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Si el decreto de convivencia ya recibió las críticas de una parte de la comunidad docente de La Rioja, la primera de las tres órdenes que lo desarrollan, publicada recientemente en el BOR, ha despertado un enorme malestar entre los profesores de la región.
En el punto de mira de la práctica totalidad de los docentes está el artículo 53, un punto que viene a recoger las conductas que estos profesionales deben evitar en el aula, tales como hablar por el móvil en clase sin justificación, no escuchar, prestar atención selectiva a determinados alumnos o no llevar la clase preparada.
La indignación no es tanto por lo que dice, sino porque de esta forma creen que desde Educación pueden dar a entender que buena parte de la profesión practica esas mismas conductas que recomienda evitar y de esta forma se les llama a no hacerlo.
En ANPE, su presidente, Gustavo Navas, entiende que las directrices que Educación reflejó en el mencionado artículo «están de más» porque «esas conductas son del no docente y poner eso en una orden como si fuera una actitud general no tiene sentido y lógicamente nos hemos sentido molestos». Así lo han manifestado desde el sindicato en varias ocasiones y en aquellos ámbitos en los que pueden tratar con la Consejería de Educación, como es en el marco de la mesa sectorial y en el Consejo Escolar de La Rioja.
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De hecho, ANPE enmendó el mencionado artículo y pidió su retirada con poco éxito. «La Consejería no ha hecho ni caso y ha seguido adelante con un artículo que es un despropósito». A juicio de Navas, es una muestra más de la política de «imposición» de esta Consejería. «Ni para el decreto ni para la orden ha habido consenso ninguno, mucha convivencia y mucha negociación y no se ha negociado absolutamente nada ni del decreto ni de la orden», sentencia.
En la Federación de Enseñanza de CCOO, su secretario general, Pedro Antolín, comparte el malestar por el artículo en cuestión, no así por el decreto de convivencia y esta primera orden que lo desarrolla. Aplaude que desde la Consejería de Educación a través del decreto de convivencia quieran «llevar acciones preventivas y reparativas y no solo punitivas», pero el artículo 53 despierta cierto rechazo. Al igual que ANPE, el punto fue objeto de enmienda por parte de CCOO. Pedían su desaparición porque se «criminaliza» al profesorado haciendo corte raso y «dando a entender» que todos «hacen esta serie de acciones que no tienen nada que ver con la vida real de un centro en el que todos los profesores realizan su trabajo de una manera ejemplar en su gran mayoría». Es por eso que siguen exigiendo su desaparición. No ponen pegas al resto de la orden y del decreto siempre que vaya acompañado de recursos tanto personales como materiales para llevar a cabo su implantación.
Desde FSIE, critican que el Plan de Convivencia de Educación «exime de responsabilidad al alumnado y que pone en duda la labor del profesorado y, por ende, de los propios centros». Entienden que en esta plan subyace la idea de que los centros «nunca han tomado medidas para crear un clima apto y poder atajar las diferentes situaciones que se crean en el día a día».
Conocedores de la «polémica», en la Consejería se reafirmaban este miércoles con el contenido del artículo 53 «desde el convencimiento de que las propias familias están de acuerdo con el mismo». Rechazan que se señale ni a los docentes «ni mucho menos a su forma de trabajar, simplemente se indican las prácticas que no son deseables por parte de nadie. Es de puro sentido común». Creen que lo deseable sería leer el decreto completo (50 artículos) y la propia orden (82 artículos), «para conocer el verdadero sentido y motivaciones, y no un artículo aislado». Y recuerdan que la elaboración del mismo se trabajó «ampliamente y durante meses, con grupos de docentes y expertos de otros ámbitos como el universitario, en un proceso participativo abierto a quien quiso formar parte y aportar; y que posteriormente se han llevado, se llevan y se llevarán a cabo procesos de formación para su desarrollo, también abiertos a quien quiere participar en ellos».
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