«Pedimos un Gobierno de izquierdas valiente para el que la prioridad sean las personas»

-Jorge Ruano: Nosotros no pedimos cosas que no sean moderadas. Pedimos un giro de las políticas, más hacia las personas y menos hacia el capital. Las políticas aplicadas hasta ahora han generado desigualdad porque ha habido un crecimiento económico muy importante, pero la riqueza no se ha repartido y no se ha recuperado lo perdido.

-Jesús Izquierdo: Nosotros no le pedimos moderación. Pedimos que la prioridad de las políticas sean las personas, fundamentalmente los más desfavorecidos, para que se corrijan las desigualdades que se han agudizado durante tantos años, y que se reparta la riqueza. Pedimos un Gobierno de izquierdas que atienda las propuestas de UGT y CCOO.

-¿Cuáles son, además de la contrarreforma laboral?

-J.R.: Situar al país a la vanguardia de un modelo productivo sostenible que tenga en cuenta la transición energética y medioambiental, y que permita crear empleo de calidad y de mayor valor añadido. También, garantizar por Ley la igualdad entre hombres y mujeres, y reforzar la lucha contra la violencia de género y la pobreza. Aprovechar el margen que da que recaudemos por impuestos siete u ocho puntos menos que la media europea para derogar la reforma de pensiones del PP e invertir en los servicios públicos de sanidad, educación y protección social, que es lo que realmente les importa a las personas en su día a día. Pero somos muy insistentes en exigir la derogación de la reforma laboral porque es un techo que impide mejores salarios y convenios. Hay que eliminarlo y abrir un nuevo marco de relaciones.

-J.I.: Yo le pido valentía al Gobierno para que las pensiones se vinculen al IPC y se suprima el factor de sostenibilidad, y para que garantice la igualdad de oportunidades y mejore la calidad de nuestra democracia: derogación de la 'Ley mordaza' y del artículo 315 del código penal, que ha significado la encarcelación y persecución de sindicalistas por ejercer su derecho a la huelga. En definitiva, más derechos y libertades. Y le pido, asimismo, que combata la siniestralidad laboral: es inaceptable que en este país dos trabajadores pierdan cada día la vida por intentar ganársela dignamente. Queremos iniciativas legislativas o, incluso, un pacto de Estado.

-¿La siniestralidad laboral ha aumentado por la recuperación de la actividad económica?

-J.I.: Y por la precariedad del empleo. El último accidente mortal en la industria riojana fue el de un trabajador eventual, en un puesto que no se correspondía con su preparación y que no tenía la formación suficiente en prevención de riesgos laborales. Este es el cóctel perfecto para un accidente. Por eso hay que dar un paso más en la legislación en materia de prevención.

-J.R.: Gracias a la normativa en materia de prevención que tenemos desde hace más de veinte años conseguimos reducir la siniestralidad, pero a partir del 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral, se produjo una precarización automática del empleo y, desde entonces, no ha dejado de crecer la cifra de accidentes. Con la reforma se ha reducido la duración media de los contratos y es imposible darle formación a un trabajador que tiene un contrato de una semana. Es imposible. Es un candidato a sufrir un accidente.

-Diversos expertos atribuyen el aumento del paro en el primer trimestre (datos EPA) a la subida del SMI a 900 euros.

-J.I.: Negamos la mayor. Tiene más que ver con la desaceleración de las economías europeas. Para nosotros, la senda de recuperación de los salarios es imprescindible para que la riqueza que generan las empresas, que han recuperado los beneficios previos a la crisis, se reparta entre todos los que la creamos.

-J.R.: La economía española sigue creciendo gracias al tirón del consumo interno. De las familias. Y para ello, el elemento fundamental es la subida de las pensiones y el incremento de los salarios, especialmente del SMI. Por eso sostenemos que nuestras recetas pueden funcionar y dar buenos resultados. No es cierto que sean descabelladas o que lleven a la ruina. Este país necesita del consumo de las familias, y hay que alimentarlo. Cuando el capital gana dinero y las cosas van mal, lo guarda, no lo invierte. Cuando las familias tienen un dinero a su disposición lo gastan en lo necesario. Eso tira de la economía del país y, en consecuencia, hay que sostenerlo.

-Algunos sindicatos como USO y la CSIF piden al Gobierno otra reforma: la de la Ley de Libertad Sindical para abrir la participación en los ámbitos de decisión a otras centrales al entender que la situación actual privilegia a UGT y CCOO.

-J.I.: A nosotros nadie nos ha regalado nada. UGT y CCOO suman el 80% de la representación sindical y, parece lógico, que no se nos mida a todos de la misma manera. Nosotros apostamos por el diálogo social y por la concertación con el Gobierno de España y, por supuesto, con el de La Rioja, y aquí, los interlocutores válidos somos los agentes económicos y sociales y, hablando de los sindicatos, UGT y CCOO.

-J.R.: La realidad es que un sindicato no tiene que ser fuerte sólo en un sector sino que, para poder actuar en todos los ámbitos, y como reconoce la Constitución, tiene que tener una representación mucho más amplia para poder opinar. Hay centrales, muchas de ellas corporativas, que tienen la representación en un sector, en muchos casos mayoritaria, superándonos. Pero en otros ámbitos no llegan. En todo caso, nosotros nunca hemos mantenido en el marco del diálogo social que lo que se acuerda no tenga en cuenta a otras entidades y colectivos. Al contrario, a iniciativa nuestra se somete al resto de la sociedad para que lo hagan suyo haciendo aportaciones.

-La Mesa del Diálogo social ¿qué resultados ha dado para los trabajadores?

-J.I.: Es una pregunta complicada, porque quizás no son los que nos hubieran gustado. Hay cuestiones como el Plan de Desarrollo Industrial para favorecer la creación de empleo estable y de calidad, del que cuelgan el Observatorio Industrial y los Proyectos de Interés Estratégico Regional, que han visto la luz en el descuento de la legislatura. Ha habido lentitud por parte del Gobierno riojano. Si hablamos del Plan de Empleo y Formación Profesional, el grado de cumplimiento de las políticas activas de empleo ha sido insignificante, en torno al 16%. Otras cuestiones que no han visto la luz o se han quedado en agua de borrajas son la Ley de Participación y Colaboración Ciudadana, y el Acuerdo por las Infraestructuras.

-J.R.: Que un Gobierno hable con los agentes económicos y sociales de una forma estable y con transparencia es positivo. Para ello, establecer un marco por Ley ha sido fundamental. Pero el desarrollo de las iniciativas ha sido muy desigual. Hay que poner en valor los proyectos correspondientes a la parte económica, pero los relacionados con las políticas sociales dejan mucho que desear. En el caso de las políticas públicas ha sido imposible avanzar, nada de nada, por la posición de la patronal y la falta de decisión del Gobierno, y las cuestiones relacionadas con el empleo se metieron en un cajón, donde llevan tres años.

-¿Compartir con la FER la mesa institucionalizada del diálogo social ha hecho más fluidas las relaciones? Ya han conseguido mover ficha en convenios bloqueados hace años: comercio, agropecuario, champiñón...

-J.I.: Creo que sí y, también, tengo que decirlo, a iniciativa del Gobierno, que ha creído conveniente actualizar las condiciones laborales de los trabajadores. Lo ocurrido nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre el modelo de relaciones que debe tener La Rioja: debe haber un marco regulador que fije un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes. Y esto, que está pactado a nivel nacional desde el 2018, hay que trasladarlo a la negociación colectiva regional. Es un acuerdo obligatorio, no una declaración de intenciones.

-J.R.: La mesa tripartita ha ayudado a desbloquear la situación, pero la FER está incumpliendo los acuerdos firmados con la CEOE, de la que forma parte, y con la Cepyme.

-En el lema del 1º de Mayo aparece, por primera vez, la petición de «más cohesión». ¿A qué se refieren?

-J.I.: A avanzar en derechos laborales, en la revalorización y sostenibilidad de las pensiones públicas, en un plan de choque a favor del empleo de calidad para los jóvenes y los mayores de 45 años, en la redistribución de la riqueza y en una fiscalidad más justa: es necesario financiar los servicios públicos y garantizar que paguen más lo que más tienen.

-Pero, ¿quiénes son los que más tienen?

-J.R.: Las grandes empresas del IBEX y las grandes fortunas, que pagan menos impuestos que los trabajadores y no generan riqueza. Esa es la clave. No hablamos de las pymes. Hablamos de quienes acumulan beneficios y especulan con ellos y, además, no los reinvierten, intentan explotar más a los trabajadores y compiten deslealmente bajando los salarios porque el marco legislativo se lo facilita. La reforma laboral se lo pone en bandeja al capital porque se hizo a su medida y a su dictado. Por eso hablamos de cohesión social, porque tenemos pobreza en este país mientras crecemos. No podemos seguir ahondando en ese problema porque nos pasará factura como hemos visto con los radicalismos y los extremismos.