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Más allá de todas las derivadas jurídicas que plantea la institución del Jurado Popular, hay una derivada puramente monetaria que, desde ese punto de vista, es netamente antieconómica: el gasto se dispara hasta límites insospechados. Quizá el mejor ejemplo es el del 'caso Vanesa' ... , la agente de Policía Nacional asesinada por su expareja, Borja Morillo, miembro jubilado del CNP.
Fue un juicio (y una deliberación) especialmente prolongado: ocho sesiones de juicio y siete más de incomunicación durante los que los once miembros del jurado (nueve titulares y dos suplentes) abordaron el objeto del veredicto, es decir, la inocencia o culpabilidad de Borja Morillo.
El total de aquella factura se disparó hasta los 20.000 euros. El desglose incluye la dieta legal diaria que percibió cada uno de los miembros del jurado -cifrada entonces (año 2012) en 67 euros- y que sumaron un total de 11.055 euros (algo más de 1.000 euros por cabeza).
20.000 euros, aproximadamente, costó el juicio con jurado popular contra el policía nacional Borja Morillo.
1.300 euros, hubiera sido el coste del mismo juicio celebrado por un tribunal profesional.
A ello hay que sumar cerca de 9.000 euros más que, informó en aquel momento el departamento de Justicia del Gobierno de La Rioja, tuvo que abonar en concepto de alojamiento por las seis noches que pernoctaron en un hotel de la capital y el gasto en desayunos, comidas y cenas para los 11 jurados durante los 15 días que se prolongó el proceso judicial.
Frente a esa cifra, el gasto estimado en que se hubiera incurrido si Borja Morillo habría sido juzgado por un tribunal profesional: 1.300 euros.
Ese argumento, el económico, es también puesto encima de la mesa por los letrados consultados por este periódico. «Quitaría el jurado popular porque supone un coste importante y se podría destinar todo ese dinero para mejorar mucho el sistema judicial. Además tenemos profesionales buenísimos a los que les pagamos un sueldo para realizar ese trabajo», sentencia Jon Zabala.
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