Con la juventud riojana no se juega

El episodio es solo uno de los tantos que se acumulan en la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA), donde llevan tiempo apreciando un cambio de perfil entre sus usuarios. No solo son cada vez más jóvenes, sino que tienen las apuestas deportivas e Internet como principal foco de un problema que alcanza ya la condición de problema de salud pública. Una emergencia social.

La extensión de este fenómeno se certifica en el día a día. En episodios cada vez menos infrecuentes con nombres y apellidos concretos, en la proliferación de negocios de apuestas por las calles, en una publicidad brutal. Y también a nivel estadístico en estudios como el que la Universidad de Valencia ha elaborado a partir de la consulta a 7.000 estudiantes de 15 a 17 años. La conclusión es turbadora: más de la mitad de los menores había apostado dinero alguna vez en su corta vida y el 2,1% de todos ellos sufría ya problemas con el juego.

Las administraciones no son ajenas a esta realidad regulada en algunos aspectos a nivel estatal (loterías nacionales, quinielas, apuestas on-line...) y que deja a las comunidades las competencias en relación al resto de actividades. Tampoco en La Rioja. La Ley autonómica reguladora del Juego y Apuestas data de 1999. Desde entonces se han desarrollado diferentes reglamentos, catálogos y se han aprobado decretos y órdenes que han modificado parcialmente el articulado con la vista puesta en la protección de los grupos más expuestos.

La comunidad autónoma fue en su momento pionera en el registro de las personas que por iniciativa propia o por mediación de terceros (resolución judicial o decisión del entorno familiar) se inscriben para evitar la entrada a cualquier página web y establecimiento que oferta esta actividad. Abundando en esa línea, el año pasado se concretó una circular que intensifica el control en salas de juego para evitar la presencia de menores y advirtiendo de las consecuencias de su incumplimiento. Más recientemente, la Ley de Medidas Urgentes pactada en el último tramo de la anterior legislatura entre PP y Cs impuso una distancia mínima de 200 metros de centros docentes para la instalación de nuevos salones de juego. Lardero ha sido uno de los primeros municipios en hacer valer este requisito, denegando esta misma semana la licencia municipal para la apertura de un negocio de estas características por su proximidad al colegio.

El estrenado Ejecutivo de coalición de La Rioja también ha hecho suya la misma bandera por defender a los más jóvenes de este riesgo. Y no de manera genérica. El acuerdo de gobierno suscrito a tres bandas entre el PSOE, IU y Podemos para facilitar la investidura de Concha Andreu lo explicita entre los compromisos adquiridos por todos los socios. Negro sobre blanco. No va más.

Las riendas de ese nuevo marco quedan en manos de la Consejería de Hacienda comandada por Celso González. El nuevo director general de Tributos, José Ángel Lacalzada, reafirma el compromiso adquirido y el objetivo de la revisión legislativa que, como avisa, debe conjugar múltiples factores. «La nueva realidad social y económica y el auge del sector del juego hacen necesaria la elaboración de una nueva Ley del Juego que regule un marco amplio, que determine los principios y conceptos de lo que deben ser los juegos y apuestas permitidas, fomentar las políticas de juego responsable y establecer unas limitaciones claras y precisas para la apertura de nuevos locales», resume Lacalzada poniendo en la cumbre de ese afán una finalidad irrenunciable: proteger a los colectivos más vulnerables, con los jóvenes en primera línea.

Lacalzada se muestra remiso a avanzar cuáles serán las modificaciones que se implementarán para alcanzar ese propósito y remite a las iniciativas que planteen los actores implicados. Todos ellos. «En aras a las transparencia, el diálogo y el consenso, el primer paso consistirá en escuchar y solicitar la participación de la totalidad involucrados en el sector», apunta. Por un lado, desde la asociación riojana de empresas operadoras de máquinas, hasta la asociación de empresas de bingo y todas las demás representantes de casinos, salones de juego y tiendas de apuestas; por el otro, la sociedad civil en su conjunto con ARJA como referente principal.

El director general de Tributos asume de partida que los intereses de ambas partes serán más que divergentes, antagónicos. «Estamos obligados a alcanzar un equilibrio en el que se prevea la libertad de empresa pero, ante todo, se proteja a la parte de la sociedad más vulnerable», insiste. Tampoco los jugosos ingresos que reporta este tipo de actividades a las arcas riojanas y que de acuerdo a los últimos datos rondan los 9 millones de euros (entre impuestos, sanciones y tasas administrativas) pueden ser a su juicio ni un obstáculo ni un condicionante para la reforma legislativa que llegue a alumbrarse de forma consensuada. «No pueden consentirse que esa parte pese más cuando las consecuencias de la ludopatía pueden generar un gasto en salud muy superior», razona.

Más allá de las diferencias que puedan suscitarse en el proceso que ahora empieza a esbozarse, Lacalzada mira a los logros alcanzados hasta el momento. «La Rioja fue una de las primeras comunidades en implantar un registro de prohibición de acceso tanto a los salones de juego como en las plataformas por Internet», recuerda en relación a un catálogo que en la actualidad cuenta con 356 inscritos. En ese punto de partida encuadra también la última limitación en cuanto a la distancia de un centro docente exigida para la apertura de un negocio de este tipo o las indicaciones oficiales dirigidas a los propietarios respecto a sus obligaciones (y sanciones que van desde los 6.000 y 450.000 euros, además de la posible clausura o inhabilitación) en relación al acceso de menores a sus recintos.

¿Debería la reforma legislativa restringir aún más la ubicación de las casas de apuestas? ¿Habría que endurecer las penas por incumplir la ley? ¿De qué manera pueden condicionarse las licencias? Lacalzada se guarda la respuesta definitiva hasta el virtual acuerdo que se alcance, haciendo también un ejercicio comparativo con la dirección tomada en otras autonomía más avanzadas en la materia como Asturias. Lo que el responsable de Tributos sí juzga innegociable es ahondar en paralelo en otras actuaciones en forma de campañas de prevención y sensibilización dirigidas fundamentalmente a menores, jóvenes, familias y personas sensibles con el juego. Una tarea en la que la Consejería se aliará con la UR para la elaboración de los estudios precisos para un diagnóstico fidedigno.

Lo que cualquier análisis confirmará es una realidad estadística que advierte de un crecimiento exponencial del sector en La Rioja. Mientras los salones de juego han pasado de 17 a 31 en menos de una década, las tiendas especializadas suman ya nueve y el número de apuestas desde el 2014 se ha disparado de algo más de 262.000 euros a casi 6 millones.