Los problemas de la huelga de Justicia: «Hay gente que lleva meses esperando divorciarse, incluso divorcios de mutuo acuerdo»

Los dos colegios profesionales, en un contundente comunicado, arremeten contra los efectos de la sucesión de huelgas que impactan directamente en los bolsillos de letrados y procuradores y ponen sobre la cuerda floja la viabilidad de varios despachos de la región. Quien así lo explica es el decano de los abogados riojanos, Federico Bravo, para quien no sólo hay que poner la vista exclusivamente en las últimas protestas, sino que hay que ampliar el foco a la situación por la que atraviesa la justicia desde hace mucho tiempo.

Primero fue el covid, luego las huelgas y la sucesión de ambas «han llevado la situación hasta un extremo prácticamente insostenible», apunta. Si bien es cierto que los paros, que arrancaron en enero con los letrados de la administración de justicia, los bautizados como LAJ, han impedido el normal funcionamiento de los juzgados, Bravo precisa que lo que se entiende por normalidad «era una situación ya de por sí mala y que sería absolutamente extraordinaria y caótica en cualquier otro ámbito». Ahora, con las huelgas, «es una situación gravísima de colapso». Basta recordar que sólo los paros de los antiguos secretarios judiciales provocó, además de la paralización de cerca de 8.000 procedimientos que quedaron pendientes de incoar, la suspensión de más de 1.800 juicios, sólo en La Rioja.

En opinión del colectivo de abogados, los funcionarios públicos de diversos cuerpos y escalas convocantes de las huelgas «lejos de ponderar y valorar estas medidas en función del logro de sus reivindicaciones, parecen medir el éxito de las mismas en función del número de actuaciones judiciales que son capaces de suspender, con un desprecio absoluto por la afectación al propio derecho de tutela judicial efectiva de los ciudadanos, y al derecho del resto de profesionales de la justicia».

Aun así, el máximo representante de los abogados riojanos reitera el respeto al derecho a la huelga pero «queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a determinadas formas de ejercer el derecho de huelga, que en todo caso debe ser compatible con otros derechos esenciales en juego». A su entender, no es de recibo que el ejercicio de un derecho fundamental como pueda ser el derecho de huelga afecte de forma radical, hasta el punto de anular otros derechos esenciales de otros ciudadanos, como pueda ser el de la tutela judicial efectiva.

Consideran «indigno» el peregrinaje diario de estos profesionales por los edificios de los juzgados sin saber si el juicio o el señalamiento judicial en cuestión se va a celebrar.

En cualquier caso, esto no es más que la que califica de «punta del iceberg» para un colectivo que arrastraba una «situación mala» con reivindicaciones de todo tipo desde hace años, aunque muchas de ellas relacionadas con el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.

«A todo el mundo por el hecho de reivindicar mediante huelga o anunciar que va a la huelga se les atiende y a nosotros, que tenemos reivindicaciones históricas, sin llegar a la huelga, no se nos hace caso», denuncia Bravo.

El turno de oficio de oficio es una de esos, a su parecer, talones de Aquiles, pero ¿qué ocurre? Los baremos que se siguen para abonar el servicio a los letrados que lo prestan «están obsoletos, no se actualizan y no se pagan todas las actuaciones con una carga burocrática importante para los abogados». Y si a eso se añade la huelga, según Bravo, el resultado es que la mayor parte de los despachos pequeños no puedan desarrollar su actividad y se están empezando a plantear de forma abierta el cierre. «No hay manera humana de sostener este tema, tengo todos los gastos y no tengo ningún ingreso, estoy soportando un derecho de huelga que hace otro, pero aparentemente a nosotros no se nos reconoce ningún otro derecho ni a los ciudadanos el de la tutela judicial efectiva».

Desde que la Comunidad Autónoma asumió las competencias en materia de justicia, se mejoraron con respecto a los del territorio común –donde reciben el pago directamente del Ministerio–, los baremos que fijan cada una de las cantidades que se abonan por los distintos servicios, posteriormente se lograron otras dos actualizaciones puntuales y a día de hoy, comparada con otras comunidades limítrofes «estamos muy por debajo» y, de confirmarse la subida del 40% anunciada para territorio común por parte de la ministra Pilar Llop «los de La Rioja quedarían totalmente obsoletos».

La entidad colegial cuenta en la actualidad con unos 1.200 asociados, la mitad de ellos están en ejercicio y buena parte de estos están adscritos al turno de oficio.