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En agosto del año 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, antaño azote de ETA como juez, primero en el País Vasco y después desde la Audiencia Nacional, confirmaba lo que unos meses antes, en junio, ya había adelantado el presidente del ... Gobierno central, Pedro Sánchez: el Ejecutivo tenía el propósito de abordar «de otra manera» la política penitenciaria con los presos de la banda terrorista ETA. Marlaska concretó aquel primer anuncio explicando que habría acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, pero siempre tras un «estudio individualizado», de acuerdo a la ley penitenciaria y previa información a sus víctimas.
Desde entonces, Interior, a través de Instituciones Penitenciarias y en virtud de esta nueva política, ha completado el acercamiento de un total de 27 presos de la banda terrorista (a ellos hay que sumar tres más por cuestiones organizativas y uno acordado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy). En ese proceso, el centro penitenciario de Logroño (junto al de Asturias) ha tenido un papel esencial en los planes del Ejecutivo central toda vez que cinco de los 27 acercamientos han tenido como destino la cárcel riojana (los mismos que el centro asturiano de Villabona).
J.A. Altonaga, 'Medius'. Fue condenado por colocar una bomba en la central nuclear de Lemóniz, donde trabajaba como electricista.
Santacristina 'Txelis' Ideólogo y uno de los líderes de ETA hasta su detención en Bidart en 1992. Expulsado de la banda en 1998.
Soares Gamboa Considerado uno de los mayores arrepentidos de ETA. Condenado a más de 1.500 años de cárcel. Asesinó a 29 personas.
J. Morales 'Pistolas'. Morales 'Pistolas'. Formó parte de un 'talde' dedicado a labores logística. Es uno de los miembros de ETA más experimentados.
Alicia Sáenz Nacida en la localidad riojana de San Vicente, era la jefa del comando Galicia que preparaba el atentado contra Fraga.
Pedro José Pikabea Se integró en ETA en 1980. Se le acusó de participar en más de 20 asesinatos.
Martínez de la Fuente Condenado a 241 años por varios atentados del comando Nafarroa.
Arnaldo Otegi Cumplió seis años y medio por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Por orden de llegada, la primera fue Marta Igarriz (septiembre del 2018), procedente de Castellón, a la que siguieron Jagoba Codo (octubre del 2018 y también desde Castellón) y Sabin Mendizábal (diciembre del 2018, procedente de Valladolid). A ellos hay que sumar los dos realizados durante el 2019: el de Javier Aguirre (que llegó a La Rioja desde Toledo en febrero de este año) y el de Oier Urrutia, quien fue trasladado desde el Centro Penitenciario A Lama (Pontevedra) en marzo.
Todos tienen varios elementos en común: ninguno de ellos tiene condenas por delitos de sangre, han cumplido (o están a punto de hacerlo) tres cuartas partes de su condena, han aceptado la legislación penitenciaria (algo inviable hace menos de dos años y prohibido expresamente por las directrices del colectivo de presos de la banda, el EPPK) y están clasificados como reclusos de segundo grado. Además han rechazado la violencia y han reconocido el daño causado.
Así, después de que el pasado mes de septiembre uno de ellos, Sabin Mendizábal, liquidara la condena que tenía pendiente -cuatro años y medio por atacar con explosivos la sede del PP en Ermua- y abandonara la cárcel de Logroño, el centro penitenciario acoge en la actualidad a los cuatro que se han beneficiado de la política de acercamiento y a Santiago Aragón Iroz, el único con delitos de sangre: condenado en el 2003 a 43 años por delitos de pertenencia a banda terrorista, depósito de armas, tenencia de explosivos y falsificación de documentos y en el 2004 a otros 36 por el asesinato, el 14 de julio del 2001 en Learburu (Guipúzcoa), de Mikel Uribe, jefe de la inspección general de Guipúzcoa de la Ertzaintza.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, recuerda que el ministro les explicó que «no serían acercamientos generalizados» y que «rondarían la veintena. Ahora llevamos 27 pero es verdad que si en un primer momento hubo bastantes de manera consecutiva, ahora se han paralizado los movimientos».
En la actualidad, 221 presos de ETA cumplen condena o están en situación preventiva en las cárceles españolas, de los que 120 han reclamado a Interior que les clasifique como internos de segundo grado (la mayor parte de ellos están en primer grado, el más duro). Esa petición, en los acercamientos completados hasta ahora, se ha interpretado como una asunción del sistema penitenciario, elemento indispensable para el cambio de prisión. La AVT estima que en los próximos cinco años saldrán de prisión 83 condenados por el terrorismo etarra.
El 14 de julio del 2001, Santiago Aragón Iroz disparó varias ráfagas con un subfusil contra el todoterreno que conducía Mikel María Uribe (jefe de inspección de Guipúzcoa de la Ertzaintza), cuando llegaba a Leaburu, a escasos kilómetros de Tolosa, para cenar con su cuadrilla en la sociedad gastronómica Zazpi Bide. Es el único preso de la banda terrorista ETA del centro de Logroño con delitos de sangre. Aragón se había integrado apenas un mes antes al 'comando Buruntza' (junto a Ibón Echezarreta, Luis María Carrasco y Patxi Xabier Makazaga), grupo al que también se le imputan otros seis crímenes, entre ellos el del ex gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, o el del director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga. Aragón fue condenado a 36 años por el crimen de Uribe y a 43 por integración en banda terrorista, entre otros delitos.
Jagoba Codo cumple condena desde el 30 de abril del 2001 condenado a 22 años y dos días por pertenencia a banda armada -formaba parte del comando Nafarroa- y depósito de armas. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en mayo del 2015 y en marzo del 2017 el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis de Castro le concedió el segundo grado penitenciario tras renunciar a la «lucha armada» en un escrito. Tras la desarticulación del comando Nafarroa (1994), Codo huyó a México. Fue detenido en Monterrey en el 2001 por la policía mexicana por estancia irregular y fue extraditado días después a España. Sin delitos de sangre, estaba recluido en Castellón y la AVT criticó su 'arrepentimiento' que, defienden, se limitó a la firma de «una carta tipo».
Marta Igarriz fue condenada en el año 2007 por la Audiencia Nacional a 15 años y medio de cárcel por haber alojado en un piso a Iker Olabarrieta (condenado por el atentado contra Eduardo Madina) y a otros dos miembros del llamado 'comando Amaiur'. Fue en marzo del 2004 y la propia Igarriz fue quien les ayudó a huir a Francia. Los etarras le entregaron dos mochilas grandes, un baúl y otra mochila de menor tamaño que la acusada trasladó a un garaje propiedad de su familia en Hernani. En el registro policial tras su detención los agentes hallaron un subfusil, 39 cartuchos de explosivos, detonadores, tres temporizadores, cordón detonante, tres tubos preparados y diez pilas precintadas. La ahora inquilina de la prisión logroñesa negó en el juicio haber colaborado con el comando y aseguró que pensaba que en los bultos que le entregaron había «chorizos y puros».
Javier Aguirre Ibáñez se fogueó en la 'kale borroka' en Vitoria hasta que fue detenido por la Ertzaintza acusado de haber tomado parte en el 2006 en el ataque a una oficina bancaria y a un autobús. Fue puesto en libertad provisional bajo fianza, situación que aprovechó meses después para, en el 2007, huir antes de ser juzgado. Pese a que se le ubicaba en Francia, apareció en Bruselas compartiendo piso con Ventura Tomé Quiroga, condenado a casi 40 años por la colocación de artefactos en Ejea de los Caballeros, Sangüesa y contra una patrulla de la Guardia Civil en Navarra. Aguirre vivió en Bélgica «gracias al amparo de la banda terrorista». Tras ser extraditado fue condenado a seis años y seis meses por falsificación de documento público y colaboración con banda armada. Ingresó en prisión el 19 de enero del 2016.
Una noche, en el bar que regentaba en Vitoria, Oier Urrutia (miembro de Segi, la organización ilegalizada por ser la cantera de ETA) pintó el esquema de un artefacto explosivo. Estaba de «borrachera» y fue para «hacer el tonto» dijo ante la Audiencia Nacional pese a sus precisas anotaciones: «20% de queroseno sólido, 45% de pólvora, 30% de metralla y temporizador con pilas eléctricas». Fue condenado por pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos a una pena de prisión de 14 años. Entró en la cárcel el 5 de abril del 2009 y el pasado septiembre, medio año después de llegar a Logroño, cumplió las tres cuartas partes de su condena. El traslado, explicaron desde Interior, se debió a que admitió la legalidad penitenciaria vigente al recurrir su clasificación.
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