Implantar el permiso de paternidad de 16 semanas costaría 6 millones en La Rioja

Desde julio de este año, los trabajadores del sector privado pueden disfrutar de una licencia de cinco semanas por el nacimiento o adopción de un hijo, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o por acogimiento familiar temporal o permanente. Es decir, este subsidio se reconoce no sólo los padres naturales, si no también a aquellos que, mediante un proceso de adopción, reconocimiento o acogida se hayan convertido en padres. El permiso está remunerado al 100% por la Seguridad Social (el contrato laboral se suspende), es intransferible y no obligatorio. La última semana, previo acuerdo con la empresa, se puede disfrutar de forma independiente dentro de los 9 meses en los que se generó el derecho.

El año pasado (cuando la autorización abarcaba cuatro semanas) 1.854 riojanos hicieron uso de su baja de paternidad. Se trató de la primera subida que registraba la cifra de beneficiarios desde el 2014, que tocó suelo en el 2016 con 1.756 favorecidos. Entre enero y septiembre (últimos datos de la Seguridad Social), La Rioja llevaba contabilizados 1.306 permisos de paternidad., el 3,6% menos que en el mismo periodo del 2017.

Estas licencias son compatibles e independientes del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad: las seis primeras semanas son obligatorias para la mujer y las diez siguientes, voluntarias y transferibles al padre. Según la estadística oficial, sólo 34 varones hicieron uso de esta prerrogativa el año pasado, una cifra que se queda a años luz de la correspondiente a las madres (1.725). Por lo que respecta a este año, hasta septiembre se habían acogido 29 varones (el 7,4% más que los que lo hicieron en los nueve primeros meses del 2017) frente a 1.176 madres (el, 6,7% menos que un año antes)

El coste anual para la Seguridad Social de estas medidas asciende en La Rioja a 12,55 millones de euros. Si el próximo año se implantaran las ocho semanas para los padres, las arcas públicas tendrían que soportar un gasto adicional de 1,7 millones de euros, lo que elevaría la factura del 2019 por encima de los 14,2 millones de euros. En el 2020, con la entrada en vigor de los permisos de paternidad de doce semanas, el sobrecoste sería de 4 millones, y en el 2021, con la plena equiparación en las 16 semanas, superaría los 6,2 millones. En definitiva, si la propuesta presupuestaria pactada por el Gobierno de España y Podemos consiguiese salir adelante, dentro de tres años el desembolso económico para hacer frente a los permisos igualados de ambos progenitores alcanzaría los 18,8 millones en La Rioja.

Se trataría de la tercera ampliación de este beneficio en tres años. La primera tuvo lugar cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó que la ampliación del permiso de paternidad de quince días (trece días más dos por el Estatuto de los Trabajadores) hasta el mes de duración entrase en vigor en el 2009. La crisis económica trastocó todos los planes y la medida no fue efectiva hasta el 2017, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno. Tras un acuerdo con Ciudadanos llegó la segunda ampliación, la vigente en estos momentos, que aumenta en una semana más, hasta las cinco, el permiso de paternidad. La iniciativa tenía que haberse puesto en marcha el 1 de enero de este año, aunque quedó congelada hasta que se aprobaron los Presupuestos y no entró en vigor hasta el 5 de julio.

Para tener acceso al permiso de paternidad hay que estar afiliado y en alta en algún régimen de la Seguridad Social y, con carácter general, el progenitor tiene que tener cubierto un período mínimo de cotización de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso o 360 días a lo largo de toda su vida laboral. En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial para acreditar el período mínimo de cotización exigido, se aplica un coeficiente global de parcialidad sobre los últimos 7 años o, en su caso, sobre toda la vida laboral. Y en los casos de pluriactividad (varios empleos), puede percibirse el subsidio en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social en el que se reúnen los requisitos exigidos.