evitar una prórroga condicionada como sucedió con el contrato de Viamed-Los Manzanos. «En ese caso se adujo que no había tiempo material para el rescate total cuando se cumplió el plazo el 30 noviembre, pero aquí hay margen para articular la operativa necesaria para asumir el servicio», reflexiona Granda.
La Plataforma apunta incluso cuál podría ser la fórmula idónea para el traspaso a la gestión pública de la actividad que en su día estuvo en manos de Asiscar y en la actualidad recae en Ferrovial Servicios: crear una empresa pública. «Es el modelo que se está siguiendo en otras comunidades como Baleares para subrogar a los trabajadores y al que La Rioja también puede mirar», sugieren desde el ente que, como en el caso de Radiología, hace hincapié en la «voluntad política» como clave para dar cumplimiento al pacto suscrito por el PSOE con IU y Podemos. En su opinión, el cambio apenas supondría ningún quebranto para los intereses de la Administración. «Prácticamente el 75% del gasto que paga Salud a la empresa cubre el coste del personal, y otra parte se dedica a contratar por renting los vehículos y la adquisición de mobiliario, enseres y gastos de oficina», recapitula, para concluir que la firma encargada del servicio «no ha invertido un duro» y sólo le mueve el beneficio. «El 'rescate' no sólo no supondría ningún coste adicional, sino que incluso implicaría un ahorro», sostiene Granda para recordar la licitación a la baja en la que finalmente se concretó un contrato cuyo presupuesto base fue de 28,9 millones por un periodo de cuatro años.
El documento suscrito entre el PSOE y sus socios, al que alude la Plataforma para insistir en sus exigencias, pone un marco genérico a «eliminar paulatinamente» los conciertos, convenios y contratos suscritos hasta ahora, recuperando para el sistema riojano de salud «la totalidad» de la asistencia sanitaria sostenida con fondos públicos y priorizando el interés del paciente. En el mismo capítulo pone negro sobre blanco sus intenciones sobre el transporte sanitario urgente y no urgente de la comunidad, comprometiéndose a velar por el cumplimiento del pliego de condiciones, defender el uso público de los recursos y asegurar una óptima calidad del servicio en todo el territorio riojano. La redacción hace por lo tanto más hincapié en el rigor del servicio que en su 'rescate', si bien es factible que así sea. Así lo reconoció el propio Gobierno regional cuando dio a conocer la «prorróga condicionada» por el plazo de un año en el caso del concierto con Viamed-Los Manzanos y que concluía el pasado 30 de noviembre, refiriendo el transporte sanitario entre los servicios susceptibles de retornar plenamente a manos públicas.
El departamento de Sara Alba se muestra renuente a avanzar cuál será la decisión final. Como en el caso de Radiología y el futuro del servicio adjudicado en cuatro lotes en abril del 2013 a Resonancia Magnética y Alliance Medical La Rioja, la Consejería de Salud se remite a los grupos de trabajo conformados para valorar las posibilidades de reinternalizar el transporte sanitario. El resultado del análisis y el compromiso político definirá su futuro.
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