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La Rioja
Martes, 19 de octubre 2021
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, continúa con sus pesquisas sobre la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de COVID-19 en el hospital San Pedro de Logroño. Este martes, en la ... vertiente riojana del caso, se conoció que el juez amplía el número de testigos pertenecientes al Gobierno de La Rioja o al Seris a los que quiere escuchar. El gerente del Seris, Alberto Lafuente; la funcionaria que firmó el alta del saharaui; Eliseo Sastre, jefe de la Oficina de la Presidenta; y Fernando Martínez Soba, responsable de la Unidad de Cuidados Críticos del San Pedro, son los requeridos por el magistrado, según informó este martes Nuevecuatrouno haciéndose eco de un teletipo de la Agencia EFE. No se ha hecho pública la fecha en la que deberán comparecer en calidad de testigos y a petición de la acusación particular. El juez no ve necesaria la declaración de la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán.
Como informaba Diario LA RIOJA el 12 de agosto, el coordinador de Transplantes y Cuidados Críticos y el gerente del Seris ya prestaron declaración ante la Policía Nacional los días 20 y 21 de julio.
El magistrado Rafael Lasala está intentando reconstruir la llegada de Gali a través de distintas declaraciones. Este martes se conoció que dos jefas de gabinete seguirán la senda por la que ya ha transitado incluso la exministra Arancha González Laya. La jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, declarará el 29 de octubre, al igual que la que fuera jefa de gabinete de Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres.
Por otra parte, la Fiscalía se mostró este martes en contra de la petición de la Abogacía del Estado de apartar a las acusaciones del denominado 'caso Gali' en la investigación. Según Europa Press, el Ministerio Público ha impugnado el recurso presentado por los servicios jurídicos del Estado y ha pedido que se confirme el auto del juez por el que se aceptó la personación de las acusaciones. La Fiscalía ha desestimado los argumentos de la Abogacía y ha asegurado que la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, interpuso una querella «con todos los requisitos».
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