El jurado popular se sienta en el banquillo

Era el 23 de junio de 1998 y por primera vez la justicia riojana 'delegaba' en un tribunal popular. Todos los que aquel día acudieron a la Audiencia Provincial tenían una única referencia del jurado: la grabada en 35 milímetros y que habían visto en alguno de los pases del Sahor, el Astoria o el Diana. «Enfaticé un poco el interrogatorio del acusado. Le pregunté que por qué, cuando vio que la víctima sangraba por el oído, siguió golpeándole con el bastón en la cabeza... Miré al jurado y estaba aterrorizado. Cambié totalmente. Me dije a mí mismo que no estábamos en una película americana».

No. Además, completa Gabriel Jiménez Campillo -defensor hace 20 años del homicida de 'La Upe'- prolongando el argumento cinematográfico, «no siempre hay un Henry Fonda», el jurado número 8 de 'Doce Hombres sin piedad' que sembraba la duda razonable hasta conseguir que la justicia (como concepto ético) y el derecho se abrazaran, algo que, apostilla Jiménez Campillo, «no siempre se consigue».

Ayer se cumplieron 20 años del primer juicio con jurado en La Rioja -en España se estrenó dos años antes, en 1996, en cumplimiento del expreso mandato de la Constitución-. Muchos fueron los que entonces celebraron el aterrizaje del ciudadano en el sistema judicial. Savia nueva para la justicia. Una solución calificada de progresista que venía a orear los añejos cimientos del tercer poder del Estado. Dos décadas después sus detractores son legión y cuando en un despacho entra un delito 'de jurado' no pocos son los letrados que tratan de poner tierra de por medio.

Y eso que tampoco es que el jurado haya sido una figura muy recurrente en La Rioja. Pese a lo que inicialmente podría haberse pensado, durante estos años tan sólo se han constituido 15 jurados. Uno de ellos, además, fue disuelto por el juez al considerar que no había pruebas suficientes contra el imputado.

Es cierto que pudo haber más casos juzgados por legos en derecho, pero haciendo bueno el viejo axioma judicial que asegura que más vale un mal arreglo que un buen pleito, los acuerdos entre las partes han esquivado en no pocas ocasiones esa justicia popular. A esos pactos también invita el balance final de los 15 procesos desarrollados en La Rioja: trece condenados (prácticamente todos con la pena íntegra que solicitaba el Ministerio Fiscal) y un único absuelto, además del proceso que fue suspendido.

Gullón y Jiménez Campillo -junto con el actual Fiscal Superior de La Rioja, Enrique Stern- fueron tres de los protagonistas del caso de 'La Upe' (el cuarto, el juez José Félix Mota, es ahora magistrado en la Audiencia Provincial de Tenerife). Los dos letrados partieron en aquel proceso desde posiciones conceptuales antagónicas en lo que al tribunal del jurado se refiere.

El paso del tiempo ha limado esa distancia y ahora comparten idéntico punto de vista. Gullón no duda en reconocer que entonces era un «entusiasta del jurado». Y recita la teoría, lo que dicen los manuales: «La Justicia emana del pueblo, que está por encima de los jueces; el delito es un acto contra el pueblo y el pueblo se revela y lo castiga...». Luego conoció el pero: «Cuando bajas al barro te das cuenta de que no sabes si eso es justicia u otra cosa». ¿Venganza? «Sí, puede tener algo de eso», señala.

Jiménez Campillo -que asumió entonces de rebote y a petición de la propia Audiencia la defensa del acusado, explica- siempre ha tenido serias dudas sobre la utilidad del jurado. «La gente no entendía lo que le intentábamos explicar. En derecho hay muchos matices, pequeñas diferencias muy técnicas difíciles de comprender». Y recurre al ejemplo de 'La Manada' argumentando que el tribunal profesional está especializado en ser imparcial, en valorar de manera objetiva las pruebas.

«Si el jurado se rige por los principios que socialmente hemos visto en los medios de comunicación en el caso de 'La Manada' estaríamos ante una condena a muerte o a cadena perpetua... Yo creo en el derecho y sigo creyendo en él. Es cierto que los jueces también se pueden equivocar y para eso están los recursos, pero prefiero el riesgo de una sentencia incorrecta de un tribunal profesional que lleva juzgando, conociendo y aplicando el derecho años y años».

Las dudas sobre la validez del jurado se extiende a todos sus elementos. Incluso al hecho de que se limite a ciertos delitos -homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos-.

«Asignan a los ciudadanos aquellos que parece que socialmente están más predispuestos al jurado. ¿Por qué sí es capaz de valorar un asesinato y no un delito contra la Hacienda Pública?», cuestiona Gabriel Jiménez Campillo.

En un juicio con jurado todo cambia... Y no solo, que también, la 'decoración' de la sala de la Audiencia. Sobre todo varía la forma de actuar de jueces, fiscales y letrados. Todo es más relajado. Incluso, por momentos, paternalista.

Son clases magistrales de derecho en las que el juez va iluminando a los miembros del jurado con ligeros apuntes el intrincado camino que deben recorrer. Es lo que Enrique Stern -fiscal jefe en la actualidad y acusación pública hace dos décadas- llama «recuperación de la memoria. Tenemos que volver a explicar todas esas cosas que delante de un tribunal profesional se dan por supuestas y que se omiten. Hay que exponer paso a paso, desde el primer momento, todo el proceso: cómo se ha conseguido una prueba, una detención...».

Ese trabajo se extiende también (y sobre todo) al juez que preside la sesión. Alfonso Santisteban, presidente de la Audiencia Provincial de Logroño, ha estado en más de uno. «El cambio llega con la vista oral. Es una fase más educativa y hay que tener en cuenta que toda la prueba se tiene que practicar en el acto del juicio oral y se excluyen las diligencias o trámites de instrucción». Por eso, incide Santisteban, «hay una fase educativa del jurado. No valorando las pruebas, sino haciendo aclaraciones a las dudas que puedan tener», completa.

También los propios letrados tienen que adaptarse a esos cambios. Tanto que, dice Jon Zabala -el único letrado que se ha enfrentado en La Rioja a un jurado popular en calidad de defensa y ha conseguido que su cliente no fuera condenado-, se produce una especie de inversión de la carga de la prueba. Esto es, ante el jurado, viene a decir, el acusado es presuntamente culpable. «La gente piensa que si alguien ha llegado a juicio es porque algo habrá hecho. No piensan en que pueda quedar absuelto. Hay una inversión de la culpabilidad».

A eso suma un cambio en su forma de actuar. «Hay que ser más sensacionalista ante el jurado; sembrar dudas es importantísimo, mucho más que ante un tribunal; y hay que emplear un lenguaje mucho más llano para que no haya problemas de comprensión. Influye mucho más la retórica que ante un magistrado», valora.

Sus críticas van mucho más allá: cuestiones económicas -«ya estamos pagando unos sueldos a jueces profesionales»-; geográficas -«aquí todos nos conocemos y pueden existir influencias»; y puramente legales -«un caso ante jurado es mucho menos garantista para el acusado que ante un jurado profesional»-.

El escenario más complicado de todos es el que debe afrontar el abogado que asume el papel de defender al acusado. «Como acusación particular todo es más fácil. Le estás dando al jurado el 'chocolate'», dice Gullón.

Más aún cuando, como recuerda Gabriel Jiménez que fue su situación hace 20 años, la defensa es más jurídica que factual. «Recuerdo que tus compañeros en el periódico describían mi trabajo algo así como el esfuerzo de un profesional intentando convencer a personas legas en la materia qué derecho había que aplicarse». Zabala lo resume desde un punto de vista más emocional: «La víctima siempre da más pena y es más fácil empatizar con ella que con el acusado».

Los tres letrados -alguno de ellos hace extensible su punto de vista a buena parte de sus compañeros- optarían por suprimir la figura del jurado. Desde la Fiscalía, Enrique Stern, extiende a la conversación los principios de legalidad e imparcialidad que rigen al Ministerio Fiscal para apuntar que no le corresponde valorar la pertinencia de una figura que «está en la Constitución».

«No puedo plantear su necesidad o su conveniencia», dice al tiempo que lanza un capote al jurado popular: «En los casos en los que he tomado parte la sentencia no ha sido diferente de la que hubiera sido con un tribunal profesional». En todo caso, la estadística del CGPJ apunta que una de cada cinco sentencias del jurado popular son revocadas por el Tribunal Supremo.

Así, es Alfonso Santisteban el que asume la defensa del jurado reconociendo que «sin ser un apasionado» sí está de acuerdo con su regulación «pese a todos sus inconvenientes». «El primer día todos los jurados están temerosos y actúan con cautela, pero según pasan los días asumen muy bien su papel y al final todos están satisfechos y consideran que ha sido una labor muy interesante».

Zabala, que como el resto rechaza cualquier paralelismo entre los estereotipos cinematográficos y lo que sucede en la Audiencia Provincial de La Rioja, no ve demasiado alejado de la realidad (salvando todas las distancias) el argumento de 'El Jurado': «Siempre hay una o varias voces cantantes que pueden influir en la decisión final y decidir si es inocente o culpable».

Por cierto, en septiembre se elegirá la nueva remesa de candidatos al jurado. Con un golpe de suerte (o de mala suerte, según se interprete) podrá emular a Henry Fonda o al manipulador John Cusack... si antes los abogados no llegan a un acuerdo para dejar en sus manos el futuro de sus clientes.