La Fiscalía se opone a la petición de la Abogacía de apartar a las acusaciones del 'caso Gali'

En un escrito de 5 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público ha impugnado el recurso presentado por los servicios jurídicos del Estado y ha pedido que se confirme el auto del juez por el que se aceptó la personación en la causa de las acusaciones.

La Fiscalía ha desestimado los argumentos de la Abogacía y ha asegurado de la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, interpuso querella «con todos requisitos necesarios, aunque le ha llamado denuncia». Asimismo, ha defendido que las dos acusaciones representadas por el letrado Juan Carlos Navarro también «deben ser tenidos por parte».

Sobre la petición de los servicios jurídicos del Estado de que se exigiese 150.000 euros a dichas acusaciones, el Ministerio Fiscal ha asegurado que no se opone a la decisión que adoptó el juez de no reclamarla.

La Fiscalía también se ha pronunciado sobre la solicitud de la Abogacía de investigar las presuntas filtraciones a la prensa llevadas a cabo por la acusación particular. Ha asegurado que «no procede».

En el marco de la investigación, la Abogacía del Estado ha presentado otro escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza. En este caso, para defender que el hecho de que el permiso de residencia del hijo del líder polisario Brahim Gali se expidiera cinco días después de su llegada a España «no contradice» la declaración de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y su jefe de gabinete, Camilo Villarejo.

En un informe aportado a la causa, la Policía informó al juez de que el hijo de Ghali cuenta ahora con un permiso de residencia que fue expedido el 23 de abril de 2021 y tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026. El líder polisario -y su hijo- llegaron a España el 18 de abril y salieron la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

En el escrito de 8 de octubre, al que también ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado han insistido en que tanto González Laya como Villarino «reconocieron con honestidad que no comprobaron 'ex ante' ni el pasaporte diplomático argelino ni el permiso de residencia», dado que «existía buena fe» en la relación con Argelia, que requería asistencia humanitaria para Gali.

González Laya dijo en su declaración en sede judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, que las autoridades argelinas le avisaron que Gali portaba un pasaporte diplomático argelino y su hijo permiso de residencia. Aseguró que «habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano» desde su Ministerio entendieron que la «entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso». «¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos», señaló.

La Abogacía ha insistido que el exjefe de gabinete de Exteriores requirió que se le remitiera la documentación «cuando con sorpresa y enfado» leyó en la prensa que Ghali ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con otra identidad. «Obviamente en ese momento le envían la tarjeta de residencia en vigor (según sabemos ahora, expedida el 23 de abril de 2021)», han precisado.

En este sentido, ha pedido al juez que requiera una ampliación del informe de la Brigada Regional de Información de la Policía para determinar «si la tarjeta de residencia se emite 'ex novo', ostentando derecho a residir en España a partir de ese momento, o si tal derecho se tenía con anterioridad y desde qué fecha». Asimismo, ha pedido se precise la fecha en la que se le reconoció al hijo de Ghali la condición de «apátrida» que consta el permiso de residencia.

En el marco del procedimiento, el magistrado Rafael Lasala ha librado oficio al Comisario de la Policía Nacional de Zaragoza para que se informe de la «identidad de los funcionarios de la Brigada de Exteriores y Frontera que estaban al frente del control del pasaporte en el Aeropuerto Civil de Zaragoza en la tarde del día 18 de abril de 2021».

Así consta en una providencia de 15 de octubre, a la que también ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a la petición de las acusaciones personadas en la causa.

Respecto a la interesada intervención del dispositivo en que el exjefe de gabinete de Exteriores recibiera los correos electrónicos relativos al caso que se dicen eliminados, el juez ha pedido que se aporte en dos días por su representación procesal «la identificación completa de tal dispositivo (marca, modelo, número identificador) debiendo indicar si voluntariamente lo pone a disposición de este Juzgado».