El juez investiga si había orden de detención europea contra Gali cuando entró a España

En una providencia de 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha pedido incluso que se le notifique si había orden de detención alguna o «cualquier tipo de alerta sobre la entrada en cualquier país de la zona Schengen» sobre «Brahum GaliMoustafa» o «Gali Sidi-Mohamed Abdelyelil», nombres que la Policía Nacional ha vinculado con el líder polisario.

La diligencia se suma a los informes que a lo largo de la investigación ha reclamado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y a la Jefatura Superior de Policía de Navarra.

El magistrado Lasala investiga las circunstancias relativas a la entrada y salida del líder polisario en España. En el marco de las diligencias, ya ha tomado declaración como imputado al exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino y ha acordado investigar también a la exministra del departamento Arancha González Laya.

Esta semana, las acusaciones ha pedido incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y su directora de gabinete, así como a la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

De momento, el juez --en la misma providencia adelantada por Vozpópuli-- llama a declarar el próximo 4 de octubre en calidad de testigo al ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino.

Los hechos denunciados se remontan al pasado 18 de abril, cuando Galillegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.