«Las rebajas de las penas las hizo quien legisla, no los jueces ni los magistrados»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, situó a La Rioja en el disparadero cuando puso de ejemplo a seguir esta comunidad porque, por entonces, los jueces no habían rebajado ninguna sentencia por la ley del 'solo sí es sí'. Las dos revisiones a la baja, incluida la del presunto asesino del pequeño Álex, Francisco Javier Almeida, por una agresión sexual anterior, vinieron después.

Aquel episodio envolvió en un torbellino mediático al presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca (Huércanos, 1961). Ahora que las aguas bajan algo más mansas y en un Palacio de Justicia a medio gas por la huelga indefinida de los letrados de la Administración, rechaza las críticas que desde algunas instituciones se han vertido de forma genérica contra todos los jueces. «Es un error y una injusticia», sentencia.

– ¿Cómo afecta la huelga de los antiguos secretarios judiciales?

– Es evidente que va a producir un retraso en la tramitación de todos los procesos porque la intervención de los letrados de la Administración de Justicia es esencial, desde la incoación de los procedimientos hasta celebración de juicios, vistas comparecencias, actos de conciliación y todo lo relativo a la ejecución de las sentencias y autos. En cualquier caso, tienen derecho a la huelga. Yo comprendo sus reivindicaciones salariales porque han tenido durante estos años un incremento notable de sus funciones y responsabilidades.

– Con la ley del 'solo el sí es sí' en La Rioja se han rebajado dos condenas. Una de ellas a Francisco Javier Almeida. ¿Entiende el malestar ciudadano?

– Entiendo que la ciudadanía esté molesta y a lo mejor un poco sorprendida porque esta ley tiene aspectos a mí entender novedosos, avanzados y positivos en materia de protección de la víctima, y eso no podemos desdeñarlo. Pero es una ley que ha tenido efectos no deseados por el legislador, que el legislador dice que no eran previsibles para él. Hay veces que uno quiere hacer una determinada norma, la hace y luego no da el resultado esperado porque la interpretación que se hace de la misma no es la que pretendía el legislador. Esos efectos no deseados son las rebajas de las penas, pero claro, las hizo quien legisla, no las han hecho los jueces y los magistrados. Si las penas se hubiesen mantenido tal como estaban, aunque se hubiesen cambiado las conductas, no se habría rebajado ninguna sentencia. Si el legislador considera que la ley ha tenido efectos indeseados para el propio legislador, lo que podría hacer es estudiar la conveniencia de modificar la ley. Es así, ellos han hecho la ley, tiene consecuencias no deseadas y la pueden cambiar para conductas futuras. Para las anteriores, eso sí, no va a producir ningún efecto el hecho de que se modifique la ley del 'solo sí es sí'. Esas conductas siempre van a tener el beneficio de la ley más favorable, pero al que vuelva a delinquir sí le afectaría. En La Rioja la Audiencia provincial ha revisado de oficio 55 condenas y solo ha rebajado la de Almeida. El Tribunal Superior de Justicia, cuya sala Civil y Penal presido, ha tenido en cuenta esa ley a los efectos de los recursos que se habían planteado, y de los dos se ha rebajado una sentencia. Tenemos, no obstante, el dato objetivo de que en ninguno de las dos casos se ha producido la excarcelación del condenado, pero lo habríamos hecho si se hubiera dado el supuesto. No nos puede temblar el pulso, estamos obligados a ello.

– ¿Es partidario de reformar la ley y de retomar las penas anteriores?

– Creo que más que retomar las penas anteriores, tal vez habría que hacer una labor jurídica más fina. Si se han unificado en una misma conductas que tienen diversa gravedad, podría ser en el sentido de establecer diversa punición a dichas conductas. Si tú cometes un robo o un hurto, una sustracción de un objeto ajeno sin violencia e intimidación es hurto y tiene una pena que es más pequeña que si lo cometes con violencia o intimidación, que es robo. Eso lo entiende cualquiera. Nosotros teníamos un delito de abuso, que era delito contra la libertad sexual sin violencia o intimidación, pero sin consentimiento, y teníamos otro que era agresión, pero con violencia e intimidación. A mí no me importa que se llame todo agresión sexual. Me parece correcto, pero si cometes algo sin consentimiento y sin violencia ni intimidación, pues le pones una pena más baja que si es con violencia e intimidación. En la actual ley ya se reconocen conductas agravadas. Es una cosa tan sencilla como esa.

– Desde su posición al frente de la Justicia riojana, ¿cómo sienta que se cuestione la labor de los jueces?

– Es un error porque todos los poderes públicos tienen la obligación de respeto institucional al resto de los poderes públicos. Los poderes legislativo y ejecutivo deben respetar al judicial y dejarle su ámbito de actuación. Tiene que haber un principio de separación y de respeto. Criticar conductas genéricas me parece un error y una injusticia. Criticar una conducta concreta, una sentencia concreta, me parece legítimo, puede ser acertado o no, pero estos conceptos de que los jueces están dictando resoluciones con un tinte machista no tiene ningún sentido. La carrera judicial está conformada por más mujeres que hombres y todas las juezas y magistradas, incluso las que pertenecen a asociaciones como Francisco de Vitoria y que se presume que son de ámbito más liberal, ¿también son machistas? Esto es un error por parte de quienes hacen estas críticas exacerbadas. Son injustas e injustificadas.

– Desbloqueada la situación del Tribunal Constitucional (TC), ahora de mayoría progresista, ¿ha recuperado su prestigio esta institución?

– El prestigio del Constitucional no depende de quién nombre a sus miembros ni de que los magistrados que lo componen sean de una tendencia más conservadora o más progresista. El prestigio depende de su actuación. Es decir, de cómo actúan y de la calidad de sus resoluciones. Si el TC adopta sus decisiones por amplias mayorías, en mi opinión, incrementaría su prestigio. Si se conforman dos bloques ante las principales resoluciones de los asuntos más importantes y siempre se resuelven por la configuración de esos mismos bloques el prestigio estará cuestionado. Cuando uno conforma un tribunal ordinario las cuestiones ideológicas tienen un impacto mínimo, por no decir que nulo. Se adoptan por criterios técnicos y jurídicos. Hay que evitar la idea de que el sistema de mayorías parlamentarias se tiene que trasladar al TC. Hay que partir de la idea de que no es un órgano jurisdiccional, ya que de tribunal solo tiene el nombre. Es un órgano de control constitucional que en España se llama TC, pero no es un tribunal. Ese órgano tendría que regirse por criterios propios y no por criterios ideológicos, pero es cierto que muchas de las cuestiones que se le plantean tienen un profundo componente ideológico, como por ejemplo la Ley del Aborto. Hay que posicionarse y uno tiene un sentimiento previo personal a la discusión. Pero yo creo que la auténtica obligación del TC es llegar a sus decisiones por amplias mayorías, si no puede ser por unanimidad. Eso es lo que dotará el Constitucional de un prestigio en el futuro.

– A mediados de mes el juez Llarena retiró el delito de sedición a Puigdemont al aplicar la supresión de este tipo delictivo introducida por el Gobierno en el Código Penal. ¿Cómo valora su supresión?

– Es el legislador el que decide qué conductas son delitos y cuáles no. Además, hay conductas que van cambiando con el tiempo y a veces son delictivas y otras no. Estamos en una época de progresiva expansión del derecho penal, de tal manera, que cada vez hay más conductas cuya represión se establece en el ámbito penal. El legislador es soberano para decidir qué es delito y qué no lo es, pero también debe tener en cuenta que el estado social y democrático de derecho tiene que tener instrumentos suficientes para su autoprotección. Si eliminas los instrumentos que tiene para protegerse estás poniendo en riesgo ese estado de derecho frente a conductas futuras.

– ¿Y la reforma de la malversación?

– Creo que el cambio en el delito de malversación es una cuestión muy técnica, en resumidas cuentas si es más reprobable o no el hecho de que alguien malverse caudales públicos para sí o para un tercero. El ánimo de lucro en todos los delitos contra la propiedad siempre se ha entendido que puede ser para uno mismo o un tercero, y nunca ha habido discriminación ninguna. Es decir, hasta ahora el tipo delictivo no ha discriminado que yo robe o hurte en una farmacia a punta de pistola, ya sea para gastármelo yo o para dárselo a mis hijos o para donarlo a una iglesia. El legislador ha hecho una discriminación y ha considerado que es más grave si es para enriquecerse uno mismo. El problema es la interpretación del artículo porque cuando uno lo escribe lo hace con una finalidad, pero cuando está hecho el asunto se escapa de las manos del legislador, tiene vida propia y ¿quién va a decidir cómo se interpreta este artículo? Será la sala segunda del Tribunal Supremo, porque dos cuerpos, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, están teniendo una interpretación muy diferente.

– ¿Habrá nueva sede de los juzgados en Calahorra?

– La cuestión de si se opta por reformar los antiguos o hacer un nuevo edificio compete a la Consejería de Servicios Sociales, en función de los presupuestos que tenga. Precisamente están pendientes de estudiar los informes técnicos, pero parecen decantarse por la reforma de los juzgados antiguos porque el importe es más asumible y porque se podría hacer con cierta inmediatez. Además, la duración de las obras sería de tres meses.

– La Fiscalía General del Estado pidió colocar pulseras telemáticas a los acusados de maltrato que no ingresen en prisión. ¿Es partidario?

– Que La Fiscalía General del Estado dicte órdenes me parece correcto, pero el que adopta la orden de si a alguien se le pone una pulsera de control telemático es el juez, no el fiscal, porque se trata de una medida cautelar. Lo veo posible, pero en cualquier caso se tiene que regir por tres principios que el Tribunal Constitucional exige para la adopción de cualquier medida cautelar: necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Si se cumplen, el juez lo pondrá en un auto y se podrá poner siempre que haya disponibilidad real. En cualquier caso, no hay medidas milagro; si alguien un día enloquece o por maldad infinita decide matar a otra persona es muy difícil que no lo haga.

– Hace una semana y media estuvo en Logroño el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, presentando el proyecto Justicia 2030. La inversión en La Rioja son 4,7 millones de euros. ¿En qué se beneficiará esta comunidad?

– A mí los proyectos me parecen muy interesantes, pero en 2030 ¿dónde estaremos? Estos proyectos a largo plazo son buenos, porque dan una idea de hacia dónde vamos, pero no es algo de implementación inmediata. Parece que la actuación más delimitada en el tiempo y más estudiada sería la digitalización de los registros civiles de todos los pueblos. Tenemos 174 municipios de los cuales tienen juzgado de paz 171, los otros tienen juzgados de primera instancia e instrucción. En estos 171 el proyecto es digitalizar todos los libros del registro civil de tal manera que puedan obtenerse certificaciones en formato digital. Luego hay muchas cosas más.

– Se ha desbloqueado el TC pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue bloqueado...

– Así es, pero no por culpa del Consejo. Es el Parlamento español quien está incumpliendo manifiestamente las normas legales que establecen la renovación del Consejo, no los partidos políticos, no el PP ni el PSOE. A este problema se une uno más de legitimación que de funcionamiento muy importante y es que el gobierno de la nación ha decidido modificar la ley orgánica que regula el funcionamiento del CGPJ para impedirle hacer nombramientos discrecionales en su época de interinidad. Esto no se había hecho nunca. En La Rioja, los tres presidentes de sala estamos en funciones, pero además hemos perdido dos magistrados, ya que de 39 tenemos ahora dos menos. La solución es que el Parlamento de España nombre un nuevo CGPJ y/o que el Gobierno deje sin efecto esa prohibición de nombramientos. Ya la hizo para los miembros del Tribunal Constitucional, pero, sin embargo, la mantuvo para el resto de los órganos jurisdiccionales.

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